Fue Abinader quien quebró SeNaSa; Santiago Hazim fue solo el peón sacrificado

Hasta el año 2024, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) era considerado el ejemplo de gestión pública en República Dominicana. Bajo la dirección de Santiago Hazim, la institución gozaba de solvencia financiera, reconocimiento internacional y testimonios de miles de dominicanos pobres que recibían atención médica de calidad. Sin embargo, lo que parecía una historia de éxito terminó convertido en un símbolo del deterioro institucional. De acuerdo con múltiples denuncias y análisis, la campaña de reelección del presidente Luis Abinader habría utilizado a SeNaSa como herramienta política, incorporando casi dos millones de nuevos afiliados subsidiados sin el presupuesto correspondiente.

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Un colapso anunciado

La expansión del régimen subsidiado en plena campaña electoral generó un déficit insostenible. El equipo del presidente no midió los daños y tampoco logró construir una narrativa convincente. Las justificaciones oficiales se desmoronaron rápidamente y la opinión pública terminó señalando a la Presidencia como responsable del colapso financiero.

“SeNaSa estaba bien hasta el 2024.

Lo que lo quebró fue la campaña a la reelección del presidente Abinader”, repiten hoy voces críticas que ven en la crisis un reflejo de la utilización de los recursos públicos para fines políticos.

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Denuncias y hallazgos preliminares

Entre las irregularidades señaladas destacan la autorización de procedimientos médicos inexistentes, un “call center paralelo” operado por exempleados para falsificar solicitudes y contratos sin licitación en la compra de medicamentos e insumos médicos. Legisladores han advertido que se trata de una “red” con ramificaciones que superan a la propia institución.

Los informes entregados al Ministerio Público detallan que miles de autorizaciones se emitieron utilizando datos de pacientes reales, pero sin que los procedimientos llegaran a realizarse. El resultado: pagos indebidos, déficit financiero y una crisis que amenaza la sostenibilidad del régimen subsidiado.

La magnitud del escándalo obligó al presidente Luis Abinader a destituir al entonces director ejecutivo de SeNaSa, Santiago Hazim, figura cercana al oficialismo. En su lugar fue designado Edward Guzmán, quien junto al superintendente de Salud, Miguel Ceara Hatton, remitió al Ministerio Público un informe con las principales irregularidades detectadas.

“En mi gobierno puedo tener amigos, pero no cómplices”, advirtió Abinader, en un mensaje que busca distanciarlo de los hechos y enviar un mensaje de firmeza frente a la corrupción.

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Reacciones en cadena

La crisis no tardó en escalar. El Poder Ejecutivo remitió un informe con irregularidades al Ministerio Público, en un gesto interpretado por muchos como un intento de deslindar responsabilidades. Al mismo tiempo, la Pepca solicitó formalmente a programas de investigación periodística como el de Nuria Piera colaboración con material audiovisual para sustentar la investigación.

En medio de la tormenta, la destitución de Santiago Hazim fue vista como el sacrificio de una figura cercana al presidente, bajo la lógica de que “para joderme yo, mejor jodemos a otro”.

Justicia a medias

Aunque la magnitud del escándalo es innegable, en Hackeandoelsistema.net prevalece el escepticismo. La historia reciente sugiere que los principales responsables no irán a prisión. Lo más probable es que se negocie la devolución de parte de lo malversado y que algunos implicados reciban condenas simbólicas, como prisión domiciliaria o inhabilitación temporal.

Más allá de la corrupción administrativa, el caso abre un debate político: ¿pudo el uso de SeNaSa formar parte de la estrategia reeleccionista del presidente? Críticos sostienen que el crecimiento abrupto de las afiliaciones subsidiadas —casi dos millones de nuevas inscripciones sin presupuesto garantizado— fue un movimiento electoral que desbordó las finanzas de la institución.

Analistas apuntan que esta expansión no fue acompañada de controles adecuados y terminó facilitando el terreno para fraudes internos y externos. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas judiciales que confirmen una conexión directa entre la campaña electoral y las irregularidades denunciadas.

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El caso SeNaSa muestra cómo un patrimonio social construido durante años fue debilitado por decisiones políticas de corto plazo del presidente Abinader.

La salud de los más pobres terminó convertida en ficha electoral. Y aunque el presidente busca distanciarse del escándalo, la realidad es que el deterioro de SeNaSa está ligado a la reelección que él mismo promovió.

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