La Repetición que Ya No Puede Negarse: El PRM, José Ignacio Paliza y el Patrón de Candidatos Vinculados al Narcotráfico
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La filtración recurrente de candidatos y dirigentes políticos con historial o acusaciones vinculadas al narcotráfico se ha convertido en un problema estructural dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM).La acumulación de casos de dirigentes, candidatos y funcionarios electos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) vinculados al narcotráfico ha dejado de ser una coincidencia aislada para convertirse en un patrón difícil de ignorar. Bajo la presidencia partidaria de José Ignacio Paliza, más de una decena de figuras con procesos por drogas o lavado de activos han salido a la luz en República Dominicana, Estados Unidos y Colombia, cuestionando la efectividad —y la credibilidad— de los filtros internos del partido de gobierno. Mientras cada nuevo escándalo desacredita la narrativa oficial de transparencia, crece la presión pública por explicaciones que aún no llegan, y que comprometen tanto la autoridad de Paliza como el liderazgo político que lo respalda.
El incidente más reciente involucra la pregunta pública sobre si Joel Blandino, actual regidor del PRM en Baní, sería la misma persona que figura en expedientes judiciales como Joel Antonio Soto Blandino, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2010 acusado de narcotráfico, según reportes de la DNCD y publicaciones de medios como El Día y Hoy Digital. Aunque aún no existe una aclaración oficial que confirme o descarte la coincidencia de identidad, la falta de respuesta inmediata de la dirección del PRM ha profundizado las sospechas.
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Lo que preocupa no es solo el caso aislado, sino el patrón.
Un patrón que se repite bajo la presidencia del PRM de José Ignacio Paliza
Desde que José Ignacio Paliza asumió la presidencia del PRM, numerosos casos de dirigentes, legisladores, regidores o funcionarios vinculados al partido han sido procesados por narcotráfico o lavado de activos, tanto en República Dominicana como en Estados Unidos y Colombia.
Entre los casos más notorios documentados en la última década se encuentran:
Procesados en República Dominicana
- Rosa Amalia Pilarte, exdiputada – condenada en 2025 por lavado de activos.
- Juan Maldonado, exdirector de Comunidad Digna – implicado en Operación Falcón.
- Faustina Guerrero Cabrera, diputada – procesada por lavado en Operación Falcón.
- Nelson Marmolejos, diputado – investigación en Suprema Corte; vínculo con Falcón.
- Enriquillo Brito, director municipal – detenido por caso de 620 kg de cocaína.
Procesados en el extranjero
- Miguel Gutiérrez Díaz, exdiputado – condenado en Miami por narcotráfico.
- Yamil Abreu Navarro, exdirigente – extraditado y procesado por vínculos con el Cartel de Sinaloa.
- Edickson Herrera, regidor – entregado en Miami por conspiración internacional.
- Roberto de los Santos Domínguez, exmiembro – condenado en 2025 por narcotráfico.
- Alexander Iglesias Ventura – condenado por narcotráfico.
- Francisco Alberto Gómez (Frico) – condenado a 100 meses en EE. UU.
- Erick Randhiel Mosquea Polanco – capturado en Colombia, pieza clave de Falcón.
- Gaspar Antonio Polanco Virella – entregado en Miami, acusado por conspiración.
Para cualquier partido, dos o tres casos serían motivo de alarma. En el PRM, la lista supera la decena. Y eso obliga a hacerse preguntas institucionales, no individuales.
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La crisis de control político y el liderazgo cuestionado
El rol de José Ignacio Paliza como presidente del PRM ha sido cuestionado incluso desde dentro de la organización.
Sectores internos reconocen que Paliza no logró ejercer control político real sobre las estructuras municipales y provinciales del partido, donde históricamente se infiltran intereses económicos dudosos, especialmente durante periodos electorales.
Para analistas políticos, Paliza ha desempeñado más un rol administrativo que de conducción estratégica. Su presidencia, según voces internas, genera la percepción de ser una extensión del Palacio Nacional, más que una dirigencia autónoma enfocada en disciplina interna, filtros éticos y depuración de candidaturas.
Esa relación de dependencia con el Ejecutivo se hizo evidente desde su ascenso a la presidencia del PRM, un puesto que —según diversos sectores dentro del partido— le fue asegurado por el propio presidente Luis Abinader, evitando que dirigentes con mayor trayectoria política, como Guido Gómez Mazara, compitieran en igualdad de condiciones.
La sombra sobre Abinader: transparencia predicada, contradicciones pendientes
Aunque no existe evidencia que vincule directamente al presidente Luis Abinader con actividades ilícitas, sí existe una responsabilidad política clara: la selección y validación de las estructuras de poder que sostienen su partido.
Si bien José Ignacio Paliza preside el PRM durante el periodo en que ha estallado la mayor cantidad de casos de dirigentes y candidatos vinculados al narcotráfico, sería incompleto concentrar toda la responsabilidad únicamente en su gestión. Su ascenso a la presidencia partidaria se produjo en un proceso decidido por delegados, en el cual sectores internos señalaron que la base prefería a Guido Gómez Mazara, pero la dirección del partido optó por un modelo cerrado de elección. Esta decisión —tomada con el respaldo del presidente Luis Abinader, líder natural del PRM— consolidó una línea política definida desde la cúpula.
Hoy, ante el volumen de casos judiciales que comprometen a distintas figuras del partido, ese proceso interno vuelve a ser objeto de escrutinio, pues expone la tensión entre la voluntad de la base y las decisiones estratégicas de la dirigencia, sin que todavía exista una explicación clara sobre cómo se filtraron tantos candidatos cuestionados en estructuras locales y nacionales.
Cada nuevo caso que estalla —como el de Joel Blandino— golpea directamente la narrativa de transparencia y depuración que el gobierno proyecta dentro y fuera del país. Y la ausencia de explicaciones públicas rápidas, verificables y convincentes alimenta la percepción de que existe un problema de control interno que el liderazgo del PRM no ha querido enfrentar con firmeza.
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Un país que exige respuestas
Si la información que circula sobre Joel Blandino resulta ser cierta, estamos ante un escenario particularmente grave: una persona extraditada por narcotráfico habría regresado al país para ocupar un cargo electivo bajo el paraguas del partido oficial.
Esto, de confirmarse, constituye una burla institucional, una falla monumental en los sistemas de depuración electoral, y un golpe a la confianza del ciudadano.
El silencio no es una opción.
El PRM debe responder:
- ¿Qué filtros se aplican para aprobar candidaturas municipales?
- ¿Quién avaló políticamente estas postulaciones?
- ¿Cómo explicar que tantos casos similares ocurran bajo la misma administración partidaria?
- ¿Cuál es el rol real de la presidencia del partido en el control de estas estructuras?
Cuando el patrón es evidente, negarlo se convierte en complicidad
La República Dominicana no puede seguir normalizando que figuras con antecedentes o vínculos con el narcotráfico encuentren cobijo en estructuras políticas. Y el PRM, como partido gobernante, tiene la responsabilidad mayor.
Esas responsabilidades no se diluyen:
- Paliza debe explicar por qué tantos casos se “colaron” bajo su mandato.
- El gobierno debe aclarar su rol en la supervisión y control de las candidaturas.
- El país tiene derecho a exigir respuestas claras, verificables y públicas.
La transparencia no se predica; se ejerce.
Y evitar el escrutinio solo agrava un patrón que, a estas alturas, es imposible ignorar.
Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.
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