La nueva paralización del Metro de Santo Domingo y el Teleférico de Santo Domingo este lunes no es un hecho aislado. Es la confirmación de un patrón que ya raya en lo estructural: en apenas dos años y medio, 17 interrupciones han dejado a miles de ciudadanos varados, llegando tarde a sus trabajos, perdiendo dinero y cargando con el costo de una ineficiencia que parece no tener consecuencias.
A estas alturas, sostener que se trata de eventos fortuitos ya no es creíble. Cuando un sistema falla de manera recurrente, el problema deja de ser técnico y pasa a ser de gestión. Mantenimiento insuficiente, protocolos débiles, falta de inversión o decisiones administrativas erradas: alguna —o todas— están presentes. Y si quienes dirigen el sistema no pueden garantizar continuidad operativa, entonces la responsabilidad es directa.
En paralelo, empiezan a tomar fuerza narrativas peligrosas: que la solución es privatizar, que el Estado no puede gestionar, que hay que “abrir” el sistema. Pero cuando el deterioro ocurre bajo supervisión pública sin correcciones reales, es legítimo preguntarse si la ineficiencia termina siendo funcional a ese argumento. La historia regional está llena de ejemplos donde primero se deja caer un servicio y luego se presenta la privatización como la única salida.
El resultado, mientras tanto, lo paga la gente. Filas interminables desde antes de las 7:00 a. m., estaciones a oscuras, caos vial y una jornada laboral afectada desde el inicio. No es solo un problema de transporte; es un golpe directo a la productividad, al tiempo y a la dignidad de los usuarios.
El presidente Luis Abinader ha sido demasiado permisivo con la mediocridad en la gestión de servicios clave, tolerando resultados deficientes de actores empresariales cercanos al poder sin exigir estándares estrictos ni consecuencias proporcionales. Cuando se repiten fallas operativas, interrupciones del servicio y falta de transparencia, y aun así no hay correctivos contundentes, el mensaje es claro: se priorizan relaciones y conveniencias por encima de la eficiencia y el interés público. Esa falta de exigencia no solo erosiona la calidad del servicio, sino también la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para supervisar y corregir.
La pregunta ya no es qué pasó esta mañana.
La pregunta es: ¿quién responde por lo que lleva pasando años?
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