ABINADER PUEDE REFORZAR SU SEGURIDAD FÍSICA, PERO NO PUEDE OBLIGAR A LOS DOMINICANOS A RESPETAR SU LEGADO POLÍTICO
Por Melvin Sena | HackeandoElSistema.net La investigación sobre el supuesto plan para atentar contra el presidente Luis Abinader vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que el ...
Por Melvin Sena | HackeandoElSistema.net
La investigación sobre el supuesto plan para atentar contra el presidente Luis Abinader vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que el Gobierno no debería limitarse a responder con más escoltas, vehículos blindados y dispositivos de seguridad: ¿qué está ocurriendo en la sociedad dominicana para que las amenazas contra el jefe de Estado se hayan convertido en episodios recurrentes?
De acuerdo con informaciones publicadas por Diario Libre, el Ministerio Público investiga a un grupo de al menos diez personas que supuestamente habría coordinado un atentado contra el mandatario mediante Telegram, WhatsApp, Instagram y Zangi. El expediente de 57 páginas señala que el ataque habría sido planificado para el 6 de noviembre, durante los actos conmemorativos del Día de la Constitución.
Delvinson de la Cruz Sosa fue apresado y Leomar Antonio Brens Brito se entregó a las autoridades. La investigación atribuye al primero un presunto papel de coordinación dentro de un grupo denominado «Trinitarios Élite». Estas son imputaciones contenidas en una investigación judicial, no hechos que deban darse por probados antes de una sentencia.
Pero el episodio no aparece aislado. Una publicación del periódico Hoy, fechada el 5 de noviembre, identificó al menos siete personas detenidas, investigadas o sometidas a la justicia en los últimos años por amenazas contra Abinader. Entre los casos mencionados figuran episodios ocurridos en 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.
La reiteración de estos casos obliga a examinar un fenómeno que va más allá de la protección física del presidente.
¿Por qué se multiplican las amenazas contra el presidente?
No podemos afirmar que las amenazas respondan a una sola causa ni que todas estén relacionadas con las decisiones migratorias, fronterizas o económicas del Gobierno. Tampoco podemos confundir las declaraciones violentas de individuos con el sentimiento de toda una población.
Sin embargo, sería un error político ignorar el contexto de inconformidad que existe en distintos sectores de la sociedad dominicana.
Las decisiones del Gobierno sobre la crisis haitiana, el control fronterizo, la migración irregular, el costo de la vida, los servicios públicos y la situación económica generan debates, críticas y frustraciones. Cuando una parte de la población siente que sus preocupaciones no están siendo escuchadas, la distancia entre gobernantes y gobernados puede profundizarse.
La pregunta que debe hacerse Abinader no es solamente quién amenaza su integridad física, sino por qué determinados sectores han llegado a expresar un nivel tan extremo de hostilidad contra su figura.
Eso no significa justificar amenazas ni concederles legitimidad. Significa comprender que la seguridad de un presidente también depende de la confianza que inspire su gestión y de la capacidad de las instituciones para procesar el descontento ciudadano.
Haití, la frontera y el sentimiento de abandono
La política haitiana del Gobierno dominicano constituye uno de los asuntos más sensibles de esta administración.
La crisis institucional, económica y de seguridad de Haití tiene consecuencias directas para República Dominicana. La presión migratoria, las necesidades de los servicios públicos, el control territorial y las dificultades para garantizar una frontera efectiva son preocupaciones legítimas que requieren respuestas concretas.
El Gobierno puede aumentar el número de militares, instalar tecnología, construir infraestructuras fronterizas y anunciar nuevas deportaciones. Pero si los ciudadanos continúan percibiendo que las medidas no resuelven el problema, la frustración política no desaparecerá con más anuncios.
La República Dominicana tiene derecho a establecer y ejecutar una política migratoria soberana. También tiene derecho a exigir que la comunidad internacional asuma responsabilidades frente a la crisis haitiana.
Lo que no puede hacer el Gobierno es esperar que la ciudadanía permanezca indiferente ante decisiones que afectan asuntos tan delicados como la nacionalidad, la identidad, la seguridad y la soberanía.
El problema económico también forma parte del descontento
La economía es otro componente que no puede separarse del debate político.
Cuando las familias enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades, cuando aumenta el costo de los alimentos y los servicios y cuando existe una percepción de que el crecimiento económico no se traduce en mejores condiciones de vida, la confianza en el Gobierno puede deteriorarse.
