La querella, representada por Luis Aybar, planteó algo sustancial: que Gregory Adames no es un testigo cualquiera, sino alguien con conocimiento directo y cotidiano de las condiciones operativas del establecimiento.
En términos prácticos, lo que se estaba intentando era incidir en la calificación jurídica, particularmente en la figura de homicidio voluntario con dolo eventual. Esto no es un detalle menor: esa tipificación implica que los imputados habrían asumido conscientemente el riesgo de causar muerte.
Negar la posibilidad de introducir ese elemento en esta fase no elimina la prueba, pero sí:
- retrasa su impacto en la narrativa del caso,
- limita la presión procesal sobre los imputados en esta etapa,
- y reduce la capacidad de las víctimas de incidir estratégicamente en la acusación desde temprano.
Ahí es donde nace la indignación.
¿Justicia o formalismo que favorece al poder?
En teoría, el sistema está diseñado para garantizar debido proceso. En la práctica, ese mismo diseño puede operar —intencionalmente o no— como un escudo para imputados con recursos.
¿Por qué?
Porque los casos de alto perfil económico, como el de los hermanos Espaillat, tienen características específicas:
- equipos legales altamente especializados,
- capacidad de explotar cada fase procesal al máximo,
- y tiempo como aliado estratégico.
Cuando se combinan reglas estrictas de procedimiento con grandes capacidades de defensa, el resultado suele ser:
procesos largos, complejos y cada vez más desconectados del sentido de justicia de las víctimas.
El patrón que preocupa
Lo que está ocurriendo en este caso encaja con un patrón que la sociedad dominicana reconoce:
- Decisiones técnicamente correctas, pero socialmente desconectadas.
- Procesos que diluyen la fuerza inicial de las acusaciones.
- Percepción creciente de que el sistema favorece a quienes tienen poder económico.
Esto no implica automáticamente que el caso terminará en impunidad. Pero sí explica por qué una parte importante de la población ya anticipa ese desenlace.
El problema de fondo: credibilidad colapsada
El sistema de justicia no solo debe ser legalmente correcto; debe ser percibido como justo.
Cuando:
- se excluye en una fase temprana a un testigo considerado clave por las víctimas,
- se observa una dinámica procesal altamente técnica frente a un hecho con más de 200 muertes,
- y se acumulan decisiones que alejan a las víctimas del proceso,
lo que se erosiona no es solo un caso… es la confianza institucional.
Entre la norma y la desconfianza
Decir que la justicia dominicana es “asquerosa” puede ser una reacción emocional comprensible, pero no describe con precisión el problema.
El problema real es más complejo y más grave:
Un sistema que funciona bajo reglas procesales válidas, pero que en casos de alto poder económico termina generando resultados —o expectativas de resultados— que la sociedad percibe como injustos.
Y cuando esa percepción se vuelve dominante, ya no importa únicamente lo que diga la sentencia final.
Para muchos, el veredicto ya está escrito.
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