En un acto evidente de manipulación mediática, el medio N Digital ha intentado suavizar el impacto judicial contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, responsables del colapso del techo de la discoteca Jet Set, donde 236 personas perdieron la vida y más de 180 resultaron heridas, incluyendo menores que hoy quedaron huérfanos. Este desastre, producto de una negligencia criminal, no puede ser reducido ni tratado con ligereza bajo una lectura torcida del Código Penal.
N Digital, en su cobertura del caso, ha querido centrar el enfoque exclusivamente en el Artículo 319 del Código Penal Dominicano, que sanciona el homicidio involuntario con una pena de tres meses a dos años de prisión correccional. Sin embargo, lo que el medio omite —intencionalmente— es que este artículo no aplica de forma aislada cuando los hechos revelan agravantes como la multiplicidad de víctimas, inobservancia sistemática de advertencias, manipulación de testigos y presunta obstrucción de justicia, elementos todos presentes en este caso.
La Procuraduría General de la República, en su investigación, ha señalado no solo negligencia grave, sino además maniobras de intimidación a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., así como el encubrimiento deliberado del estado ruinoso del techo, ignorando informes y advertencias técnicas. Esto transforma la figura penal de un simple «homicidio involuntario» en un caso complejo de criminalidad empresarial con múltiples agravantes.
¿Qué busca N Digital con esta narrativa?
Desde Hackeandoelsistema.net denunciamos que esta línea editorial no es casual: busca presionar al juez de atención permanente que conocerá las medidas de coerción, tratando de instalar en la opinión pública la falsa idea de que los Espaillat solo enfrentan un «error humano» que podría resolverse con una fianza y una condena simbólica.
Esta conducta periodística es irresponsable y raya en lo cómplice, porque trivializa una tragedia sin precedentes y revictimiza a cientos de familias que hoy lloran a sus muertos, enfrentan traumas físicos y psicológicos, o han quedado en la ruina.
¿Qué enfrenta realmente la familia Espaillat?
- Posibles condenas penales combinadas de hasta 30 años, si se les acumulan cargos como asociación de malhechores, obstrucción de justicia, intimidación de testigos y homicidio múltiple con agravantes.
- Más de mil millones de pesos en indemnizaciones civiles, embargos preventivos y sanciones administrativas por parte del Estado y familiares de víctimas.
- Un expediente penal con pruebas demoledoras, incluyendo mensajes de advertencia ignorados, videos incriminatorios y un informe de Onesvie que confirma la vulnerabilidad estructural del techo, no atendida por los propietarios.
Basta de encubrimiento mediático
Desde este espacio independiente, Hackeandoelsistema.net, hacemos un llamado directo a los jueces, al Ministerio Público y a la sociedad civil: no se dejen chantajear por la manipulación de medios que responden a intereses empresariales. La justicia no puede estar sujeta al poder económico, ni a titulares diseñados para confundir y debilitar la presión legítima de la opinión pública que exige cárcel, reparación y justicia real.
N Digital ha quedado expuesta.
Y nosotros, como medio libre, no vamos a callar.
Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.
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