Cuando Luis Abinader llegó al poder en agosto de 2020, uno de los pilares de su campaña fue el compromiso de mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Durante la campaña prometió enfrentar el alto costo de la vida, fortalecer el poder adquisitivo de las familias, respaldar la producción nacional y garantizar que los ciudadanos pudieran comprar más con el mismo salario.
Cuatro años después, esas mismas promesas fueron parte importante de su campaña de reelección en 2024. El discurso oficial insistía en que la economía dominicana era una de las más fuertes de la región, que la inflación estaba bajo control y que el país avanzaba por el camino correcto.
Sin embargo, los números oficiales del propio Banco Central cuentan otra historia.
Una canasta básica 36.5 % más cara
Los datos publicados por el Banco Central revelan que entre octubre de 2020 y junio de 2026 el costo promedio de la canasta básica aumentó un 36.5 %.
Las cuatro regiones del país registraron incrementos superiores al 32 %.
- Región Ozama: 32.49 %
- Región Norte: 37.85 %
- Región Este: 37.48 %
- Región Sur: 38.79 %
Es decir, alimentar a una familia dominicana hoy cuesta miles de pesos más que cuando Abinader asumió el poder.
Y ese dato no proviene de la oposición.
Proviene del Banco Central de la República Dominicana.
El problema no es solo la inflación
El Gobierno suele destacar que la inflación anual ha disminuido respecto a los niveles registrados durante la pandemia.
Eso es cierto.
Pero también es cierto que una inflación menor no significa que los precios bajen.
Significa únicamente que continúan aumentando, aunque a un ritmo más lento.
En otras palabras, los productos siguen siendo más caros que hace cuatro o cinco años.
Para una familia que vive de un salario fijo, esa diferencia no es un tecnicismo económico.
Es dinero que deja de alcanzar.
Los salarios siguen muy por debajo
El problema adquiere otra dimensión cuando se observa el mercado laboral.
Según los datos citados por ADARS con base en estadísticas del Banco Central:
- Más del 52 % de los trabajadores dominicanos pertenece al sector informal.
- Cerca del 69 % de los trabajadores formales gana RD$30,000 o menos al mes.
Ahora comparemos esas cifras.
En la Región Ozama, la canasta básica supera los RD$56,900.
Es decir, una gran parte de los trabajadores formales ni siquiera genera el ingreso necesario para cubrir el costo promedio de la alimentación y los bienes esenciales de un hogar.
Y eso sin contar alquiler, transporte, educación, salud o servicios básicos.
Las promesas de campaña. Durante la campaña de 2020, Luis Abinader prometió:
- reducir el costo de la vida;
- fortalecer la producción nacional;
- mejorar el poder adquisitivo;
- proteger el bolsillo de las familias.
En la campaña de 2024 volvió a presentar su gestión económica como uno de sus principales logros y aseguró que los dominicanos estaban viviendo una recuperación económica.
Sin embargo, seis años después, los datos oficiales muestran que el costo de la vida continúa aumentando y que el salario de una gran parte de los trabajadores sigue sin alcanzar para cubrir las necesidades básicas.
Esa es una realidad que miles de familias experimentan cada vez que visitan un supermercado.
El discurso y la realidad
Es posible que los indicadores macroeconómicos sean positivos.
Es posible que la inversión extranjera haya aumentado.
Es posible que el crecimiento económico coloque al país entre los mejores de América Latina.
Todo eso puede ser cierto al mismo tiempo.
Pero también puede ser cierto que una familia llegue al supermercado y compre menos productos con el mismo dinero.
La macroeconomía puede celebrar récords.
La economía del hogar no siempre los siente.
La verdadera evaluación
Todo gobierno tiene derecho a explicar las razones detrás de los aumentos de precios: pandemia, guerra entre Rusia y Ucrania, crisis logística internacional o inflación importada.
Esos factores existieron y tuvieron un impacto real.
Pero también es legítimo preguntarse si las promesas hechas en 2020 y reafirmadas en 2024 terminaron cumpliéndose.
Cuando el propio Banco Central informa que la canasta básica aumentó un 36.5 % durante la gestión de Luis Abinader, la discusión deja de ser política.
Pasa a ser una discusión sobre resultados.
Y al final, los ciudadanos no evalúan un gobierno por los discursos de campaña.
Lo evalúan por una pregunta mucho más sencilla:
¿Con mi salario de hoy puedo comprar más o puedo comprar menos que hace seis años?
Para millones de dominicanos, la respuesta parece estar en los mismos números oficiales del Estado.
A todos los medios y “comunicadores” que seguramente leerán este análisis y encontrarán en él insumos para sus propios contenidos: utilizar información es parte del ejercicio periodístico, pero el crédito también lo es. Reconocer a Hackeandoelsistema.net no solo es un acto de ética profesional, sino que además fortalece su propia credibilidad ante la audiencia, proyectándolos como comunicadores serios, con criterio, fuentes y capacidad real de análisis. Dar crédito no resta; al contrario, suma rigor, transparencia y respeto en un ecosistema mediático que cada vez exige más responsabilidad
Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.







