Se están robando el dinero del 4 % para la educación con un supuesto seguro estudiantil de RD$542 millones

En enero de 2024, el entonces ministro de Educación, Ángel Hernández, anunció la contratación de un seguro colectivo para los estudiantes del sistema educativo público dominicano del dinero del del 4 %, adquirido con Seguros Reservas. Sin embargo, más de un año después, miles de padres, docentes e incluso directores de centros educativos desconocían la existencia de esta cobertura, sus beneficios y el procedimiento para reclamarla.

El contrato representa un gasto anual del dinero del del 4 % del PIB para la educación, aproximadamente RD$542.16 millones, equivalente a RD$22.59 mensuales por estudiante, con una cobertura máxima de RD$150,000 por alumno en caso de accidentes, incapacidad permanente o fallecimiento accidental. También incluye gastos médicos, renta hospitalaria, intoxicaciones alimentarias dentro del centro educativo y accidentes ocurridos durante el trayecto entre la escuela y el hogar.

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La pregunta no es si existe el seguro

El Ministerio de Educación informó oficialmente sobre la contratación de la póliza y detalló sus coberturas. Por tanto, no existe duda de que el seguro fue contratado.

La verdadera discusión gira alrededor de otros aspectos:

• ¿Cuántos padres conocen que sus hijos están asegurados?
• ¿Cuántas escuelas saben cómo activar una reclamación?
• ¿Cuántas indemnizaciones se han pagado desde que inició la póliza?
• ¿Dónde están las estadísticas oficiales sobre accidentes cubiertos y montos desembolsados?
• ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas existen para evaluar si los más de RD$542 millones anuales están cumpliendo su objetivo?

Hasta la fecha, esa información no ha sido difundida de manera amplia por las autoridades, lo que ha generado cuestionamientos públicos sobre la transparencia del programa.

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Una inversión que merece evaluación pública

Destinar más de quinientos millones de pesos anuales a un programa de seguro puede ser una decisión legítima de política pública si demuestra resultados medibles.

Sin embargo, cuando los principales beneficiarios desconocen que poseen esa cobertura, surge un problema evidente de comunicación institucional y de transparencia.

No basta con contratar una póliza; también es indispensable informar a la comunidad educativa sobre:

• cómo funciona,
• cuándo aplica,
• cómo reclamar,
• quién recibe la indemnización,
• y cuántos casos han sido atendidos.

El debate del 4 % para educación

Este contrato también reabre el debate sobre el uso del presupuesto educativo.

Diversos sectores han cuestionado durante años que, aunque República Dominicana destina el equivalente al 4 % del PIB a la educación preuniversitaria, persisten graves deficiencias en infraestructura escolar, calidad del aprendizaje, formación docente y resultados académicos.

En ese contexto, resulta razonable preguntar si un gasto superior a RD$542 millones anuales en una póliza colectiva representa la mejor utilización posible de esos recursos o si debió acompañarse de mayores mecanismos de información y evaluación pública.

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Transparencia como obligación

La contratación de un seguro para estudiantes no constituye, por sí misma, una irregularidad.

Lo que sí merece explicación pública es:

• el nivel de conocimiento que tienen los beneficiarios;
• la cantidad de reclamaciones realizadas;
• el monto efectivamente pagado por la aseguradora;
• y la evaluación costo-beneficio de un programa financiado con recursos públicos.

Cuando se administran cientos de millones de pesos provenientes del presupuesto nacional, la transparencia no debe limitarse a publicar un contrato: debe permitir que la ciudadanía conozca cómo funciona, cuánto beneficia a la población y cuál ha sido su impacto real.

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