En un contexto de creciente tensión política y social, la solicitud de una marcha convocada por grupos de ciudadanos haitianos, en su mayoría ilegales y extranjeros, ha generado una controversia que no puede ser pasada por alto. Esta manifestación, programada para el próximo domingo 27 de abril, está directamente vinculada con una serie de actos que amenazan la estabilidad constitucional y la soberanía de la República Dominicana. Es vital que el Gobierno del Presidente @luisabinader, bajo la dirección del Ministerio de interior y policía y la Ministra Faride Raful, se adhiera de manera estricta a lo que establece la Constitución Dominicana para preservar el orden y la legalidad.

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El Artículo 25 de la Constitución de la República Dominicana

La Constitución de la República Dominicana es el marco legal que rige la vida institucional y social del país. En su Artículo 25, establece en los numerales 1, 2 y 3, las condiciones bajo las cuales los extranjeros pueden realizar actividades en el territorio nacional:

• Numeral 1: "Los extranjeros no podrán ejercer en la República Dominicana actividades políticas, económicas o sociales que pongan en peligro la seguridad y la paz pública".
• Numeral 2: "El ejercicio de derechos por parte de los extranjeros estará sujeto a los principios de reciprocidad, y deberán respetar las leyes y costumbres dominicanas".
• Numeral 3: "Las actividades de los extranjeros no pueden ser contrarias al orden público y la seguridad nacional".

El cumplimiento de estos principios es esencial para la preservación de la integridad territorial, política y social de la República Dominicana. Permitir una manifestación como la que está siendo convocada por parte de ciudadanos haitianos ilegales sería una violación clara de estos preceptos constitucionales.

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El Riesgo de Permitir esta Marcha

Permitir que extranjeros, en su mayoría indocumentados, lleven a cabo una manifestación política en territorio dominicano sería un precedente alarmante que podría desencadenar una serie de consecuencias negativas para la soberanía nacional. Esta marcha no solo desafiaría la Constitución, sino que podría ser vista como un intento subversivo con fines de desestabilización política. Es importante recordar que el país ya enfrenta presiones nacionales e internacionales sobre temas relacionados con la migración y la seguridad fronteriza, áreas cruciales para el bienestar del pueblo dominicano.

El objetivo de esta marcha parece ser más que una protesta legítima; es un intento por socavar las medidas de repatriación de inmigrantes ilegales y por fomentar una narrativa política que desafía el derecho soberano de la República Dominicana a controlar sus fronteras y decidir sobre quién reside en su territorio.

El Papel del Gobierno Dominicano

El Presidente Luis Abinader, junto con la Ministra Faride Raful, tiene la responsabilidad de garantizar que se respeten las leyes nacionales y la Constitución. Autorizar una manifestación de esta naturaleza no solo sería una infracción de las leyes dominicanas, sino que también enviaría un mensaje equivocado al resto del mundo: que el país está dispuesto a ceder en temas de soberanía nacional ante presiones externas.

De acuerdo con lo que establece la Constitución, y para evitar un colapso de la autoridad nacional, es imperativo que el Gobierno actúe con firmeza y evite que se autoricen estas manifestaciones subversivas, que no solo comprometen la seguridad y el orden público, sino que también socavan la legitimidad de las políticas nacionales sobre migración.

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Un Llamado a la Acción Ciudadana

Si el Gobierno, por algún motivo, decidiera permitir la realización de esta marcha política subversiva, sería un claro incumplimiento de la Constitución, y los dominicanos no podemos quedarnos de brazos cruzados. La defensa de nuestra soberanía y de la integridad de nuestras leyes debe ser una prioridad para todos los ciudadanos. En este sentido, el pueblo dominicano debe mantenerse en una protesta permanente para exigir la destitución inmediata de la Ministra @FarideRaful y de cualquier otro funcionario que traicione la Constitución y la seguridad nacional.

Es fundamental que el pueblo se mantenga vigilante y organizado para evitar que actos como este pongan en riesgo la estabilidad y el futuro de nuestra nación. La Constitución debe cumplirse de manera estricta, sin excepciones.

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La República Dominicana debe mantenerse firme en la protección de sus principios constitucionales.

El Artículo 25 de nuestra Constitución es claro en cuanto a la prohibición de actividades políticas por parte de extranjeros ilegales, y la integridad del país debe ser prioritaria sobre cualquier tipo de presión o manifestación que busque desestabilizar la nación.

La soberanía de la Dominicana debe ser defendida, y el gobierno tiene la obligación de actuar conforme a la ley, para evitar la apertura de un peligroso precedente.

El Gobierno debe actuar de manera decisiva para evitar que esta marcha se lleve a cabo. Si se decide lo contrario, el pueblo dominicano debe unirse en un frente común para rechazar esta violación de la Constitución y exigir que se mantenga el orden y la soberanía que nuestra nación merece.

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