En República Dominicana, el debate económico ya no se limita únicamente al costo de vida de los ciudadanos. Cada vez más empresarios, comerciantes y emprendedores denuncian que mantener una empresa formal se ha convertido en una carrera de obstáculos fiscales, regulatorios y operativos.

Mientras el gobierno de Luis Abinader promueve discursos sobre crecimiento económico, digitalización y atracción de inversiones, sectores productivos aseguran que el modelo tributario dominicano castiga tanto al consumidor como al productor.

El problema no es un solo impuesto: es la acumulación

Muchos ciudadanos escuchan cifras aisladas y creen que los empresarios “solo pagan un impuesto”. La realidad es distinta: las empresas formales enfrentan múltiples cargas simultáneas que terminan trasladándose al precio final de productos y servicios.

Entre las principales cargas que enfrentan negocios y empresas están:

• 27 % de impuesto sobre la renta empresarial;
• 10 % sobre dividendos;
• 18 % de ITBIS;
• anticipos fiscales sobre facturas que muchas veces ni siquiera se han cobrado;
• 0.15 % por transferencias bancarias;
• contribuciones obligatorias a seguridad social;
• pagos al INFOTEP;
• arbitrios municipales;
• residuos sólidos;
• retenciones;
• bonificaciones obligatorias;
• y múltiples costos regulatorios adicionales.

El resultado es que operar formalmente en República Dominicana implica una presión financiera permanente que afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas.

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El anticipo fiscal: pagar antes de ganar

Uno de los mecanismos más criticados por empresarios y contadores es el sistema de anticipos.

En la práctica, muchas empresas deben pagar impuestos sobre ingresos facturados aunque todavía no hayan cobrado el dinero. Eso provoca problemas severos de flujo de caja, especialmente en sectores donde los clientes pagan a 30, 60 o hasta 90 días.

Para pequeños negocios, eso significa financiar al Estado incluso antes de recuperar su propia inversión.

Seguridad social y costos laborales

El costo de un empleado formal en República Dominicana va mucho más allá del salario.

Las empresas deben asumir aportes patronales a la Tesorería de la Seguridad Social, AFP, ARS, INFOTEP y otros compromisos laborales. A eso se suman vacaciones, regalía pascual, cesantía y bonificaciones.

Por ejemplo:

• aproximadamente un 7 % o más se destina a AFP y otros aportes;
• 1 % obligatorio para INFOTEP;
• seguros laborales;
• y bonificación anual equivalente al 10 % de las ganancias para empleados.

Eso provoca que contratar formalmente sea mucho más costoso de lo que muchos ciudadanos imaginan.

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¿Por qué todo está caro?

Muchos consumidores culpan únicamente a comerciantes o empresarios por los altos precios. Sin embargo, productores y comerciantes sostienen que gran parte del encarecimiento proviene precisamente de la carga fiscal acumulada.

Cada impuesto aplicado al productor termina incorporándose al precio final:

• combustible;
• transporte;
• electricidad;
• nómina;
• importaciones;
• alquileres;
• servicios digitales;
• pagos bancarios;
• y obligaciones fiscales.

El resultado es un efecto en cadena donde prácticamente toda actividad económica termina encarecida.

El problema de la informalidad

Paradójicamente, mientras más pesada se vuelve la carga fiscal, más incentivos existen para la informalidad.

Muchos pequeños negocios optan por no formalizarse porque entienden que el sistema castiga al que cumple. Eso crea una competencia desigual:

• el formal paga impuestos, seguridad social y regulaciones;
• el informal muchas veces opera sin esos costos.

Esa situación termina debilitando la base tributaria real y afectando la competitividad nacional.

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Impuestos digitales: otro golpe al consumidor

La propuesta de aplicar 18 % de ITBIS a servicios digitales ha profundizado aún más las críticas.

Sectores tecnológicos y emprendedores consideran contradictorio hablar de innovación y transformación digital mientras se encarece el acceso a plataformas utilizadas para:

• educación;
• publicidad;
• trabajo remoto;
• diseño;
• streaming;
• inteligencia artificial;
• y emprendimientos digitales.

Además, muchos usuarios recuerdan que ya existe un 2 % aplicado a telecomunicaciones y otros costos indirectos relacionados al internet.

Endeudamiento, presión tributaria y poco retorno visible

Mientras aumentan impuestos y cargas regulatorias, gran parte de la población cuestiona el retorno real de esos recursos.

Los reclamos incluyen:

• apagones;
• inseguridad;
• hospitales saturados;
• crisis del tránsito;
• deterioro urbano;
• presión migratoria;
• y altos costos de servicios básicos.

Al mismo tiempo, la deuda pública dominicana continúa creciendo, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad del modelo económico actual.

El debate de fondo

La discusión ya no es únicamente si el Estado debe cobrar impuestos. El verdadero debate es:

• cuánto puede soportar la economía productiva;
• qué tan eficiente es el gasto público;
• y si el modelo actual está favoreciendo más al aparato recaudador que al crecimiento real del sector productivo.

Cada vez más ciudadanos entienden que República Dominicana necesita:

• simplificación tributaria;
• reducción de cargas distorsionantes;
• estímulos reales a la producción nacional;
• formalización sostenible;
• y un modelo económico donde emprender no se convierta en una penalidad financiera.

Porque al final, cuando producir cuesta demasiado, el impacto termina pagándolo toda la sociedad mediante precios más altos, menor competitividad y menor capacidad de crecimiento económico.

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