En la República Dominicana, el desencanto hacia los partidos políticos tradicionales y la falta de liderazgos eficaces han creado un vacío en la representación ciudadana. Muchos dominicanos votaron con entusiasmo para expulsar al PLD del poder, pero ahora sienten que fueron timados porque nada cambió de manera significativa. Ante esta situación, es crucial que el próximo gobierno (2028-2032) se enfoque en reestablecer los servicios públicos y el buen funcionamiento del Estado antes de prometer grandes obras que ni siquiera tiene la capacidad de gestionar, cuidar o mantener.
Para entender qué acciones tomar, primero es necesario analizar las causas profundas que han llevado a la República Dominicana a esta situación crítica:
La corrupción, tanto en la administración pública como en el sector privado, ha socavado la confianza en las instituciones y ha desviado recursos que deberían destinarse al desarrollo del país.
Las instituciones públicas son percibidas como ineficientes, politizadas y poco transparentes. Esto dificulta la aplicación de leyes, políticas y programas que beneficien a la ciudadanía.
La brecha significativa entre ricos y pobres genera exclusión, falta de oportunidades y perpetúa la pobreza intergeneracional, lo que contribuye a una sociedad fragmentada.
Un sistema educativo mal estructurado limita la formación de ciudadanos críticos y productivos. Esto afecta negativamente tanto el mercado laboral como el desarrollo humano del país.
La dependencia histórica en líderes fuertes, en lugar de fortalecer una democracia participativa, ha creado gobiernos centrados en la figura del líder y no en el bienestar colectivo.
La falta de cumplimiento de las leyes y la percepción de impunidad fomentan la inseguridad ciudadana y la desconfianza en el sistema judicial.
El próximo gobierno debe enfocarse en resolver los problemas cotidianos y fortalecer la institucionalidad antes de plantearse proyectos más ambiciosos. Este enfoque puede devolver la confianza de los ciudadanos en el Estado y sentar las bases para un desarrollo sostenible. Las áreas clave de acción incluyen:
Garantizar que los servicios básicos, como agua potable, electricidad, transporte y recogida de basura, lleguen a toda la población de manera eficiente y justa. Esto implica mejorar la gestión pública y eliminar los cuellos de botella que generan ineficiencia.
Implementar políticas contundentes contra la corrupción. Esto incluye fortalecer la Procuraduría General de la República, dotarla de independencia, y establecer mecanismos de auditoría y rendición de cuentas que sean transparentes y confiables.
Sin una población saludable y educada, cualquier desarrollo sostenible es difícil. Se deben priorizar las inversiones en infraestructura educativa y hospitalaria, además de garantizar una cobertura médica universal y accesible para todos los dominicanos.
Es fundamental que los ciudadanos sientan que hay orden y justicia. Esto requiere reformas profundas en el sistema judicial, aumento de la profesionalización de la Policía Nacional y políticas que combatan eficazmente la delincuencia y la impunidad.
Involucrar a la sociedad en la priorización de temas urgentes mediante consultas ciudadanas. Asimismo, garantizar la transparencia en todas las gestiones públicas para que los ciudadanos puedan monitorear cómo se utilizan los recursos.
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