Punta Catalina duplica sus gastos operativos: ¿qué está haciendo el Gobierno de Abinader con la crisis eléctrica?

Hay números que no necesitan de un discurso político para provocar preguntas.

Los nuevos datos sobre Punta Catalina son uno de esos casos.

Durante el primer semestre de 2026, los gastos operativos de la principal generadora estatal prácticamente se duplicaron: pasaron de US$16.3 millones a US$32.6 millones, un aumento de US$16.3 millones frente al mismo período de 2025. El dato aparece en los informes de desempeño del sector eléctrico publicados por el Ministerio de Energía y Minas. MESCyT

Y aquí comienza el verdadero problema para el Gobierno de Luis Abinader.

Porque mientras los dominicanos continúan pagando una factura eléctrica que no necesariamente se corresponde con la calidad del servicio que reciben, una de las principales empresas eléctricas del Estado aumenta considerablemente sus gastos operativos.

¿Dónde se fueron los millones?

El dato que más llama la atención está en materiales y servicios.

Según las cifras divulgadas, ese componente pasó de US$2.8 millones a US$17.6 millones.

Estamos hablando de un salto de aproximadamente US$14.8 millones.

Los servicios no personales también aumentaron, de US$9 millones a US$10.2 millones, mientras que los gastos de personal alcanzaron US$3 millones, unos US$550,000 más que en el mismo período anterior.

Es decir: el problema no está solamente en cuánto cuesta producir electricidad.

Está también en cuánto cuesta mantener funcionando la estructura alrededor de esa producción.

Y ahí es donde el Gobierno tiene que dar explicaciones.

Abinader puso a Marranzini al frente del sector eléctrico

Celso Marranzini no llegó por casualidad al sector eléctrico.

El Gobierno de Abinader lo colocó en posiciones estratégicas desde el primer período. En 2021 fue designado presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de Punta Catalina. Presidency of the Dominican Republic

Posteriormente, mediante el Decreto 192-23, pasó a ocupar la vicepresidencia ejecutiva de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina. Superintendencia de Electricidad

Y durante buena parte de este Gobierno también estuvo al frente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad.

En agosto de 2026, Abinader sustituyó a Marranzini por Joel Santos en la presidencia del CUED y en la coordinación del Gabinete de Energía, pero Marranzini continuó al frente de Punta Catalina. Presidency of the Dominican Republic

Por tanto, no estamos hablando de un funcionario marginal.

Estamos hablando de una de las personas a las que el propio Gobierno confió una parte fundamental de la política eléctrica.

¿Y cuál es el resultado?

Aquí es donde los números comienzan a ser incómodos.

Punta Catalina facturó US$266.1 millones durante el primer semestre de 2026, pero esa facturación cayó US$31.2 millones, equivalente a un 10.5 %, respecto al mismo período de 2025.

La energía facturada también disminuyó: pasó a 1,931.1 GWh, una reducción de 372.8 GWh, equivalente al 16.2 %.

Y mientras la energía facturada cayó 16.2 %, los gastos operativos aumentaron hasta US$32.6 millones.

Ahí está la pregunta que el Gobierno debería responder.

¿Cómo es posible que una empresa estatal facture menos energía, venda menos energía y, al mismo tiempo, prácticamente duplique sus gastos operativos?

Eso no significa automáticamente que exista corrupción.

Tampoco significa que cada peso gastado sea injustificado.

Puede haber razones técnicas, reparaciones extraordinarias, mantenimiento mayor, adquisición de materiales, condiciones del mercado o cualquier otro factor operacional.

Pero precisamente por eso necesitamos una explicación.

Porque cuando los números son tan grandes, la transparencia no puede limitarse a publicar una tabla. Hay que explicar qué ocurrió.

Y aquí aparece el problema de Abinader

El presidente Luis Abinader prometió transformar el sector eléctrico.

Su Gobierno ha hablado de eficiencia, reducción de pérdidas, fortalecimiento institucional y mejoría del servicio.

