Dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) comienza a tomar fuerza el Plan político que, aunque todavía no ha sido oficializada públicamente, encaja perfectamente con la lógica de control interno que actualmente domina al partido oficialista: modificar los estatutos para extender de manera “legal” la permanencia de las actuales autoridades partidarias sin necesidad de someterse a un proceso competitivo de consulta amplia con las bases.
La fórmula sería relativamente simple desde el punto de vista organizativo, pero profundamente delicada desde el punto de vista político.
La teoría plantea que el PRM modificaría sus estatutos para que las próximas autoridades partidarias tengan una duración excepcional de apenas dos años, rompiendo temporalmente el esquema tradicional. Bajo ese nuevo modelo, José Ignacio Paliza permanecería como presidente del partido y Carolina Mejía seguiría ocupando la posición principal de dirección operativa, aunque incluso el nombre de la secretaría general sería transformado para darle una nueva estructura de poder: “vicepresidencia ejecutiva”.
Todo sería aprobado mediante una asamblea de delegados cuidadosamente estructurada para ratificar las decisiones previamente consensuadas desde la cúpula.
Es decir, jurídicamente sería legal.
Detrás de esta posible reforma estatutaria no solamente existiría el interés de abrirle el camino a Luis Abinader para asumir eventualmente la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, sino también la intención de evitar una primaria interna verdaderamente participativa entre los miembros del partido mediante voto directo y secreto. La lógica de la cúpula parecería orientarse hacia un modelo de acuerdos políticos previamente negociados entre sectores de poder internos y algunos grupos de influencia nacional, donde las grandes decisiones no sean definidas por la militancia, sino por consensos construidos desde arriba.
En ese escenario, las asambleas de delegados funcionarían más como mecanismos de ratificación que como espacios reales de competencia democrática. El problema político de esa estrategia es que podría fortalecer temporalmente el control interno del partido, pero al mismo tiempo profundizar la percepción de que la base perremeísta solamente es utilizada para movilización electoral, mientras las decisiones fundamentales continúan reservadas para una élite política reducida.
Pero políticamente surge una pregunta mucho más compleja: ¿sería legítimo?
Porque una cosa es que un mecanismo esté permitido dentro de los estatutos internos de un partido, y otra muy diferente es que refleje verdaderamente la voluntad de sus bases.
El problema no sería la legalidad, sino la desconexión
El PRM nació como un partido que prometía romper con las viejas prácticas políticas dominicanas. Durante años criticó precisamente la cultura de decisiones tomadas desde arriba, las imposiciones internas, las negociaciones cerradas y el control absoluto de pequeños grupos sobre estructuras partidarias completas.
Sin embargo, esta hipótesis refleja exactamente lo contrario: un modelo donde las bases solo existen para movilizar votos, llenar actividades y defender al partido en campañas, pero sin capacidad real de decidir el rumbo interno de la organización.
Y ahí aparece la gran contradicción.
Si las bases no pueden escoger libremente a sus autoridades…
si no participan en decisiones fundamentales…
si las posiciones se negocian previamente entre grupos de poder…
entonces la pregunta es inevitable:
¿Para qué el PRM quiere una base política, si ni la toma en cuenta ni su voz tiene peso real en las decisiones importantes?
La lógica detrás de la jugada
La posible reforma estatutaria tendría una explicación estratégica bastante clara: evitar una guerra interna temprana dentro del oficialismo.
Actualmente, múltiples sectores dentro del PRM tienen aspiraciones presidenciales hacia el 2028. Abrir completamente el partido a un proceso competitivo ahora mismo podría acelerar conflictos internos, fracturas territoriales y enfrentamientos entre grupos que hoy todavía coexisten bajo la sombra del poder presidencial.
Mantener a Paliza y Carolina en posiciones de control por dos años permitiría congelar temporalmente esas tensiones mientras el liderazgo de Luis Abinader termina de definir el equilibrio interno del partido y el futuro de la organización después de salir del poder.
En otras palabras: ganar tiempo.
El problema es que mientras más controlado sea el proceso, mayor será la percepción de que el PRM se está alejando de la democracia interna que prometió defender.
La transformación de la secretaría general
Otro elemento interesante de esta hipótesis es el posible cambio de nombre de la secretaría general hacia una “vicepresidencia ejecutiva”.
Ese movimiento no sería simplemente semántico.
En política, los cambios de estructuras muchas veces sirven para redistribuir poder sin admitir abiertamente que se está modificando el balance interno. Crear una vicepresidencia ejecutiva podría darle más autoridad política y operativa a Carolina Mejía dentro del partido, consolidándola como una figura clave del oficialismo sin necesidad de abrir un proceso competitivo real.
La señal sería clara: reorganizar la estructura para blindar el liderazgo actual.
El precedente peligroso
El problema de este tipo de maniobras es que crean precedentes.
Porque si hoy se cambian reglas para extender autoridades y evitar competencia interna, mañana cualquier otro grupo podría hacer exactamente lo mismo cuando controle la estructura partidaria.
Y ese es precisamente el modelo que durante años destruyó la institucionalidad interna de muchos partidos dominicanos.
La historia política reciente del país está llena de ejemplos donde los partidos dejaron de ser organizaciones democráticas para convertirse en plataformas controladas por grupos específicos o líderes con poder absoluto.
El Partido de la Liberación Dominicana vivió conflictos internos precisamente por esa concentración de control.
La Fuerza del Pueblo fue estructurada alrededor del liderazgo total de Leonel Fernández.
Y ahora muchos comienzan a preguntarse si el PRM terminará recorriendo exactamente el mismo camino que antes criticó.
El verdadero riesgo para el PRM
El mayor peligro no sería una crisis inmediata.
El verdadero riesgo sería el desgaste silencioso de su militancia.
Porque cuando una base política siente que no decide nada, deja de involucrarse emocionalmente con el proyecto. Comienza a participar menos, defender menos y comprometerse menos. Y eventualmente el partido deja de ser una organización viva para convertirse simplemente en una estructura electoral controlada desde arriba.
La legitimidad interna no se sostiene solamente con estatutos.
También necesita participación, competencia y confianza.
Y si el PRM termina priorizando únicamente la estabilidad de su cúpula sobre la participación de sus bases, entonces inevitablemente seguirá creciendo una pregunta incómoda dentro de su propia militancia:
¿Somos miembros de un partido democrático… o simplemente espectadores de decisiones tomadas por otros?
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