En una violación flagrante a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC), dirigida por Bartolomé Pujals, adjudicó un contrato superior a los 295 millones de pesos para el alquiler de un local inexistente en Punta Cana. Este contrato involucra al ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, quien figura como beneficiario final del fideicomiso propietario del inmueble.
El proceso inició en diciembre de 2023 y culminó en agosto de 2024 con la adjudicación del contrato a Jacinto Badui Howley-Dumit Serulle, quien no era propietario del local en cuestión. La propiedad pertenece al Fideicomiso Velero At Punta Cana, cuyo beneficiario final es el actual ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla. Este fideicomiso firmó un contrato de alquiler con opción a compra por 20 años con el adjudicatario, quien posteriormente subcontrató el inmueble con la OGTIC, a pesar de que el local aún no estaba construido.
Irregularidades en el Proceso de Contratación
El proceso de contratación estuvo plagado de modificaciones y ajustes que facilitaron la adjudicación del contrato. Uno de los cambios más cuestionables fue la eliminación del término “llave en mano” en los términos de referencia, ya que este implica que el inmueble debe estar listo para su uso inmediato, lo cual no era el caso. Además, la OGTIC aceptó una carta de consentimiento de los propietarios del fideicomiso para subsanar la falta de titularidad del adjudicatario.
Por otro lado, el informe técnico justificativo describía al local como si cumpliera con todos los requisitos operativos, aunque ni siquiera había iniciado su construcción. Esta inconsistencia se confirma con el hecho de que el proyecto Velero At Punta Cana aún no está concluido, y los locales comerciales no estarán disponibles hasta al menos marzo de 2025.
Una Renuncia Anticipada que No Limpia el Proceso
El 14 de octubre de 2024, Jacinto Badui solicitó la renuncia anticipada al contrato, argumentando que el fideicomiso propietario no podría entregar el local a tiempo debido a causas de fuerza mayor, fluctuaciones económicas y problemas de salud personal. Sin embargo, este acto no exime a las partes involucradas de las responsabilidades legales y éticas derivadas de un proceso lleno de irregularidades.
Implicaciones Políticas
Este caso pone en jaque la credibilidad del gobierno y el compromiso del presidente Luis Abinader con la transparencia. Si no se toman medidas contundentes para investigar y sancionar a los responsables, se enviará un mensaje claro de complicidad desde las más altas esferas del poder. La falta de consecuencias para los implicados convertiría al presidente en el principal cómplice de este acto, ya que su inacción sería interpretada como un aval a prácticas que socavan la confianza pública y la legalidad.
El escándalo del contrato de la OGTIC expone una alarmante vulnerabilidad en los procesos de compras y contrataciones públicas, así como una posible red de intereses cruzados que involucran a altos funcionarios. Este caso representa un punto de inflexión para el gobierno de Abinader, que debe decidir entre actuar con firmeza para salvaguardar su legado o cargar con la responsabilidad de encubrir un acto de corrupción de proporciones significativas.
No te olvides de crear tu perfil en HES Social para que puedas comentar cualquier noticia, subir tus denuncias y compartir tus opiniones con la comunidad.

Si te parece interesante este articulo, difúndelo con tus amigos.
Te dejamos nuestros más reciente análisis: RD$6,600 Millones en Bonos Navideños: ¿Y las Cédulas Pa’ cuando?