Desde que asumió el poder en 2020, el presidente Luis Abinader ha destacado la independencia del Ministerio Público como uno de los pilares de su gobierno. Sin embargo, después de casi cuatro años en el cargo, la percepción generalizada es que esta Justicia Independiente no se ha traducido en resultados concretos ni en avances tangibles en la lucha contra la corrupción. A pesar de la gran magnitud de las investigaciones relacionadas con casos emblemáticos de corrupción administrativa, la justicia no ha logrado ofrecer sentencias definitivas ni soluciones satisfactorias para la ciudadanía.
Entre los casos más relevantes, figuran las operaciones Antipulpo, Medusa, Calamar, Coral y Coral 5G, todas ellas relacionadas con exfuncionarios de alto rango y acusaciones de desfalco multimillonario al Estado. En estos casos, la detención de exfuncionarios como Jean Alain Rodríguez, Alexis Medina Sánchez y otros miembros del entorno político y militar, ha generado grandes expectativas sobre el futuro de la justicia en el país.
Sin embargo, estos procesos continúan sin resolver, sin sentencias de primera instancia y con reiterados aplazamientos, lo que deja en evidencia la falta de eficacia de Justicia Independiente que, en lugar de ofrecer respuestas rápidas y contundentes, se ve atrapado en una burocracia judicial interminable.
El caso Medusa, que involucra a Jean Alain Rodríguez y a otros 40 imputados, es un claro ejemplo de la ineficiencia del sistema judicial. Iniciado en 2021, sigue sin ofrecer resultados y ha sido aplazado en múltiples ocasiones. Lo mismo ocurre con el caso Coral, que involucra a altos oficiales militares y policiales, quienes, a pesar de ser enviados a juicio en 2023, todavía están esperando que se resuelvan las acusaciones que pesan sobre ellos.
Por otro lado, el caso Antipulpo dejó en evidencia un esquema de corrupción que supuestamente aprovechó la relación entre Alexis Medina y su hermano, el expresidente Danilo Medina, para ganar licitaciones y estafar al Estado con más de 5,000 millones de pesos. Aunque el caso fue enviado a juicio de fondo en 2023, los interrogatorios continúan, lo que prolonga aún más la incertidumbre sobre los responsables de este millonario desfalco.
Además, el caso Calamar, que involucra a exministros del gobierno de Danilo Medina, ha puesto de manifiesto el desvío de miles de millones de pesos a través de sobornos y la declaración de utilidad pública de propiedades privadas. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el caso sigue en una fase preliminar y ha sufrido repetidos aplazamientos.
La constante dilación de estos casos es una prueba de que la justicia independiente, prometida por el gobierno de Abinader, no ha logrado ser efectiva ni rápida. Lejos de dar resultados concretos, el sistema judicial parece estar estancado en un ciclo interminable de aplazamientos y burocracia. En lugar de brindar confianza a la ciudadanía, la falta de avances reales ha generado un sentimiento de desilusión, haciendo que muchos se pregunten si la independencia judicial realmente está sirviendo para algo o si, por el contrario, ha generado un sistema judicial más costoso y menos efectivo que antes.
A pesar de las promesas del gobierno de Luis Abinader sobre la Justicia Independiente, los casos emblemáticos de corrupción siguen sin resolverse, y la ciudadanía continúa esperando respuestas que no llegan. La justicia, en lugar de ser un motor de cambio y transparencia, parece estar atrapada en un ciclo de ineficiencia que no solo afecta la credibilidad del gobierno, sino que también hace más costoso el acceso a una justicia que parece cada vez más lejana y menos efectiva.
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