En las zonas fronterizas de la República Dominicana, particularmente en las regiones dedicadas a la ganadería, los productores están siendo víctimas de un flagelo que amenaza su sustento y pone en peligro su seguridad: el robo de ganado a manos de nacionales haitianos. Este fenómeno no es nuevo, y se ha incrementado con el tiempo, afectando a los ganaderos en una zona clave del país, donde la falta de control y vigilancia por parte del Estado facilita la incursión de individuos que cometen estos delitos. En la mayoría de los casos, no solo se sustraen los animales, sino que también se cometen crímenes violentos, ya que los delincuentes no dudan en asesinar a quienes intenten impedir el robo.
Es importante señalar que este problema no solo afecta a los ganaderos dominicanos, sino que también refleja una serie de fallos en el sistema de seguridad y control en la frontera. El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), encargado de la vigilancia y protección de la frontera, ha sido señalado por la población de ser incapaz de prevenir los crímenes en la zona. Denuncias y quejas de los afectados sugieren que incluso algunos miembros de las fuerzas armadas están implicados, recibiendo sobornos para permitir el paso de los delincuentes hacia el territorio dominicano.
La situación legal: Un Estado con responsabilidad
Frente a este panorama, los ganaderos afectados deben considerar que tienen derechos constitucionales y legales que los protegen. El artículo 50 de la Constitución de la República Dominicana establece que «toda persona tiene derecho a la propiedad».
En este contexto, el robo de ganado no solo es un delito, sino que también es una violación directa del derecho a la propiedad de los ganaderos dominicanos. Además, el artículo 42 de la Constitución reconoce la inviolabilidad del derecho a la vida, lo que debería extenderse a la protección de los ciudadanos frente a amenazas como los homicidios ocurridos durante los robos.
Asimismo, la Ley 64-00 sobre «Protección y Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales» menciona en su artículo 29 la responsabilidad del Estado en la protección de los bienes de los ciudadanos, lo que también podría interpretarse como un mandato para proteger la propiedad agrícola y ganadera en la frontera.
Posibles soluciones y medidas
Ante esta grave situación, el Estado debe tomar medidas más enérgicas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, en especial de los ganaderos que viven en las zonas fronterizas. Algunas de las posibles soluciones incluyen:
- Fortalecimiento de la vigilancia fronteriza: El CESFRONT debe recibir más recursos y capacitación para mejorar su capacidad de intervención en la zona. Esto incluye aumentar el número de patrullas y mejorar la tecnología de vigilancia (como cámaras y drones) en las áreas más vulnerables.
- Investigación y sanción de complicidad: Es necesario que el Estado investigue las denuncias de complicidad de miembros de las fuerzas armadas. Aquellos que reciban sobornos o colaboren en estos delitos deben ser severamente sancionados, según lo establecido en la Ley No. 52-07 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
- Apoyo a los ganaderos afectados: El Estado debe ofrecer apoyo económico y jurídico a los ganaderos víctimas de robos y violencia. Esto podría incluir subsidios temporales para compensar pérdidas y el establecimiento de mecanismos rápidos para denunciar y resolver estos casos.
- Reforzamiento de las leyes de control migratorio: Una política más estricta de control migratorio podría ser una solución para evitar el cruce ilegal de nacionales haitianos hacia territorio dominicano, con la debida coordinación entre las autoridades migratorias, la Policía Nacional y el CESFRONT.
- Promoción de la cooperación binacional: Se deben fortalecer los acuerdos de cooperación entre la República Dominicana y Haití en temas de seguridad y control fronterizo, buscando una solución conjunta para frenar el crimen organizado que opera a lo largo de la frontera.
Demanda al Estado por Inacción
En cuanto a los ganaderos afectados por estos robos, existen bases legales para demandar al Estado por la falta de respuesta. El Código Civil Dominicano, en su artículo 1382, establece que el Estado es responsable de los daños causados a los ciudadanos cuando existe negligencia o mal desempeño de funciones públicas. Además, la Ley No. 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios establece que las autoridades locales tienen la obligación de garantizar la seguridad y protección de sus ciudadanos, por lo que en la línea fronteriza, el Estado tiene una responsabilidad directa en la prevención de estos delitos.
La violencia y el robo de ganado en las zonas fronterizas de la República Dominicana requieren medidas urgentes y efectivas por parte del Estado. Los ganaderos afectados no deben seguir esperando respuestas vacías, sino que deben ejercer su derecho a la justicia y exigir que el Estado cumpla con su deber de proteger sus vidas y propiedades. Es hora de que la justicia prevalezca y que el gobierno se comprometa a solucionar esta grave problemática.
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