De hecho, cuando se creó el fideicomiso de Punta Catalina, el propio Gobierno planteó que la central debía funcionar como una entidad independiente y menos politizada, con una administración orientada a garantizar energía suficiente, de calidad y a precio asequible. Presidency of the Dominican Republic

Pero seis años después, la pregunta sigue siendo la misma:

¿Estamos resolviendo el problema eléctrico o simplemente estamos administrando el problema?

Porque una cosa es gastar para reparar una planta y otra muy diferente es convertir el gasto permanente en sustituto de una política energética eficiente.

El Gobierno cambió a Marranzini... pero no cambió el problema

Hay algo todavía más interesante.

Abinader recientemente decidió sacar a Marranzini del CUED.

Si el presidente entendió que era necesario cambiar la conducción de las distribuidoras, entonces debería explicar qué evaluación hizo de la gestión anterior.

Porque si Marranzini era responsable de una parte fundamental de la política eléctrica, no basta con moverlo de una silla a otra.

La ciudadanía tiene derecho a saber:

¿Qué funcionó?

¿Qué fracasó?

¿Cuánto costó?

¿Quién asumió responsabilidad?

Y, sobre todo:

¿Qué va a cambiar ahora?

Porque cambiar al funcionario sin cambiar el modelo puede producir un resultado bastante conocido en República Dominicana: cambia el nombre del funcionario, pero permanece intacto el problema.

El negocio alrededor del desastre

Y aquí llegamos al punto más delicado.

La crisis eléctrica dominicana mueve miles de millones de pesos.

Generación.

Distribución.

Combustibles.

Mantenimiento.

Contratos.

Servicios.

Compras.

Asesorías.

Reparaciones.

Infraestructura.

Cada problema genera una contratación.

Cada avería genera una reparación.

Cada déficit genera una solución de emergencia.

Y cada emergencia cuesta dinero público.

Por eso la discusión no puede limitarse a preguntar quién está sentado en la oficina.

Hay que preguntarse quiénes se benefician económicamente de que el sistema permanezca permanentemente en crisis.

Eso requiere auditorías, contratos, proveedores, procesos de compras y resultados.

No acusaciones sin pruebas.

Pero tampoco puede el Gobierno pedirle a la ciudadanía que simplemente confíe.

Punta Catalina debía ser parte de la solución

Punta Catalina tiene una capacidad instalada de 720 MW, distribuida en dos unidades de 360 MW cada una. Es una infraestructura estratégica para el sistema eléctrico nacional. EGEPC

Por eso resulta difícil aceptar que después de tantos años sigamos hablando de la electricidad dominicana como si el país estuviera condenado a administrar apagones, pérdidas y déficits.

El Gobierno no puede seguir presentando cada nueva inversión como si fuera el comienzo de la solución.

Porque ya han pasado seis años.

Y a estas alturas el ciudadano no quiere otra explicación.

Quiere resultados.

Si los gastos operativos de Punta Catalina pasaron de US$16.3 millones a US$32.6 millones en apenas un año, el Gobierno debe explicar exactamente por qué.

Si los materiales y servicios pasaron de US$2.8 millones a US$17.6 millones, debe explicar qué se compró.

Si la energía facturada cayó 16.2 %, debe explicar por qué.

Y si la facturación disminuyó 10.5 %, mientras aumentaron los gastos operativos, debe explicar cómo piensa corregir esa ecuación.

Porque al final, Punta Catalina no es propiedad de Celso Marranzini.

Es propiedad del Estado dominicano.

Y el Estado somos todos.

La pregunta ya no es solamente cuánto cuesta producir electricidad.

La pregunta verdaderamente importante es:

¿Cuánto dinero más está dispuesto el Gobierno de Abinader a gastar para seguir administrando un problema que prometió resolver?

Y esa respuesta, esta vez, no debería venir en un discurso.

Debería venir acompañada de números, contratos, responsables y resultados.