¿La curul pertenece al partido o a la persona? El debate que abre Antonio Taveras (las curules, las candidaturas independientes y la contradicción de la democracia dominicana)
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La renuncia de Antonio Taveras al PRM y su decisión de declararse senador independiente ha abierto un debate interesante sobre la propiedad política de una curul. Algunos sostienen que pertenece al partido. Otros afirman que pertenece a la persona. Sin embargo, creo que ambos bandos están discutiendo la consecuencia sin analizar la verdadera causa.
La pregunta correcta no es a quién pertenece la curul.
La pregunta correcta es: ¿por qué un ciudadano dominicano debe obligatoriamente pertenecer a un partido político para poder aspirar a representar a su país?
La legislación dominicana ha estado construida históricamente sobre el monopolio de los partidos políticos. Durante décadas, para aspirar a una alcaldía, una diputación, una senaduría o la Presidencia de la República, era prácticamente obligatorio integrarse a una organización política reconocida.
Esa condición ha sido presentada como una necesidad para el funcionamiento del sistema democrático. Sin embargo, también puede interpretarse como una limitación al ejercicio pleno de derechos fundamentales.
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La Constitución dominicana reconoce el derecho de todos los ciudadanos a participar en la vida política de la nación. Asimismo, reconoce la libertad de asociación, pero también la libertad de no asociarse.
El problema surge cuando el Estado convierte la afiliación política en una condición práctica para ejercer el derecho a ser elegido.
En términos simples, el mensaje ha sido el siguiente: usted tiene derecho a aspirar a dirigir su país, pero primero debe integrarse a una organización que quizás no comparte sus principios, sus valores, su visión o su proyecto nacional.
Esa situación genera una contradicción democrática evidente.
La democracia debe servir para ampliar derechos, no para condicionarlos.
La libertad política no consiste únicamente en poder votar. También implica la posibilidad de ser elegido en igualdad de condiciones.
La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
Por su parte, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, votar y ser elegidos sin restricciones indebidas.
La palabra clave es "indebidas".
Cuando una persona debe someter necesariamente sus aspiraciones políticas a estructuras partidarias para poder competir, surge el debate sobre si esa limitación es razonable o si constituye una restricción excesiva al ejercicio de los derechos políticos.
Por eso considero que el surgimiento de las candidaturas independientes no debe verse como una amenaza a la democracia, sino como una ampliación de los mecanismos de participación ciudadana.
Ahora bien, existe una segunda contradicción.
La ley obliga a los ciudadanos a llegar al Congreso mediante partidos políticos, pero una vez alcanzan el cargo, pueden abandonar esas organizaciones y continuar ejerciendo sus funciones como independientes.
Es decir, el sistema exige dependencia para entrar, pero permite independencia para permanecer.
Si la independencia política es válida después de ganar, ¿por qué no habría de ser válida antes de competir?
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Esa es la pregunta que el país debería estar discutiendo.
A menudo se argumenta que permitir más candidaturas independientes abriría la puerta a que el narcotráfico o el dinero de la corrupción financien campañas electorales. Sin embargo, ese riesgo no es exclusivo de las candidaturas independientes. De hecho, los constantes señalamientos, investigaciones y solicitudes de extradición que han involucrado a dirigentes o personas vinculadas a distintas organizaciones políticas demuestran que la infiltración de recursos ilícitos es un problema que ya existe dentro del sistema de partidos.
Del mismo modo, el uso de recursos del Estado en campañas electorales ha sido una denuncia recurrente en prácticamente todos los procesos electorales recientes. Por tanto, el debate no debería centrarse en impedir la competencia política independiente bajo el argumento del financiamiento ilícito, sino en fortalecer los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas para todos los actores políticos por igual.
De lo contrario, parecería que lo que realmente se protege no es la democracia, sino estructuras que ya compiten con ventajas derivadas del acceso al poder, al dinero y a redes de influencia consolidadas.
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No estoy defendiendo a Antonio Taveras ni atacando al PRM.
Estoy cuestionando una estructura política que durante décadas ha condicionado el derecho a ser elegido a la pertenencia a organizaciones que muchas veces no representan completamente las ideas, principios o proyectos de quienes desean servir al país.
Una democracia madura no debería temerle a la participación independiente.
Debería confiar en que sean los ciudadanos quienes decidan libremente quién merece representarlos.
Porque al final, la soberanía no reside en los partidos.
La soberanía reside en el pueblo.
Por: Melvin Sena
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