La política en República Dominicana está sumida en una trama de denuncias, escándalos y acusaciones de corrupción que parecen acumularse sin cesar. Recientemente, el Partido Generación de Servidores (GenS), encabezado por Carlos Peña, presentó una formal querella ante la Procuraduría General de la República contra dos figuras clave del gobierno de Luis Abinader: Carlos Bonilla, Ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, y Bartolomé Pujals, Director de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC).
La querella acusa a ambos funcionarios de formar parte de una “Asociación de Malhechores” en la que, según la denuncia, facilitaron de manera fraudulenta un contrato por aproximadamente 300 millones de pesos. La figura central de esta red sería Jacinto B. Howley Dumit Serulle, quien obtuvo el contrato de alquiler con el Estado dominicano a través de maniobras corruptas.
El Escándalo: Los Detalles de la Trama
Carlos Peña, expuso en rueda de prensa los detalles de esta presunta trama de corrupción, afirmando que las pruebas presentadas ante la Procuraduría General de la República son claras y contundentes. Según Peña, Bonilla usó su posición como Ministro para obtener un contrato de alquiler con el Estado, con la intención de beneficiarse directamente de la operación a través de su empresa CBS Developments, SRL, la cual estaría involucrada en el Fideicomiso Inmobiliario y de Garantía para el Proyecto Velero At Punta Cana. Este proyecto, como se señala en el expediente, es propietario del inmueble relacionado con el contrato en cuestión.
El líder de GenS fue aún más lejos al acusar a Bartolomé Pujals, Director de la OGTIC, de poner la oficina gubernamental al servicio de esta estructura de corrupción, permitiendo que el contrato de alquiler se concretara. “La OGTIC fue colocada por su Director Bartolomé Pujals, al pleno servicio de la estructura de corrupción”, destacó Peña en su intervención.
Las pruebas presentadas incluyen documentos que revelan la existencia de un contrato entre la OGTIC y Jacinto B. Howley Dumit Serulle, así como movimientos de dinero que, según Peña, apuntan a la creación de una red de malhechores con el único objetivo de enriquecer a unos pocos a costa del Estado dominicano.
La Solicitud de GenS: Prisión Preventiva y Penalidades Máximas
GenS, respaldado por las pruebas que consideran irrefutables, ha solicitado a la Procuraduría General de la República que se imponga prisión preventiva a los imputados, así como la pena máxima por los delitos de Asociación de Malhechores, Coalición de Funcionarios, Prevaricación y Fraude contra el Estado, entre otros crímenes que se detallan en el expediente presentado. Para Carlos Peña, esta no es solo una cuestión ética, sino también de justicia. «Estos funcionarios deben ser separados de inmediato de sus puestos, y procesados conforme a la ley. El Estado no puede seguir siendo saqueado de esta manera», afirmó.
La Dura Realidad: ¿Qué Probabilidades Hay de Que Sucedan Consecuencias?
A pesar de la seriedad de las acusaciones y la base legal, moral y ética de la denuncia, en Hackeandoelsistema.net creemos que el desenlace de este caso no será el esperado. El presidente Luis Abinader se encuentra en el centro de un gobierno cuyo liderazgo se encuentra vinculado directamente a las figuras acusadas, lo que genera dudas sobre la posibilidad de que se tomen medidas reales en contra de Bonilla y Pujals.
Es un escenario que no es nuevo en la política dominicana. La corrupción ha sido una constante que atraviesa los gobiernos, independientemente de su afiliación política. Las denuncias se acumulan, las pruebas se presentan, pero las consecuencias rara vez llegan con la misma rapidez y contundencia.
El poder que ostentan Bonilla y Pujals, en su rol dentro del gabinete, y la cercanía con Abinader, podría llevar a que esta denuncia se quede en una simple formalidad. Es más que probable que las investigaciones se dilaten y que los responsables no enfrenten las consecuencias que la ley establece. En el mejor de los casos, podrían ser apartados temporalmente de sus cargos, solo para regresar más tarde en nuevas posiciones dentro del gobierno o del sector privado, donde sus lazos de poder siguen intactos.
La Desilusión Generalizada: ¿Por Qué Nada Cambia?
Lo más desgastante de este tipo de denuncias es la sensación de impotencia que prevalece entre la ciudadanía. El pueblo dominicano ha sido testigo de innumerables escándalos de corrupción en el pasado, con pocos casos en los que se haya logrado una sanción real. Las estructuras de poder son fuertes, y las conexiones entre los actores políticos y empresariales crean una muralla difícil de atravesar para aquellos que intentan hacer justicia.
Mientras tanto, los ciudadanos siguen viendo cómo los recursos del Estado, que deberían ser destinados al bienestar común, se desvían hacia las manos de unos pocos que abusan de su poder para enriquecerse. La incapacidad de las instituciones para llevar a cabo investigaciones transparentes y las presiones políticas que prevalecen en muchos casos, mantienen el ciclo de corrupción intacto.
Un País Atado al Poder de los Inmunes
La denuncia contra Carlos Bonilla y Bartolomé Pujals es una de las tantas que ha surgido en un contexto político en el que la corrupción parece ser la norma y no la excepción. Aunque la querella presentada por GenS tiene los elementos suficientes para que los acusados enfrenten procesos judiciales, la realidad política actual sugiere que este caso podría seguir el mismo camino que muchos otros: la impunidad.
La estructura de poder sigue operando a sus anchas, y parece que el pueblo dominicano se queda, una vez más, con la esperanza rota.
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