La transparencia y eficacia en la distribución de subsidios sociales en República Dominicana han sido puestas en entredicho debido a múltiples inconsistencias en el proceso de entrega de bonos y tarjetas por parte de Tony Peña Guaba. A pesar de contar con el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), creado para identificar y asistir a personas en situación de pobreza o extrema pobreza, el manejo de estos recursos ha generado controversias.
El SIUBEN, originalmente diseñado con criterios claros como la obligatoriedad de tener hijos en escuelas públicas para acceder a ciertos subsidios, parece haber perdido su rumbo. En los últimos cuatro años, la cantidad de personas necesitadas registradas oficialmente ha pasado de 1 millón a 3 millones, según declaraciones del presidente Luis Abinader. Este alarmante incremento no solo refleja el impacto económico en la población, sino también la necesidad de mayor supervisión en la asignación de ayudas sociales.
Errores y favoritismos en el sistema
Un aspecto preocupante ha sido la aparición de figuras públicas en los listados de beneficiarios, lo que evidencia fallos en los mecanismos de verificación. Estos errores no solo desvían recursos de quienes realmente los necesitan, sino que también siembran dudas sobre la equidad del sistema.
Una gestión cuestionada
La entrega de bonos y tarjetas ha sido criticada por su falta de organización y posible politización. En lugar de seguir procedimientos establecidos, las ayudas parecen haberse distribuido de manera improvisada, afectando la credibilidad de los programas sociales.
La responsabilidad de administrar recursos para los sectores más vulnerables conlleva un compromiso ético y profesional. Sin embargo, las prácticas de Tony Peña Guaba, muestran un manejo que, lejos de solucionar problemas, agrava la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones encargadas.
El reto de restaurar la confianza
La distribución de subsidios sociales en el país necesita una revisión integral para garantizar su transparencia y eficacia. Es indispensable fortalecer los sistemas de control y eliminar cualquier rastro de favoritismo político en los procesos. Solo así se podrá asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, sin empañar la imagen de los programas sociales que son esenciales para enfrentar la desigualdad en el país.
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