En los últimos años, el manejo del gasto público ha revelado un patrón preocupante en la República Dominicana: una disminución constante en la inversión de capital frente a un aumento significativo en el gasto corriente. Este fenómeno, lejos de ser circunstancial, parece responder a una visión de gobierno que prioriza transferencias, ayudas sociales y nóminas, en detrimento de la infraestructura y la innovación, que son los pilares fundamentales del desarrollo sostenible.
Las estadísticas oficiales muestran una caída en el gasto de capital, lo que ha impactado negativamente en áreas críticas como el mantenimiento de obras de infraestructura y la ejecución de proyectos estratégicos. Este tipo de inversión es esencial para el crecimiento a largo plazo, ya que promueve el desarrollo económico, mejora la competitividad del país y crea empleos de calidad. Sin embargo, priorizar el gasto corriente perpetúa un modelo de dependencia económica y limita las oportunidades de desarrollo.
En este contexto, se planteó la necesidad de una reforma fiscal. Las reformas fiscales no son inherentemente buenas o malas; su efectividad depende de los objetivos que persigan y de cómo se implementen. Sin embargo, el enfoque presentado inicialmente generó fuertes cuestionamientos. Una reforma diseñada para aumentar los ingresos fiscales debe responder a una estrategia clara: reducir el déficit fiscal, redistribuir el peso de los impuestos de manera equitativa y dirigir los nuevos recursos hacia inversiones productivas en toda la República Dominicana.
Los principales errores de enfoque incluyen:
Priorizar el gasto corriente sobre el gasto de capital
En lugar de destinar los recursos adicionales a la construcción de infraestructura, innovación tecnológica o programas de desarrollo, gran parte de los ingresos potenciales ya estaban comprometidos con gastos corrientes. Esto no resuelve los problemas estructurales de la economía ni fortalece las bases para un crecimiento sostenible.
Carga desproporcionada sobre el consumidor
Una propuesta fiscal que recauda cuatro de cada cinco pesos a través de impuestos al consumo afecta principalmente a la clase trabajadora y los sectores más vulnerables. Este diseño perpetúa la desigualdad y erosiona el poder adquisitivo de la población, mientras que sectores con altos niveles de evasión y elusión fiscal permanecen relativamente intactos.
Falta de un plan integral contra la evasión fiscal
En lugar de aumentar la carga impositiva sobre quienes ya contribuyen, una reforma efectiva debería enfocarse en combatir la evasión fiscal. Esto incluye implementar medidas más rigurosas para fiscalizar sectores económicos informales y fortalecer las capacidades de la administración tributaria.
Ausencia de una reingeniería del gasto público
Antes de hablar de aumentar impuestos, se deben tomar medidas para reducir el gasto improductivo. La revisión de programas redundantes, la optimización de la nómina pública y la eliminación de subsidios mal focalizados son pasos esenciales para generar confianza en la ciudadanía y demostrar un compromiso real con la eficiencia del gasto.
La clave para una reforma fiscal exitosa radica en su capacidad para equilibrar las finanzas públicas mientras fomenta el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Para ello, se debe priorizar un cambio estructural del gasto corriente al gasto de capital, fortaleciendo la inversión en infraestructura, tecnología e innovación. Este enfoque no solo sienta las bases para un crecimiento económico sostenido, sino que también mejora la calidad de vida de la población al generar empleos, modernizar los servicios públicos y aumentar la competitividad del país.
Cualquier reforma debe incluir medidas claras para combatir la evasión fiscal, asegurando que todos los sectores económicos contribuyan de manera justa. Además, es imprescindible que la distribución de la carga tributaria sea equitativa, protegiendo a los sectores más vulnerables y exigiendo mayores aportes a quienes tienen mayor capacidad económica.
En conclusión, el desarrollo de un país no puede lograrse sin una visión estratégica que priorice el largo plazo. El gasto público debe ser una herramienta para construir un futuro sostenible, no para perpetuar modelos insostenibles de dependencia. Una reforma fiscal bien diseñada y un manejo eficiente del gasto son esenciales para alcanzar este objetivo.
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