La reciente incineración de 9,800 kilogramos de droga en República Dominicana, mayoritariamente cocaína, ha abierto un mar de interrogantes que el gobierno evita responder. Lo que debía ser un acto de transparencia en la lucha contra el narcotráfico, ha generado sospechas, cuestionamientos legales y dudas sobre la eficiencia de las instituciones. La velocidad con la que se destruyó la droga, la falta de supervisión y el silencio presidencial tras cancelar la rueda de prensa «La Semanal» solo añaden combustible al fuego.
¿Por qué se quemó tan rápido?
Uno de los principales cuestionamientos es la rapidez con la que se procedió a la incineración de los 9,800 kilogramos de sustancias narcóticas. La Procuraduría General de la República (PGR) anunció la quema sin que mediara una explicación clara sobre si el proceso cumplió con los protocolos legales.
- ¿Dónde están las pruebas judiciales? En cualquier país con un sistema judicial mínimamente riguroso, la destrucción de evidencias debe esperar a que los casos estén debidamente cerrados. ¿Cómo es posible que toneladas de droga fueran quemadas con tanta celeridad?
- ¿Y las auditorías externas? La destrucción de estas cantidades de narcóticos debe contar con la verificación de jueces, auditores y organismos independientes. El gobierno no ha presentado ninguna prueba que certifique que todo se hizo conforme a la ley.
La velocidad del proceso huele más a encubrimiento y desesperación que a transparencia. La prisa en incinerar las drogas levanta una duda inevitable: ¿se está eliminando evidencia clave para proteger a alguien?
Los escáneres: Tecnología millonaria, cero resultados
Otro tema que el gobierno de ;a República Dominicana sigue evitando es el fracaso de los escáneres en puertos y aeropuertos. A pesar de inversiones millonarias, toneladas de drogas circulan sin ser detectadas, lo que plantea preguntas serias:
- ¿Funcionan los escáneres o están apagados a propósito?
- Si se supone que la tecnología debe detectar estos cargamentos, ¿cómo pasaron desapercibidos 9,800 kilos?
- ¿Quién está a cargo de los escáneres y por qué nadie rinde cuentas?
La falta de respuestas confirma una de dos cosas:
- Los escáneres son ineficientes y las autoridades no quieren admitirlo.
- Hay una complicidad interna que permite que el narcotráfico opere con total libertad.
En cualquier caso, el pueblo dominicano tiene derecho a saber dónde está el dinero invertido y por qué el sistema está fallando tan estrepitosamente.
La cancelación de «La Semanal»: El silencio como estrategia
El presidente dominicano canceló su rueda de prensa semanal, «La Semanal», con la excusa de que estamos en la época navideña. Esta justificación no solo es infantil e insultante, sino que evidencia una estrategia clara:
- Evitar preguntas difíciles: El mandatario sabe que los cuestionamientos sobre la quema apresurada de la droga y el fracaso de los escáneres son imposibles de responder sin admitir errores o complicidades.
- Apostar al olvido: El gobierno está jugando con el tiempo, confiando en que el tema pierda relevancia en medio de las festividades.
Sin embargo, el silencio no disipa las dudas. Las palabras del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien denunció que «el narcotráfico corroe las instituciones y crea un Estado capturado», resuenan con más fuerza. La República Dominicana parece ser otro caso donde el crimen organizado ha penetrado los cimientos del Estado.
La legalidad de la quema: ¿Se respetaron los procesos judiciales?
El orden jurídico establece que las evidencias incautadas, como la droga, deben mantenerse bajo custodia hasta que los procesos judiciales finalicen. La quema prematura de 9,800 kilos de narcóticos deja serias dudas:
- ¿Se violaron procesos legales? Si los casos aún están abiertos, ¿cómo se destruyó la principal evidencia?
- ¿Quién autorizó la quema y bajo qué fundamento legal? El gobierno debe explicar si esta incineración fue legalmente correcta o si se saltaron los procesos para proteger intereses oscuros.
La quema apresurada no solo podría invalidar procesos judiciales, sino que podría significar que no hay intención real de investigar cómo llegaron estas cantidades de droga al país ni quiénes son los responsables.
Un Estado en crisis de credibilidad
La suma de estos hechos es demoledora:
- La rapidez sospechosa en la destrucción de la droga.
- El fracaso evidente de los escáneres.
- El silencio presidencial con la cancelación de «La Semanal».
- La falta de pruebas legales y verificación independiente.
Todo esto deja al gobierno dominicano en una posición insostenible y al pueblo lleno de preguntas:
- ¿Quién protege a quién?
- ¿Por qué el gobierno actúa como si tuviera algo que esconder?
- ¿Está el narcotráfico infiltrado en las instituciones del país?
Más preguntas que respuestas
El gobierno de la República Dominicana debe entender que la transparencia no es opcional. Destruir casi 10 toneladas de drogas de manera precipitada y sin garantizar los procesos legales solo genera más desconfianza. Mientras tanto, los escáneres fallan, el presidente calla y el pueblo observa.
Las declaraciones del presidente guatemalteco deberían ser una advertencia clara: si no se enfrenta con seriedad la corrupción y el narcotráfico, el Estado dominicano podría estar camino a ser otro «Estado capturado».
La rapidez y el silencio no ocultan la verdad. Por el contrario, la hacen más evidente.
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