La reciente decisión del gobierno del presidente Luis Abinader al declarar al llamado Cártel de los Soles como organización terrorista, respaldada por declaraciones del canciller Roberto Álvarez, merece un análisis profundo, crítico y responsable. Aunque la medida está formalmente plasmada en el Decreto 500-25, su implementación y las declaraciones públicas que la justifican contienen riesgos graves para la República Dominicana, su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos.
Falta de transparencia y pruebas
El canciller Álvarez afirmó que existen “informes de inteligencia” que vinculan al llamado Cártel de los Soles con operaciones de narcotráfico hacia las costas dominicanas. Sin embargo, no se ha mostrado evidencia concreta, ni siquiera a instancias de control o comisiones de la Asamblea, lo que convierte la designación en un instrumento político susceptible de abuso. Al presidente Abinader etiquetar grupos como “terroristas” sin pruebas públicas pone en riesgo derechos fundamentales y abre la puerta a interpretaciones arbitrarias.
Ambigüedad sobre jurisdicción y riesgo de injerencia
Álvarez declaró que la medida no busca extender la jurisdicción dominicana más allá de lo controlado. La realidad es que esta frase es legalmente ambigua: ¿se aplica solo en aguas territoriales, puertos o incluso a embarcaciones fuera del territorio? Esta vaguedad puede ser utilizada para justificar acciones extraterritoriales, lo que tensiona relaciones diplomáticas y podría poner en riesgo la soberanía del país.
Confusión entre crimen organizado y terrorismo
El narcotráfico es un delito económico, no necesariamente un acto de terrorismo político. Aplicar la categoría de “terrorismo” para justificar medidas extraordinarias (congelamientos de bienes, detenciones especiales) puede generar más daños que beneficios operativos, debilitando el estado de derecho y afectando garantías procesales de ciudadanos y empresas, sin reducir efectivamente el flujo de drogas.
Posibles repercusiones económicas y represalias
Esta postura política puede generar represalias económicas, financieras y comerciales, además de tensiones regionales. La ciudadanía debe entender que decisiones unilaterales, motivadas por la política exterior de EE. UU. y su interés en controlar los recursos de Venezuela, pueden afectar la economía dominicana sin generar beneficios claros para la seguridad nacional.
Riesgo de escalada militar y criminal
Algunos analistas internacionales advierten que etiquetar actores como “terroristas” en el Caribe puede abrir la puerta a acciones militares, sanciones o intervenciones encubiertas. La República Dominicana podría verse arrastrada a conflictos que no le corresponden, comprometiendo su soberanía y la paz regional.
Llamado a la ciudadanía
Es fundamental que los dominicanos se mantengan alerta frente a las decisiones de política exterior que puedan comprometer nuestra soberanía, economía y seguridad. Debemos exigir:
- Transparencia en los informes que sustentan estas medidas.
- Respeto a las garantías legales y judiciales nacionales.
- Cooperación internacional basada en derecho y no en intereses de terceros países.
Si es cierto que el llamado Cártel de los Soles existe, y si también es cierto que mantiene influencia o control sobre estructuras del Estado venezolano, incluidos mandos militares y acceso a armamento, entonces el panorama es aún más delicado. En un escenario hipotético de hostilidad o represalia, Venezuela supera ampliamente a la República Dominicana en capacidad bélica, efectivos y presupuesto militar. Aunque en teoría Estados Unidos intervendría para “defendernos”, en la práctica —como demuestra la historia— la sorpresa siempre la da quien ataca primero, y las primeras víctimas serían dominicanas. Nuestro país, que nunca ha enfrentado una guerra en la era moderna, no está preparado para sostener un conflicto militar ni para absorber el costo humano y económico de una decisión de política exterior mal calculada.
Peor aún, no se puede descartar que, en un escenario de tensión regional, el propio gobierno venezolano o estructuras vinculadas al llamado Cártel de los Soles utilicen a Haití o incluso a Cuba como plataformas logísticas o puntos de apoyo para operaciones encubiertas contra la República Dominicana. Ambas naciones mantienen relaciones históricas y de cooperación con Caracas, y su proximidad geográfica las convierte en territorios estratégicos para inteligencia, abastecimiento o infiltración. Un error diplomático o una provocación innecesaria podría convertir a nuestro país en un blanco fácil dentro de una maniobra regional más amplia, poniendo en riesgo nuestra seguridad sin que medie ningún beneficio nacional real.
La política exterior del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, no puede ser un instrumento para justificar cualquier iniciativa de EE. UU. en la región, especialmente cuando estas buscan controlar recursos estratégicos como los de Venezuela. La ciudadanía debe permanecer vigilante y exigir que nuestras leyes y soberanía no sean sacrificadas por intereses externos ni por decisiones apresuradas sin beneficio real para el país.
Nota aclaratoria:
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