¿Y SI LA FUERZA INTERNACIONAL SE RETIRA DE HAITÍ? ABINADER DEBE EXPLICAR QUÉ PASARÁ CON LA SEGURIDAD DE LA ISLA
República Dominicana facilita el traslado de armamento, vehículos y equipos militares destinados a la misión internacional en Haití. Aunque el Gobierno asegura que no participará d...
República Dominicana facilita el traslado de armamento, vehículos y equipos militares destinados a la misión internacional en Haití.
Aunque el Gobierno asegura que no participará directamente en operaciones militares, la pregunta estratégica es inevitable: ¿quién asumirá las consecuencias si la intervención fracasa y la comunidad internacional decide marcharse?
La República Dominicana vuelve a colocarse en una posición delicada frente a la crisis haitiana. Esta vez, no porque haya enviado soldados a combatir las bandas armadas, sino porque su territorio está siendo utilizado como plataforma logística para facilitar el despliegue de una fuerza internacional que pretende recuperar el control de Haití.
El 1 de noviembre, desde el puerto de Haina salió un buque con armamento, vehículos especializados, suministros y equipos destinados a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). El cargamento, financiado por Alemania, fue recibido y almacenado en territorio dominicano antes de su traslado a Haití. La operación facilitará la incorporación de aproximadamente 1,600 militares y policías de Bangladesh.
La ONU calificó de esencial la colaboración dominicana. Sin embargo, más allá del reconocimiento diplomático, el Gobierno de Luis Abinader tiene una responsabilidad que no puede limitarse a facilitar operaciones portuarias: explicar cuáles son los riesgos que esta estrategia representa para la seguridad nacional dominicana.
EL PROBLEMA NO ES AYUDAR, SINO QUEDARSE CON LAS CONSECUENCIAS
El canciller Víctor «Ito» Bisonó ha señalado que República Dominicana no participará directamente en las operaciones militares contra las bandas haitianas, aunque mantendrá su respaldo diplomático, humanitario y logístico.
Esa distinción es importante. Pero no elimina una preocupación fundamental: nuestro país comparte una isla con un Estado cuya crisis institucional y de seguridad lleva años deteriorándose.
La fuerza internacional tiene un límite autorizado de 5,500 militares y policías. Su mandato fue extendido por el Consejo de Seguridad hasta el 31 de marzo de 2027. Eso significa que existe una fecha concreta para revisar su continuidad, pero no una garantía de que Haití estará estabilizado cuando llegue ese momento.
¿Y si las bandas no son derrotadas? ¿Y si el Estado haitiano continúa sin capacidad para controlar su territorio? ¿Y si los países que hoy aportan recursos, equipos y personal deciden reducir su participación?
La República Dominicana no puede asumir que la comunidad internacional permanecerá indefinidamente en Haití. Tampoco puede diseñar su política de seguridad suponiendo que una misión extranjera resolverá un problema estructural que involucra décadas de debilidad institucional, pobreza, tráfico de armas y ausencia de autoridad estatal.
El peligro es que, después de invertir recursos y promover una estrategia internacional, el problema termine trasladándose con mayor intensidad hacia nuestro lado de la frontera.
UNA ISLA, DOS ESTADOS Y DOS PROYECTOS NACIONALES
La historia demuestra que compartir territorio geográfico no significa compartir necesariamente un proyecto político, cultural o institucional.
Entre 1822 y 1844, Haití gobernó la parte oriental de la isla. La separación dominicana culminó con la proclamación de independencia el 27 de febrero de 1844. Aquella experiencia dejó una huella profunda en la construcción de la identidad nacional dominicana y en las relaciones bilaterales.
Posteriormente, los dos países establecieron instrumentos para regular sus relaciones y delimitar sus territorios. El Tratado Fronterizo de 1929 y el protocolo de revisión de 1936 constituyen parte fundamental del marco jurídico que define la frontera actual.
La historia no debe utilizarse para alimentar prejuicios contra la población haitiana, pero tampoco puede ignorarse cuando se discuten soberanía, identidad nacional y seguridad fronteriza.
República Dominicana y Haití tienen trayectorias históricas, instituciones, idiomas y estructuras sociales diferentes. La cooperación es necesaria, pero no debe confundirse con la obligación de construir un solo Estado ni con la renuncia a las respectivas soberanías.
Por eso, cualquier iniciativa internacional que pretenda abordar el futuro político de la isla debe respetar el derecho de ambos pueblos a decidir su propio destino.
¿QUIÉN GARANTIZA QUE LA CRISIS NO TERMINE SIENDO DOMINICANA?
Esta es la pregunta que el presidente Abinader debe responder.
No basta con afirmar que República Dominicana no enviará tropas. El Gobierno debe explicar qué mecanismos tiene preparados para enfrentar un eventual colapso de la misión internacional, un aumento de los desplazamientos hacia la frontera, el tráfico de armas, la expansión de las redes criminales y una posible crisis humanitaria de mayores proporciones.
También debe exigir a Naciones Unidas y a los países participantes una estrategia de salida responsable, con objetivos verificables, plazos, financiamiento y garantías de que Haití no quedará nuevamente abandonado cuando desaparezca el interés internacional.
La solidaridad no puede convertirse en una obligación unilateral. La República Dominicana no puede ser el país que facilita los equipos, abre sus puertos, absorbe las consecuencias fronterizas y termina pagando el costo de una estrategia internacional sin garantías de resultados.
ABINADER DEBE PENSAR MÁS ALLÁ DEL PRÓXIMO OPERATIVO
El presidente tiene que entender que la política hacia Haití no puede manejarse exclusivamente como un asunto diplomático ni como una sucesión de respuestas improvisadas ante cada emergencia.
Se necesita una estrategia nacional de seguridad fronteriza, inteligencia, control migratorio, defensa territorial y coordinación internacional. También se necesita una posición clara frente a cualquier intento de trasladar a República Dominicana responsabilidades que corresponden al Estado haitiano y a la comunidad internacional.
No existe evidencia pública que permita afirmar que Naciones Unidas o las potencias internacionales preparan una unificación política de la isla. Pero precisamente por eso el Gobierno debe establecer límites claros: ninguna solución a la crisis haitiana puede construirse sacrificando la soberanía dominicana o imponiendo un proyecto político que los dominicanos no hayan decidido.
La pregunta no es si debemos ayudar a Haití a recuperar la estabilidad. La pregunta es qué garantías tenemos de que, si el esfuerzo internacional fracasa, no terminaremos enfrentando solos las consecuencias.
Porque una cosa es colaborar para que Haití recupere el control de su territorio y otra muy distinta es permitir que la República Dominicana se convierta en el seguro de vida de una comunidad internacional que podría marcharse cuando considere que ya cumplió su misión.
Y esa diferencia, presidente Abinader, debe estar en el centro de cualquier decisión que comprometa el futuro de nuestra isla.
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