Si fue lo mismo, ¿por qué no fue igual? El doble estándar del presidente Abinader con ITLA y FEDA

Si el exrector del ITLA y el director del FEDA hicieron, en esencia, lo mismo —o al menos enfrentan acusaciones de naturaleza muy similar— la pregunta es inevitable: ¿por qué el presidente Luis Abinader destituyó de inmediato a uno y mantiene intacto al otro?
La comparación no es caprichosa; surge de los propios hechos, de las reacciones institucionales y, sobre todo, del silencio selectivo del poder.

En el caso del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), bastó la publicación de reportajes periodísticos sobre presuntas anomalías internas para que el presidente Luis Abinader dispusiera la destitución de su director, Rafael Féliz García, sin que mediara una investigación administrativa concluyente ni un pronunciamiento previo de los órganos rectores del Estado. En contraste, en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), donde las denuncias divulgadas por N Investiga describen un cuadro igualmente grave —clientelismo político, presuntos aportes económicos forzados, amenazas laborales y uso de la estructura pública con fines partidarios—, la reacción ha sido radicalmente distinta.

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No hubo destitución, no hubo suspensión y no hubo medidas cautelares. Hubo, en cambio, una solicitud del propio director, Hecmilio Galván, para que el Ministerio de Administración Pública (MAP) realizara una “revisión técnica” de la nómina.

Aquí comienza el problema político de fondo.

Dos casos, una misma lógica… y respuestas opuestas

En ambos escenarios hay elementos comunes:

• denuncias mediáticas con alto impacto,
• señalamientos sobre el uso de empleados públicos y recursos institucionales,
• y una narrativa oficial que termina refugiándose en tecnicismos administrativos.

Sin embargo, solo en uno de los dos casos el presidente actuó con rapidez y contundencia. En el otro, permitió que el proceso se diluyera en declaraciones, revisiones internas y explicaciones que, lejos de aclarar, profundizan la desconfianza ciudadana.

Cuando el ministro de Administración Pública afirma que no se han detectado irregularidades formales o que el MAP no tiene competencia para intervenir en ciertos aspectos, el mensaje que se envía no es de tranquilidad, sino de vacío institucional: si nadie ve nada, nadie investiga nada y nadie responde por nada, entonces ¿para qué existen los controles?

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La percepción que se instala: poder y conveniencia

Este contraste alimenta una percepción peligrosa: que las decisiones presidenciales no se rigen por un criterio uniforme, sino por el costo político del momento. En el caso del ITLA, el golpe mediático fue inmediato y la salida del funcionario funcionó como válvula de escape. En el caso del FEDA, el cálculo parece distinto: sostener al funcionario mientras el ruido no escale a un nivel que incomode directamente al Gobierno central.

No se trata de afirmar que uno sea culpable y el otro inocente. Se trata de algo más delicado: la ausencia de coherencia. Cuando el poder actúa con severidad en un caso y con indulgencia en otro prácticamente idéntico, la institucionalidad se resiente y la sospecha se normaliza.

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El mensaje implícito

El mensaje que termina recibiendo la ciudadanía es claro, aunque incómodo:
no basta con que existan denuncias; importa contra quién, cuándo y desde dónde se formulan. Y ese mensaje erosiona la narrativa de cambio, transparencia y ruptura con viejas prácticas que el propio presidente ha intentado sostener.

Si destituir al director del ITLA fue un acto de responsabilidad política, entonces no destituir al director del FEDA es una omisión difícil de justificar. Y si mantener a Galván en el cargo responde a que “no hay pruebas concluyentes”, entonces surge otra pregunta inevitable: ¿por qué ese mismo estándar no se aplicó en el ITLA?

El problema ya no es solo ITLA o FEDA.

Es el doble estándar. Es la señal de que, en la práctica, la vara no mide igual para todos. Y mientras esa incoherencia persista, cualquier revisión técnica, cualquier explicación administrativa y cualquier discurso oficial seguirá siendo percibido como insuficiente.

Porque en política, cuando dos casos son similares pero las decisiones son opuestas, el poder no aclara: se delata.

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