El enigma del poder: el vínculo Hazim–Abinader y las libertades que abrieron la puerta al desfalco en SeNaSa
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La detención y sometimiento judicial de Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), ha reactivado un debate ineludible: ¿Qué nivel de compromiso político permitió que un funcionario concentrara tanto poder, operara con tan poca supervisión y permaneciera cinco años al frente de una de las instituciones más sensibles del sistema público de salud?
Más allá de las cifras del presunto desfalco —estimado en más de RD$15,900 millones, según la Operación Cobra—, el caso obliga a examinar la estructura de acuerdos políticos, la confianza depositada y los incentivos que, directa o indirectamente, facilitaron un esquema que hoy sacude las bases éticas del sector público.
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La apuesta política: Hazim como arquitecto externo del ascenso de Abinader
Antes de ocupar la dirección de SeNaSa, Santiago Hazim era más que un aliado; era un operador clave del proyecto presidencial de Luis Abinader. Su rol incluyó:
- Liderazgo de la Organización Luis Abinader (OLA).
- Coordinación del Sector Externo del PRM, una maquinaria paralela decisiva en la victoria electoral de 2020.
- Movilización territorial, captación de grupos empresariales y articulación estratégica.
En ese contexto, Hazim realizó un aporte documentado de RD$8.2 millones a la campaña del PRM, registrado como “aporte personal” en el informe financiero presentado a la Junta Central Electoral. Aunque formalmente se trató de una contribución individual, dentro del ambiente político se interpretó como parte de un pool de empresarios afines que buscaban espacios de influencia en sectores estratégicos del Estado.
Fuera contribución directa o colectiva, lo cierto es que Hazim no era un donante más; era un aliado orgánico del proyecto presidencial.
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El compromiso implícito: designación estratégica y autonomía excepcional
Al ser nombrado director de SeNaSa en agosto de 2020, Hazim pasó a administrar uno de los fondos públicos más grandes y sensibles del país. SeNaSa maneja decenas de miles de millones de pesos anuales en servicios médicos, reembolsos, contrataciones y pagos a prestadoras de salud.
Analistas del sector coinciden en que esta designación no fue casual:
recompensaba su rol en la campaña y, sobre todo, garantizaba que un operador del proyecto político administrara un área con enorme capacidad de movilización económica y social.
A partir de ahí, Hazim operó con tres libertades notorias:
1. Autonomía administrativa amplia
La institución experimentó reestructuraciones internas, contrataciones de personal externo, y un incremento acelerado en la tercerización de servicios médicos.
2. Acceso discrecional a fondos de alto volumen
El esquema que hoy investiga el Ministerio Público involucra facturación fraudulenta, sobrecostos, aprobación de procedimientos inexistentes y presunto uso indebido de recursos para beneficiar grupos privados.
Entre los elementos más graves señalados por la investigación se encuentra la facturación de servicios ginecológicos a hombres, una señal contundente de que los controles internos fueron debilitados o manipulados.
3. Blindaje político y permanencia prolongada
Hazim se mantuvo en el cargo durante cinco años, pese a múltiples denuncias públicas, auditorías cuestionadas y advertencias sobre anomalías.
Para observadores políticos, esta permanencia prolongada solo es explicable si existía:
- Confianza personal directa del presidente,
- Un compromiso político previo, o
- Una combinación de ambos elementos.
En cualquier caso, el resultado fue una ventana de tiempo suficiente para que, según la acusación, operara un mecanismo sistemático de desfalco.
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El costo social: ¿un crimen contra la humanidad?
La gravedad del caso no radica únicamente en el monto presuntamente fraudado, sino en el origen de los fondos: dinero destinado a servicios de salud de los sectores más vulnerables.
Cada factura inflada, cada procedimiento inexistente, cada pago irregular, supuestamente representó:
- menos medicamentos,
- menos tratamientos,
- menos intervenciones quirúrgicas,
- menos atención para miles de personas sin capacidad económica.
Aunque jurídicamente el término “crimen contra la humanidad” tiene parámetros específicos en el derecho internacional, desde una perspectiva ética y social el desfalco de fondos destinados a la salud colectiva constituye una agresión directa a derechos fundamentales.
Un fraude de esta naturaleza atenta contra:
- el derecho a la salud,
- la igualdad de acceso,
- la protección del Estado a los más pobres,
- y la integridad del sistema de seguridad social.
El giro político: ruptura y desmarque del Gobierno
La destitución de Hazim en agosto de 2025 y la instrucción del presidente Abinader de convertir a SeNaSa en “actor civil” para recuperar los fondos marcan un intento de cortar vínculos y demostrar independencia.
El discurso presidencial de que “no hay espacio para la corrupción” intenta distanciar al gobierno del escándalo. Sin embargo, para gran parte de la opinión pública persisten preguntas legítimas:
- ¿Por qué Hazim tuvo tanto poder durante tanto tiempo?
- ¿Qué controles fallaron y quién debía supervisar?
- ¿El peso político que él tenía retrasó o inhibió la fiscalización?
- ¿Existió negligencia política o exceso de confianza?
Hasta hoy, no se ha transparentado cuál fue el nivel de compromiso entre Hazim y la estructura oficialista que permitió su ascenso y blindaje. Lo único verificable es que fue un aliado determinante en la campaña de 2020 y tuvo una cuota de poder proporcional a esa influencia.
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Un caso que redefine la responsabilidad política
Más allá del proceso judicial —que deberá establecer culpabilidades individuales—, el caso Hazim–SeNaSa obliga a reflexionar sobre:
- los riesgos de convertir instituciones sensibles en espacios de pago político,
- la necesidad de controles más robustos,
- y el costo devastador que puede tener la combinación de poder sin supervisión y operadores con autonomía excesiva.
Si algo deja claro la Operación Cobra es que la confianza política, cuando sustituye los mecanismos técnicos de control, abre la puerta a abusos capaces de comprometer el bienestar de toda una población.
Este caso no solo debe resolverse en los tribunales.
Debe transformarse en una advertencia institucional y en un precedente que impida que estructuras de salud pública vuelvan a quedar expuestas a intereses particulares.
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