
Fue la cúpula del PRM la que le dio espacio a los candidatos narcos, en detrimento de los políticos, y todos sabemos a quién responde esa cúpula
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Durante años, el discurso del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se ha sostenido en la promesa de renovación moral, institucionalidad interna y ruptura con viejas prácticas. Sin embargo, la realidad electoral de este partido muestra un patrón contrario: la sustitución de líderes locales y dirigentes con años de trabajo político, para imponer figuras con recursos económicos, padrinazgos cuestionables o perfiles que nunca fueron revisados rigurosamente.
El caso más reciente y emblemático es el de Jacqueline Fernández Brito, a quien el PRM colocó como candidata a diputada por La Romana, a pesar de que dos sentencias firmes —del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional— favorecían a la dirigente Dayna Manzano de los Santos, quien había ganado la candidatura de manera legítima mediante el método establecido por el propio partido.
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Un patrón que ya no puede negarse: dirigentes desplazados por dinero, encuestas manipuladas y decisiones de cúpula
Lo ocurrido en La Romana no es un hecho aislado. En distintas provincias y municipios, dirigentes del PRM han denunciado que fueron desplazados de la boleta por candidatos que contaban con:
- Mayor capacidad económica para financiar campañas internas
- Respaldo de figuras influyentes dentro del partido
- Vínculos externos que nunca fueron depurados
- Cercanía con sectores interesados en capturar espacios de poder
Mientras tanto, líderes comunitarios con trayectoria real quedaron fuera, algunos tras décadas de servicio político y social. El mensaje que percibieron las bases fue claro: la lealtad y el trabajo ya no garantizan espacio; lo determinante es el dinero o el padrino adecuado.
El caso Fernández: el PRM ignoró a sus propios tribunales y favoreció a una candidata con un entorno altamente cuestionado
La sentencia TSE/0087/2023 dejó establecido que:
- Dayna Manzano había ganado legítimamente la candidatura
- La encuesta ordenada por el PRM para sustituirla estaba plagada de irregularidades
- No existió “error” en la primera medición, como alegó el partido
- Jacqueline Fernández había sido medida originalmente para la ALcaldía, no para diputada
- La inclusión de Fernández en la boleta fue una decisión política, no técnica
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El Tribunal Constitucional, tras revisar el caso, también confirmó estas irregularidades y ratificó que la boleta le correspondía a Manzano. Sin embargo, ese fallo nunca se ejecutó, y finalmente Manzano fue “compensada” con un cargo consular, lo que la periodista Edith Febles definió como una negociación interna para “resolver” el problema.
La diputada Fernández, ya electa, quedó luego envuelta en un escándalo al confirmarse que su pareja (de la que ahora afirma estar separada) era solicitada en extradición a Estados Unidos por narcotráfico.
¿Falta de depuración o falta de interés?
La pregunta que se hacen muchos dentro y fuera del PRM no es solo cómo llegó una figura con vínculos tan delicados a la boleta del partido, sino por qué fue colocada en primer lugar:
- ¿El partido no investigó?
- ¿No quiso investigar?
- ¿O sabía, y aun así avanzó con la candidatura?
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La realidad es que más de una docena de casos en que candidatos, funcionarios o dirigentes del PRM han sido procesados por narcotráfico o lavado de activos ya no permiten sostener la narrativa de “hechos aislados”.
Bases desmoralizadas y una cúpula que actuó sin frenos
En territorios donde el PRM era fuerte, dirigentes locales han expresado —antes y después del escándalo— su frustración:
- “Trabajamos cuatro años y nos impusieron a alguien que ni conocemos.”
- “Nos quitaron la candidatura para dársela a quien puso más dinero.”
- “Aquí se compraron boletas como si fueran mercancía.”
- “La cúpula decidió sin respetar ni al partido ni a la gente.”
La sensación general es que las bases fueron ignoradas, mientras sectores internos con poder decidieron a discreción quién representaría al partido en cada demarcación.
Dentro del propio PRM es un secreto a voces que muchos de sus dirigentes sienten que el presidente Luis Abinader ha ignorado el esfuerzo político de quienes construyeron el partido desde abajo. Reclaman que no se les reconoció su trabajo, no se les dio espacio real en el gobierno y que, en cambio, la agenda del poder se ha inclinado hacia alianzas con empresarios cercanos al presidente, dejando fuera a la militancia histórica.
Aun así, pese al desplazamiento y al evidente descontento interno, una parte importante del liderazgo perremeísta ha mantenido una lealtad firme hacia Abinader, una lealtad que —según varios dirigentes consultados en privado— el mandatario no valora ni corresponde. Esa es una de las grandes contradicciones que hoy fractura la moral interna del partido oficialista: una base y una dirigencia que siente que dio todo… y recibió muy poco a cambio.
El poder que lo permite todo
La conducta del PRM en la selección de candidaturas confirma una percepción ampliamente repetida en la política dominicana: cuando un partido gobierna, siente que puede hacerlo todo. Depuración, ética, trayectoria… nada pesa tanto como el cálculo electoral o las conveniencias del momento.
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Pero ese tipo de prácticas ya está teniendo consecuencias:
- Un creciente número de escándalos con figuras que llegaron a cargos electivos bajo la bandera perremeísta.
- Preguntas legítimas de la sociedad civil sobre cómo fueron escogidos.
- Señalamientos internacionales sobre la penetración del narcotráfico en estructuras políticas.
- Un daño reputacional al PRM que se agrava cada día que pasa.
El problema no fue solo Jacqueline Fernández; fue un modelo de selección que hoy pasa factura
El caso de La Romana revela una verdad incómoda: el PRM sacrificó a sus propios dirigentes valiosos para imponer figuras cuyo único mérito era tener dinero, padrinos o influencias.
Esa línea de acción abrió las puertas a perfiles que nunca debieron estar en una boleta electoral. Hoy, con múltiples procesos por narcotráfico vinculando a figuras electas bajo el sello del PRM, el costo político es evidente.
Las bases lo advirtieron. Los tribunales lo dijeron. Los hechos lo confirman.
Y la pregunta que queda flotando es inevitable:
¿Fue incapacidad de depurar… o fue indiferencia porque el poder se sentía intocable?
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