La implementación del “Registro de Motocicletas” en Santo Domingo Este ha generado opiniones divididas. Por un lado, se presenta como una medida enmarcada en la Ley 63-17, que otorga a los ayuntamientos la facultad de establecer registros municipales de motocicletas. Por el otro, surgen cuestionamientos sobre la necesidad de este proceso, su legalidad en relación con otras instituciones competentes y la carga económica que representa para los ciudadanos.
El costo del registro, fijado en mil pesos dominicanos, incluye la entrega de un carné con un código QR, una chapa con identificación única del municipio y un chaleco. Sin embargo, esto plantea una pregunta esencial: ¿qué valor real aporta este registro más allá de lo que ya ofrecen instituciones como el INTRANT y la DGII, responsables de la regulación del tránsito y la recaudación de impuestos, respectivamente?
El argumento de la alcaldía de Santo Domingo Este, al parecer es ser fortalecer el control y la seguridad en el municipio, pero los ciudadanos tienen razones válidas para cuestionar si esta medida realmente contribuirá a reducir los problemas de tránsito o la inseguridad que afecta a los motociclistas.
Además, surge una inquietud legítima sobre el alcance de las facultades municipales para exigir este registro y, sobre todo, si los agentes municipales están legalmente capacitados para detener a motociclistas con fines de fiscalización.
Más allá de los aspectos legales y técnicos, el costo de mil pesos puede representar una carga adicional para muchas personas que utilizan motocicletas como su principal medio de transporte o sustento. ¿Es justo que se imponga este gasto a quienes ya enfrentan una economía limitada?
Este proceso debería ir acompañado de una comunicación más transparente que explique claramente a los ciudadanos los beneficios tangibles de este registro, más allá de cumplir con una normativa. Asimismo, la alcaldía debe garantizar que el monto recaudado se destine exclusivamente a proyectos que mejoren la movilidad y la seguridad en Santo Domingo Este.
En HackeandoElSistema.net, nos ponemos a disposición del Ayuntamiento de Santo Domingo Este para colaborar en la creación de estrategias de comunicación efectivas que permitan a los ciudadanos despejar sus dudas sobre el Registro de Motocicletas. Proponemos establecer una mesa de trabajo conjunta donde se puedan debatir los aspectos técnicos y sociales del proyecto, asegurando que no solo sea viable en el corto plazo, sino también sostenible en el tiempo.
En nuestra Opinión el registro de motocicletas impulsado por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este es un claro ejemplo de cómo la interpretación sesgada o incompleta de la ley puede llevar a decisiones erróneas y perjudiciales para la ciudadanía. La falta de comprensión integral de la normativa, especialmente cuando se ignora un artículo clave como el 75 de la Ley 63-17, evidencia una tendencia preocupante en algunas instituciones: aplicar fragmentos de leyes sin considerar el contexto completo.
El problema no radica solo en la ejecución precipitada del registro, sino en la emisión de placas ilegales que, según la ley, corresponde exclusivamente a la DGI. Esto demuestra una aparente desconexión entre el Ayuntamiento y las entidades nacionales como el INTRANT, que son responsables de establecer los lineamientos para este tipo de procesos. La ausencia de una normativa clara y de coordinación interinstitucional convierte el esfuerzo en un acto improvisado que, lejos de solucionar problemas, crea nuevos conflictos legales y operativos.
Además, me parece alarmante que se utilicen estas acciones para recaudar fondos sin ofrecer un beneficio tangible a los motociclistas. Al final, estos procesos terminan siendo un gasto sin retorno, como se ha visto en registros anteriores. Esto no solo genera desconfianza hacia las autoridades, sino que también desincentiva la participación ciudadana en futuros programas.
Creo firmemente que cualquier acción gubernamental debe basarse en una interpretación responsable y completa de la ley, respaldada por procedimientos claros y coordinación con las entidades correspondientes. La improvisación administrativa y el uso de la ley como pretexto para recaudar dinero son prácticas que solo perpetúan la ineficiencia y afectan negativamente a los ciudadanos. Por tanto, comparto el llamado de “Hackeando el Sistema” a los motociclistas para que no se sometan a un registro sin fundamento legal ni utilidad práctica, y exhorto a las autoridades a actuar con mayor rigor y transparencia en beneficio de la población.
Nuestro compromiso es aportar ideas y herramientas que garanticen la transparencia del proceso y su alineación con las necesidades reales de los ciudadanos del municipio.
En esencia, el registro de motocicletas puede tener buenas intenciones, pero sin una justificación clara y un impacto positivo comprobable, corre el riesgo de ser percibido como una medida innecesaria y onerosa para los ciudadanos.
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