¿Donde están los Periodistas, Comunicadores y Activistas que ayer se movilizaban en la Marcha Verde y hoy callan por el caso SeNaSa?
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La indignación social por el escándalo de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) crece. La ciudadanía habla de protestas, de marchas y de presión social. Sin embargo, hay un contraste imposible de ignorar: quienes en el pasado lideraron, amplificaron o legitimaron la movilización social hoy guardan silencio.
Cuando los gobiernos eran otros, una parte influyente del periodismo, la comunicación política y el activismo cívico impulsó narrativas que desembocaron en Marcha Verde, un movimiento que logró sacar a miles de personas a las calles bajo la consigna de lucha contra la corrupción y la impunidad.
Hoy, ante un fraude de SeNaSa documentado por el Ministerio Público que supera los RD$15,900 millones y afecta al corazón del sistema de salud, no hay marchas, no hay llamados sostenidos, no hay presión organizada desde esos mismos actores.
El doble estándar que la gente percibe
La percepción ciudadana es clara: el problema no es la corrupción, es quién gobierna cuando ocurre.
Muchos de los rostros que ayer denunciaban con firmeza hoy:
- relativizan,
- minimizan,
- guardan silencio,
- o simplemente han desaparecido del debate público.
Entre los nombres que el debate ciudadano menciona con insistencia se encuentran:
- Huchi Lora
- Marino Zapete
- Altagracia Salazar
- Juan Bolívar
- Maríasela Álvarez
- Milagros Germán
- Bartolomé Pujals
- Carlos Pimentel
- Manuel Robles
- Angely Moreno
- Carlos de la Mota
- Natalia Mármol
- Johnatan Liriano
- Claudio Caamaño
No se trata de acusarlos de delitos ni de exigirles una postura única. Se trata de preguntar por qué el mismo nivel de indignación pública, presión narrativa y movilización social ya no existe.
De fiscalizadores a parte del sistema
Algunos de estos actores hoy:
- ocupan cargos públicos,
- forman parte del aparato gubernamental,
- o dependen directa o indirectamente del ecosistema estatal.
Otros, sin funciones formales, han perdido la energía crítica que los caracterizaba, como si la corrupción fuera menos grave cuando ocurre bajo un gobierno “amigo” o “afín”.
Esto ha generado una sensación de traición cívica:
la lucha no era contra la corrupción, sino contra gobiernos específicos.
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Marcha Verde: ¿causa ciudadana o coyuntura política?
El caso SeNaSa pone en entredicho el relato histórico de Marcha Verde como movimiento puramente ciudadano. La pregunta que hoy muchos se hacen es incómoda, pero legítima:
¿Marcha Verde fue una lucha contra la corrupción o una herramienta política contextual?
Si el desfalco de casi RD$16 mil millones en el sistema de salud pública no amerita movilización, entonces el listón ético quedó reducido a conveniencia política.
El costo de la incoherencia
El silencio no es neutro. Tiene consecuencias:
- Debilita la credibilidad del periodismo crítico.
- Desmoviliza a la ciudadanía.
- Normaliza la corrupción cuando “los nuestros” gobiernan.
- Refuerza la idea de que la ética pública es selectiva.
Cuando los referentes morales callan, la gente deja de creer en todos.
La indignación no necesita permiso
La ciudadanía está aprendiendo una lección dura:
no puede delegar su indignación en figuras mediáticas.
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Si quienes antes lideraban hoy no quieren o no pueden hacerlo, la protesta social tendrá que surgir sin padrinos, sin voceros oficiales y sin narrativas prestadas.
Porque la corrupción en SeNaSa:
- no es menor,
- no es opinable,
- no es un invento opositor,
- y no es menos grave porque ocurra bajo un gobierno que prometió cambio.
El caso SeNaSa no solo desnuda una estructura de corrupción estatal.
También expone la quiebra moral de un sector del periodismo y el activismo que perdió la capacidad —o la voluntad— de incomodar al poder.
Ayer marchaban.
Hoy callan.
Y ese silencio también es parte del problema.
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Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.
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