Un presidente no pierde legitimidad porque alguien lo amenace. La pierde cuando sus políticas dejan de convencer, cuando sus explicaciones no satisfacen a la ciudadanía y cuando sus resultados no responden a las expectativas que generó.
Por eso, el Gobierno debe entender que no todo problema de seguridad se resuelve desde el Ministerio de Defensa o la Policía Nacional. Hay problemas que requieren rectificación política, transparencia, diálogo y cambios en las decisiones públicas.
¿Puede Abinader proteger su cuerpo, pero perder la confianza de una parte de la sociedad?
Aquí se encuentra el punto central de este análisis.
El presidente puede reforzar su esquema de seguridad. Puede aumentar sus escoltas, restringir sus desplazamientos, revisar los protocolos de sus actividades públicas y utilizar los recursos que establece el Estado para proteger su vida.
Todo eso es legítimo y necesario ante una amenaza creíble.
Pero ninguna cantidad de agentes puede obligar a los ciudadanos a aprobar su gestión, admirar su liderazgo o considerar positivo su legado.
La protección física de un mandatario y su legitimidad política son dos asuntos diferentes.
Cuando digo que un presidente puede estar físicamente protegido, pero políticamente desacreditado ante una parte de la población, no estoy hablando de una condena ni de una amenaza. Estoy hablando de la diferencia entre conservar el poder institucional y conservar la confianza ciudadana.
Un gobernante puede terminar su mandato protegido por el Estado y, al mismo tiempo, dejar un legado sometido a fuertes cuestionamientos históricos.
Trujillo: una referencia histórica que no debe convertirse en una propuesta de violencia
La historia dominicana tiene una advertencia que no podemos ignorar.
Rafael Leónidas Trujillo fue ajusticiado el 30 de mayo de 1961 por un grupo de conspiradores. Su muerte puso fin a una dictadura de 31 años, caracterizada por la represión, los asesinatos políticos, la persecución y la concentración del poder.
Pero aquella experiencia no puede convertirse en un precedente para justificar que las diferencias políticas del presente se resuelvan mediante atentados o asesinatos.
La República Dominicana no necesita repetir sus episodios más violentos. Necesita instituciones capaces de investigar, juzgar, sancionar y garantizar que el poder cambie mediante mecanismos constitucionales y democráticos.
Comparar el descontento actual con el final de la dictadura trujillista exige rigor histórico. La República Dominicana de 2026 tiene instituciones, elecciones y mecanismos constitucionales que deben ser defendidos, incluso cuando se cuestiona profundamente al Gobierno.
La violencia política no corrige los errores de un gobernante: destruye el Estado de derecho y puede abrir la puerta a consecuencias todavía más graves.
El verdadero juicio de Abinader será histórico y político
El presidente Luis Abinader debe tener todas las garantías de seguridad que necesite para ejercer sus funciones. Cualquier intento de atentar contra su vida debe ser investigado y sus responsables, si se prueban las acusaciones, deben responder ante la justicia.
Pero también debe comprender que la seguridad presidencial no sustituye la rendición de cuentas.
Las decisiones sobre Haití, la frontera, la migración, la economía y la identidad nacional serán examinadas por los ciudadanos y por la historia. No será suficiente alegar que se actuó con buenas intenciones. Habrá que demostrar resultados.
Si el Gobierno considera que sus decisiones son correctas, debe explicarlas, defenderlas con datos y asumir sus consecuencias. Si se equivoca, debe tener la capacidad de rectificar.
El descontento no se combate criminalizando toda crítica, ni las amenazas se combaten ignorando las causas políticas y sociales que alimentan la desconfianza.
Abinader puede proteger su integridad física, pero no puede imponer por decreto la aprobación de su gestión. Puede terminar su mandato, pero no puede controlar el juicio que la historia hará sobre sus decisiones.
Y esa es precisamente la diferencia entre la seguridad de un presidente y la legitimidad de un gobernante.
La República Dominicana no necesita otro episodio de violencia política. Necesita un Gobierno que escuche, rectifique cuando corresponda y comprenda que la soberanía, la economía y la identidad nacional no son asuntos secundarios.
Porque al final, los presidentes pasan. Las instituciones deben permanecer.
Melvin Sena
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