Jacqueline Fernández, el silencio del PRM y la pesada sombra del narcotráfico: un artículo de cuestionamiento político
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La reciente detención en el extranjero de Ethian Vásquez —quien fuera cónyuge de la diputada del PRM por La Romana, Jacqueline Fernández— reabre un capítulo oscuro que ya resulta imposible ocultar: la creciente cantidad de casos vinculados a presuntos narcotraficantes que, de una forma u otra, se entrelazan con figuras del oficialismo. El problema no es un episodio aislado, ni una simple coincidencia estadística. Se ha convertido en un patrón repetido que pone en entredicho el control ético y político del partido gobernante.
A pesar de que Jacqueline Fernández (PRM) asegura que llevaba meses separada de hecho de Vásquez, la realidad política no se puede borrar con un comunicado. Al momento de las elecciones, según su propia declaración jurada —un documento oficial y obligatorio—, ella figuraba casada con él. Su vínculo matrimonial no era un rumor ni un invento mediático: era información formalmente declarada por la propia diputada. Hoy, cuando la tormenta arrecia, el discurso es otro.
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La narrativa de “no mantenemos vínculo de convivencia ni responsabilidades comunes” resulta conveniente, oportuna y políticamente necesaria, pero no responde a la pregunta fundamental:
¿Cómo es posible que un partido entero, con acceso a inteligencia, verificación y depuración institucional, desconozca los entornos inmediatos de sus candidatos?
En medio de varios escándalos que han salpicado al PRM —desde alcaldes, directores municipales, dirigentes y figuras con vínculos a estructuras criminales—, la explicación más repetida es la negación. Pero ya no se trata de casos aislados: se ha configurado un ecosistema donde las relaciones con personas investigadas o buscadas internacionalmente se vuelven demasiado frecuentes para ser casualidades.
El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, ha manejado este clima con un silencio funcional que, para muchos, solo demuestra debilidad o subordinación ante las decisiones del presidente Luis Abinader. La percepción ciudadana, cada vez más extendida, es que Paliza funge como un ejecutor político, sin control real sobre la integridad interna del partido ni sobre sus procesos de depuración. Y mientras el PRM se hunde en esta crisis de reputación, la respuesta institucional sigue siendo distanciarse de cada caso con un comunicado repetitivo y vacío.
La actitud de Jacqueline Fernández —marcar distancia abrupta de quien fuera su pareja durante años— puede interpretarse como una decisión personal, pero también como un gesto político impuesto desde arriba en el PRM. Un intento por aislar el costo reputacional antes de que las investigaciones avancen y la situación escale. Un acto reflejo de un partido cuya imagen se encuentra profundamente lesionada por la acumulación de episodios similares.
El país merece respuestas reales, no comunicados. Merece un partido gobernante que asuma responsabilidad política, no que se declare sorprendido cada vez que un dirigente, aliado, funcionario o familiar cercano termina involucrado en una trama criminal internacional.
Porque mientras el PRM pida confianza y voto, pero continúe rodeado de escándalos que tocan al narcotráfico, seguirá creciendo la percepción de que en la República Dominicana se está consolidando —quizá sin declararlo, quizá sin admitirlo— un narco-gobierno y un narco-partido incapaz de controlar su propio entorno.
La ciudadanía no solo tiene derecho a cuestionar. Tiene derecho a exigir respuestas, depuración real y una estructura política que no funcione como puerta de entrada para intereses oscuros disfrazados de legitimidad electoral.
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