Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se negaron a admitir los cargos premiados enviados por Brasil para probar el caso de corrupción en el juicio por soborno de Odebrecht, complicando aún más el camino de la fiscalía para probar su teoría.

Los magistrados argumentaron que el Ministerio Público no cumplió con las formalidades establecidas por las leyes y la Constitución para que estas denuncias pudieran ser incluidas en el debate.
Mencionaron que si bien la Fiscalía contó con el permiso del juez de instrucción para interrogar a los informantes, no lo hizo ni los ofreció como testigos en el proceso en el momento oportuno (investigación).

Los abogados de los acusados ​​expresaron su opinión y consideraron que la fiscalía debería retirar la acusación, ya que no se podían admitir pruebas esenciales para el proceso.

Esta decisión será apelada por miembros de la Fiscalía Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quienes no quieren perder esta prueba fundamental de este proceso judicial, según la fiscal Mirna Ortizón.

En ocasiones anteriores, representantes de Pepca han apreciado la importancia de las denuncias otorgadas, diciendo que: “En este punto del proceso, la prueba más importante son las denuncias; estas denuncias son las que contienen las versiones de los colaboradores en Brasil ”.

Mediante su decisión, el tribunal integrado por los jueces Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, aceptó las objeciones planteadas por los abogados de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautgueista y Juan Roberto Rodríguez. Las defensas de estos imputados exigieron que las acusaciones no ingresen al debate por considerarlas como prueba viciada, obtenida ilegalmente, y también dijeron que pasó el paso de incluir a informantes como testigos en el juicio.

La decisión del tribunal se produce después de tres largas semanas de escuchar los argumentos de la fiscalía y los abogados de los acusados.

El titular de la Fiscalía Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, exigió que las acusaciones sean admitidas como prueba en el juicio, además de que los informantes autentiquen estos documentos.

La administración tributaria solicitó la incorporación mediante lectura de la prueba del empleado número 1 de Odebrecht, correspondiente a las declaraciones del gerente de esta empresa Marcelo Odebrecht. Además de declaraciones del colaborador número 27, Ernesto Saviera; el 36, Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva; el 48, Luiz Eduardo Da Rocha Soares; 50, Luis Antonio Mameri, y 54, Marco Antonio Vasconcelos Cruz.