Organizaciones de haitianos han convocado un paro de labores en República Dominicana con motivo del Día Internacional del Migrante. El objetivo declarado de esta protesta, titulada Un día sin migrantes, es “visibilizar” los aportes de la comunidad haitiana a la economía y sociedad dominicanas, además de exigir el respeto a sus derechos humanos y laborales. Sin embargo, esta acción plantea un importante debate: ¿están los extranjeros habilitados legalmente para organizar protestas en territorio dominicano?
El marco legal dominicano: ¿Protesta legítima o violación de las leyes?
La Constitución Dominicana y varias leyes establecen regulaciones claras sobre el derecho a la protesta y la participación política de los extranjeros en el país:
1. Prohibición de participación política: Según el artículo 22 de la Constitución Dominicana, solo los ciudadanos dominicanos tienen derecho a participar en actividades de carácter político, incluyendo manifestaciones públicas que puedan considerarse como tales. Además, el artículo 9 de la Ley de Migración (Ley 285-04) estipula que los extranjeros no pueden intervenir en asuntos políticos, ni organizar protestas que puedan alterar el orden público.
2. Regulación de manifestaciones públicas: Aunque la protesta pacífica es un derecho reconocido en el artículo 48 de la Constitución, este se aplica únicamente a ciudadanos dominicanos. La misma Constitución refuerza que la soberanía nacional y el orden público no pueden ser puestos en riesgo por acciones que provengan de extranjeros o fuerzas externas.
3. Sanciones en caso de violación: La Ley de Migración establece en su artículo 121 que los extranjeros que participen en actos contrarios al orden público, incluyendo manifestaciones políticas, pueden ser sancionados con la cancelación de su estatus migratorio y deportación.
¿Un acto pacífico o una provocación de los haitianos indocumentados?
La convocatoria de Un día sin migrantes tiene múltiples aristas. Por un lado, es innegable que los migrantes haitianos han contribuido al desarrollo de sectores clave de la economía dominicana, como la construcción y la agricultura. No obstante, utilizar el suelo dominicano como plataforma para ejercer presión política hacia el Estado puede interpretarse como una transgresión de las leyes nacionales y una provocación directa a la soberanía del país.
Reclamos como detonantes de conflicto:
Los organizadores exigen detener las deportaciones, facilitar la regularización migratoria y garantizar igualdad salarial y libertad sindical. Aunque estos temas son debatibles, utilizarlos como bandera en un territorio donde la mayoría de los participantes son extranjeros plantea el riesgo de polarizar aún más las relaciones entre ambas comunidades.
Además, el llamado a detener las “violaciones de derechos humanos impulsadas por el Gobierno” y a poner fin a los supuestos “discursos de odio” son acusaciones graves que no solo empañan la imagen del país, sino que también escalan tensiones en un momento en el que las relaciones bilaterales están especialmente sensibles debido a la crisis migratoria y las políticas fronterizas.
Un desenlace peligroso para todas las partes
Las repercusiones de este tipo de movilizaciones pueden ser desastrosas para ambas comunidades:
• Para los haitianos: Participar en una protesta podría llevar a sanciones, como la deportación inmediata, además de provocar mayor rechazo social. Esto podría empeorar las condiciones laborales y sociales de los propios trabajadores migrantes en el país.
• Para los dominicanos: Una escalada de tensiones podría derivar en disturbios, afectando la estabilidad nacional. Además, se corre el riesgo de que la comunidad internacional, sin analizar los matices legales y soberanos, interprete las acciones del Estado como represivas y fomente más presiones diplomáticas.
Un llamado a la prudencia
Es fundamental que todos los sectores involucrados actúen con responsabilidad. Las organizaciones haitianas deben comprender que el derecho a la protesta no es absoluto para los extranjeros en República Dominicana y que transgredir las leyes del país anfitrión podría generar consecuencias negativas para la comunidad que dicen representar.
Por su parte, el Gobierno dominicano debe actuar con firmeza, pero dentro del marco legal, garantizando la seguridad y el orden público sin caer en provocaciones de los haitianos con estatus irregular en su territorio.
En este contexto, es crucial recordar que la República Dominicana es un país soberano y que la solución a los problemas migratorios no puede imponerse desde afuera, ni mediante actos que vulneren el marco jurídico nacional.
Mañana, más que un día sin migrantes, podría ser un día que marque un antes y un después en las tensas relaciones entre ambas comunidades. Solo el tiempo dirá si este episodio servirá para abrir caminos hacia el diálogo o si, por el contrario, profundizará las divisiones existentes.
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