¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL PRM? PROPONEN CÉDULA PARA PERSONAS SIN NACIONALIDAD DETERMINADA Y ENCIENDEN EL DEBATE SOBRE LA DOMINICANIDAD
Por Melvin Sena | HackeandoElSistema.net Hay propuestas legislativas que obligan a preguntarse si quienes ocupan posiciones de poder conocen suficientemente la historia, la Constit...
Por Melvin Sena | HackeandoElSistema.net
Hay propuestas legislativas que obligan a preguntarse si quienes ocupan posiciones de poder conocen suficientemente la historia, la Constitución y las particularidades de la República Dominicana. Y cuando varias iniciativas relacionadas con la identidad, la migración y la educación aparecen en el debate público, es legítimo exigir explicaciones sobre el rumbo que se pretende seguir.
Una legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Maribel Almánzar de Ogando, depositó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley número 06435-2024-2028-CD, que propone crear un régimen especial para personas cuya nacionalidad dominicana no haya podido ser acreditada, pero que necesitan reconstruir su identidad y regularizar su documentación.
La iniciativa contempla que la Junta Central Electoral pueda expedir una identificación oficial con la expresión «NO VOTA» y, cuando corresponda, «Nacionalidad no determinada». El documento permitiría realizar determinados trámites y mantener relaciones jurídicas, pero no otorgaría nacionalidad dominicana, derechos políticos ni acceso a un pasaporte dominicano.
Aquí hay que hacer una distinción importante: el proyecto no propone entregar la nacionalidad dominicana a todas las personas extranjeras que viven en el país. Lo que plantea es un mecanismo de identificación para personas con situaciones documentales complejas. Sin embargo, eso no elimina la necesidad de discutir sus alcances, sus controles y las garantías para evitar errores o abusos.
¿Por qué una iniciativa de esta naturaleza no viene acompañada de una explicación pública suficientemente amplia sobre sus implicaciones?
La República Dominicana tiene una historia particular en materia de nacionalidad, migración y relaciones con Haití. Por eso, cualquier reforma que involucre registros civiles, identidad y documentación debe ser examinada con rigor. No basta con presentar una propuesta como una solución administrativa: hay que explicar a quiénes beneficiaría, cuáles serían los criterios de inclusión, cómo se verificarían los antecedentes y qué mecanismos impedirían que se produzcan irregularidades.
Pero esta no es la única iniciativa que ha provocado discusión.
En septiembre pasado se produjo un debate alrededor de la posibilidad de incorporar la enseñanza del creole en las escuelas públicas. La controversia comenzó después de que Menegildo de la Rosa, secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Asociación Dominicana de Profesores, expresara su respaldo a esa posibilidad.
La ADP tuvo que aclarar que esas declaraciones no representaban una posición institucional, porque el Comité Ejecutivo Nacional no había discutido ni aprobado la propuesta.
Es decir, no existe, según la información publicada, una decisión oficial de la ADP para incorporar el creole al currículo escolar. Pero el planteamiento abrió una discusión legítima sobre las prioridades del sistema educativo dominicano.
¿Debe el sistema educativo dominicano incorporar el creole como parte de su currículo o concentrarse primero en resolver sus propias deficiencias?
Con escuelas que necesitan mejores condiciones, estudiantes que requieren fortalecer sus competencias fundamentales y docentes que reclaman atención a sus demandas, cualquier modificación curricular debe responder a una planificación educativa seria. Aprender otros idiomas puede ser útil, pero una cosa es ofrecer oportunidades voluntarias de aprendizaje y otra muy distinta es convertir una lengua en una prioridad del currículo nacional sin un debate público y técnico.
Conocer el creole no representa una amenaza por sí mismo. El problema es que las decisiones educativas no pueden adoptarse por presión coyuntural ni sin evaluar sus necesidades, costos y beneficios.
¿Y dónde queda la responsabilidad del Gobierno en el control migratorio y la protección de la frontera?
Durante años, el presidente Luis Abinader ha presentado la seguridad fronteriza como una prioridad de su administración. Se han anunciado medidas, despliegues militares y recursos para fortalecer la vigilancia. Sin embargo, el Gobierno debe rendir cuentas sobre los resultados concretos de esas políticas y explicar las dificultades que todavía persisten.
No basta con titulares, declaraciones y fotografías de operativos. La ciudadanía necesita información verificable sobre el control territorial, las deportaciones, la lucha contra el tráfico de personas y las investigaciones sobre cualquier red que facilite la migración irregular.
También corresponde examinar la actuación de los funcionarios responsables de la política exterior y migratoria. La defensa de la soberanía exige instituciones coherentes, transparentes y capaces de ejecutar las decisiones del Estado.
¿Estamos discutiendo una política nacional de identidad y migración o estamos reaccionando a propuestas aisladas sin una visión de país?
Ese es el fondo del problema. La República Dominicana necesita una política migratoria ordenada, una frontera bajo control, un sistema de registro civil confiable y una educación que fortalezca la historia, la cultura y la identidad nacional.
Defender la dominicanidad no significa desconocer los derechos fundamentales de las personas ni convertir a los haitianos en enemigos. Significa reconocer que cada Estado tiene el derecho y la obligación de establecer sus reglas de nacionalidad, documentar a quienes se encuentran en su territorio y hacer cumplir sus leyes.
Lo que no puede ocurrir es que el país avance de una discusión a otra sin explicaciones claras, sin controles suficientes y sin una estrategia nacional que coloque el interés dominicano en el centro de las decisiones.
El PRM llegó al poder con promesas de cambio y de fortalecimiento institucional. Sus legisladores y funcionarios tienen la responsabilidad de explicar qué persiguen con estas iniciativas y cómo garantizan que sean compatibles con la Constitución, la soberanía y las prioridades nacionales.
Porque la identidad de un país no se protege con discursos ni con consignas. Se protege con instituciones responsables, políticas coherentes y decisiones tomadas con conocimiento de nuestra historia.
La pregunta final es inevitable: ¿quién está pensando estratégicamente en el futuro de la República Dominicana mientras se presentan propuestas que afectan asuntos tan sensibles como la nacionalidad, la educación y el control migratorio?
Melvin Sena
HackeandoElSistema.net
forumComentarios de la red (0)
Cargando comentarios...