La decisión de la jueza Altagracia Ramírez de otorgar un auto de no ha lugar a Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros imputados del caso Calamar ha provocado una intensa reacción en la opinión pública dominicana. Mientras algunos celebran el fallo como una victoria de la justicia, otros consideran que se trata de un duro golpe para el Ministerio Público y para la lucha contra la corrupción.
Lo primero que debe quedar claro es que un no ha lugar no constituye una declaración de inocencia.
Jurídicamente, significa que el tribunal entiende que las pruebas presentadas en esa etapa procesal no son suficientes para justificar la apertura de un juicio de fondo contra esos imputados. No significa necesariamente que los hechos investigados nunca ocurrieron ni que las acusaciones hayan sido completamente desmontadas. De hecho, el propio Ministerio Público anunció que apelará la decisión.
Sin embargo, más allá de la discusión jurídica, el fallo abre una serie de interrogantes que afectan directamente la credibilidad de todo el expediente Calamar.
Durante años, el Ministerio Público presentó a Ramón Emilio Jiménez, conocido como Mimilo, como una de las piezas centrales del caso.
Las autoridades utilizaron sus declaraciones para sostener parte importante de la narrativa acusatoria relacionada con pagos irregulares, financiamiento político y movimientos millonarios de recursos públicos.
Ahora surge una pregunta inevitable.
Si las declaraciones de Mimilo fueron tan importantes para construir el expediente, y uno de los principales beneficiarios de esas acusaciones obtiene un no ha lugar, ¿qué ocurrirá con el acuerdo alcanzado con el delator privilegiado?
El propio procurador adjunto Wilson Camacho criticó que el tribunal acogiera los testimonios de Mimilo, Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña durante el proceso, pero que posteriormente no realizara una ponderación adecuada de esas declaraciones al momento de emitir el fallo.
La contradicción es evidente.
Si los testimonios eran creíbles para ser admitidos, ¿por qué no fueron suficientes para justificar la apertura a juicio?
Y si no fueron suficientes, ¿qué impacto tiene eso sobre la credibilidad de quienes recibieron beneficios procesales por colaborar con el Ministerio Público?
El expediente Calamar fue presentado como una estructura que habría defraudado al Estado dominicano por más de RD$19,000 millones.
Según la acusación, se realizaron pagos irregulares por expropiaciones, sobornos vinculados a juegos de azar, financiamiento ilícito de campañas y otras operaciones que involucraban grandes cantidades de dinero público.
Si el Ministerio Público sostiene que existió un esquema de corrupción de esa magnitud, la ciudadanía tiene derecho a preguntar:
¿Dónde está ese dinero?
¿Quiénes lo recibieron?
¿Quiénes se beneficiaron?
¿Quiénes deberán responder por esos fondos?
Y si algunos de los principales acusados quedan fuera del proceso, las dudas inevitablemente aumentan.
Es importante señalar que el caso Calamar no ha terminado.
La jueza ordenó la apertura a juicio contra 35 de los 40 acusados originalmente incluidos en el expediente.
Entre ellos figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero, señalado por el Ministerio Público como parte del núcleo operativo de la presunta estructura criminal.
Por esa razón, quienes presentan el fallo como una derrota total del Ministerio Público también simplifican demasiado la realidad.
La mayoría de los acusados sí enfrentarán un juicio de fondo.
Quizás el aspecto más delicado de todo este proceso sea el impacto institucional.
Durante años se prometió una nueva era de persecución de la corrupción.
Se realizaron grandes operativos, extensas investigaciones, conferencias de prensa y presentaciones de expedientes que fueron descritos como históricos.
Sin embargo, una parte importante de la población comienza a preguntarse por qué los casos más emblemáticos parecen enfrentar dificultades cuando llegan a los tribunales.
La credibilidad de una investigación no se mide por la cantidad de páginas del expediente ni por el número de ruedas de prensa.
Se mide por la capacidad de sostener las acusaciones ante un juez.
Por eso, independientemente de la apelación anunciada por el Ministerio Público, el fallo obliga a una profunda reflexión sobre la calidad de las investigaciones, la estrategia procesal y la capacidad institucional para transformar acusaciones en condenas.
La dimensión política tampoco puede ignorarse.
La decisión llega en un momento en que el PLD intenta recuperar espacio político tras años de desgaste electoral.
Además, ocurre cuando Gonzalo Castillo ya ha dejado entrever sus aspiraciones de volver al escenario político nacional.
Naturalmente, esto ha provocado que algunos sectores interpreten el fallo como un acontecimiento con consecuencias que van mucho más allá del ámbito judicial.
No existen pruebas públicas que permitan afirmar que hubo una manipulación política de la decisión.
Sin embargo, sí es cierto que el resultado beneficia políticamente a determinados actores y modifica el tablero político nacional.
Por esa razón, las sospechas, los cuestionamientos y las teorías sobre posibles motivaciones políticas continuarán formando parte del debate público.
La cuestión central es mucho más profunda.
Si después de años de investigaciones, delatores, allanamientos, expedientes voluminosos y acusaciones multimillonarias, los responsables de la corrupción no reciben sanciones definitivas, la percepción ciudadana será que la impunidad continúa siendo la norma.
Y cuando la ciudadanía pierde la confianza en que los grandes casos de corrupción llegarán a una conclusión clara y transparente, pierde también confianza en las instituciones encargadas de proteger el Estado de derecho.
Por eso el verdadero desafío del Ministerio Público no es ganar una batalla mediática.
Es demostrar ante los tribunales que los hechos que denunció pueden probarse más allá de toda duda razonable.
Hasta entonces, el caso Calamar seguirá siendo tanto un proceso judicial como un símbolo de la crisis de confianza que existe entre la ciudadanía y el sistema de justicia dominicano.
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