En un país de verdad, Jacqueline Fernández ya habría renunciado a su curul como Diputada
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La detención de Ethian Vásquez —esposo de la diputada del PRM por La Romana, Jacqueline Fernández— bajo custodia del FBI y con un proceso de extradición en curso, no es un escándalo menor: es un terremoto político que, en cualquier democracia mínimamente funcional, tendría consecuencias inmediatas e inevitables.
En países con instituciones serias, donde la ética pública no es un accesorio sino un deber elemental, una legisladora vinculada matrimonialmente a una persona requerida por presunta participación en redes delictivas transnacionales como es el caso de Jacqueline Fernández, que es diputada del PRM, en la Romana, no tendría otra salida que renunciar de inmediato a su curul. No por culpabilidad, sino por responsabilidad política.
Porque hay un principio básico:
la función pública no admite sombras que comprometan la legitimidad del cargo. Sin embargo, en República Dominicana, el guion es otro. Aquí basta un comunicado, un “estamos separados”, o una declaración cuidadosamente redactada para pretender que nada ha ocurrido.
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Pero la realidad no se borra así.
La sospecha inevitable: ¿hubo dinero del narcotráfico en su campaña?
Es una pregunta que cualquier ciudadano, con toda razón, se hace.
No es un ataque personal a la diputada: es una duda lógica, directa y legítima.
Si la pareja de una legisladora —al momento de la campaña— es investigada por vínculos con redes delictivas internacionales, ¿se financió esa campaña con recursos provenientes de actividades ilícitas?
En un país con estándares democráticos reales, esta duda por sí sola bastaría para que:
- La diputada renuncie a su curul para no contaminar el cargo.
- La Junta Central Electoral convoque a nuevas elecciones para elegir un diputado sustituto.
- Se abra una investigación formal sobre el financiamiento de la campaña y la posible ventaja competitiva obtenida frente a otros candidatos.
Porque si una campaña fue impulsada —directa o indirectamente— por dinero sucio,
esa elección queda moralmente viciada.
Y lo que está en juego no es un nombre, sino la confianza pública.
Un caso que desnuda la debilidad ética del PRM
El arresto de Ethian Vásquez ocurre en medio de un patrón insostenible: funcionarios, alcaldes, regidores, dirigentes locales y allegados al partido de gobierno repetidamente aparecen vinculados a estructuras criminales. Mientras tanto, la dirigencia del PRM continúa ofreciendo la misma narrativa vacía: “desconocíamos”, “no sabíamos”, “cada quien es responsable de sus actos”.
Pero la política no funciona así.
La responsabilidad es un deber, no una opción.
La diputada Jacqueline Fernández pudo anticiparse. Pudo renunciar antes de que el escándalo creciera. Pudo defender su nombre desde fuera del Congreso. No lo hizo. Y esa decisión la convierte en parte del problema.
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La operación internacional y el silencio nacional
El arresto de Vásquez fue realizado por una operación conjunta entre autoridades dominicanas, el FBI y otras agencias internacionales. Aunque los detalles aún no se revelan, lo que sí está claro es que no se trata de un caso simple o improvisado. Es un proceso que se desarrolla en varias jurisdicciones, con indicios graves y seguimiento prolongado.
Sin embargo, en RD, la respuesta institucional es la de siempre:
silencio, cautela, y un partido que evade cuestionamientos mientras protege su propia imagen.
El comunicado de la diputadadel PRM, Jacqueline Fernández intenta presentar una separación oportuna y casi quirúrgica, pero deja más preguntas que respuestas.
Una persona no se convierte en objetivo del FBI de la noche a la mañana; los vínculos, las operaciones y las sospechas se construyen durante años, y es difícil creer que alguien tan cercano como su esposo —o “ex esposo”, según su versión— llevara una doble vida sin que ella tuviera indicios o señales. La duda lógica es inevitable: ¿hasta qué punto la campaña que la llevó a ser diputada se benefició de recursos cuyo origen hoy está bajo investigación internacional?
Para muchos, esta separación luce más mediática que real, una estrategia para limpiar imagen y no asumir responsabilidad política. En esencia, la percepción pública es clara: la diputada y su pareja siguen entrelazados, y el país merece saber si el poder alcanzado tuvo como base financiamiento proveniente del narcotráfico.
Una oportunidad para demostrar que el Estado no está capturado
Si República Dominicana aspira a llamarse democracia, este es el momento de demostrarlo:
- ¿Se investigará el financiamiento de la campaña de Jacqueline Fernández?
- ¿Se pedirá su renuncia para preservar la legitimidad del Congreso?
- ¿Se convocarán elecciones complementarias en La Romana para garantizar representación limpia?
- ¿Actuará la JCE con la independencia que la Constitución le exige?
Si nada de esto ocurre, el mensaje para el país será claro:
la institucionalidad se encuentra subordinada a los intereses de un partido cuya dirigencia ha demostrado una alarmante tolerancia hacia la cercanía con estructuras criminales.
Y eso es, precisamente, lo que convierte a cualquier gobierno en un narco-gobierno, no por decreto, sino por omisión.
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