La situación de las parturientas haitianas ha sobrepasado las capacidades del presidente Abinader, lo que evidencia la magnitud del problema que afecta directamente al sistema de salud pública. Ante esta crisis, es imperativo convocar al desgastado liderazgo nacional para que asuma su responsabilidad y trabaje de manera conjunta en la búsqueda de soluciones efectivas. Además, es urgente que el Congreso organice vistas públicas para que todos los sectores de la sociedad, desde expertos hasta ciudadanos comunes, puedan contribuir con sus propuestas y puntos de vista sobre cómo abordar este grave problema. La situación no puede resolverse de manera aislada; requiere de un esfuerzo colectivo que garantice la estabilidad del sistema de salud y el bienestar de los dominicanos.
El presidente Luis Abinader ha informado que el Poder Ejecutivo está evaluando la posibilidad de eliminar la gratuidad de los servicios públicos para los extranjeros en condición de tránsito. Esta medida surge en respuesta a la creciente presión que el sistema de salud público enfrenta debido a la cantidad de partos de madres haitianas en hospitales dominicanos.
Según datos oficiales, durante los primeros once meses del 2024, se registraron 29,710 partos de mujeres haitianas en la red pública de salud, lo que equivale al 35.7% de un total de 83,186 partos. Este fenómeno ha generado un intenso debate sobre el costo que representa para el Estado dominicano y la sostenibilidad del sistema de salud ante la alta demanda de servicios por parte de extranjeras en tránsito.
Una Crisis Nacional que Requiere Soluciones Integrales
No es la primera vez que se pone sobre la mesa la discusión sobre el impacto de la inmigración irregular en el sistema de salud dominicano. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo abordamos esta crisis sin afectar derechos humanos ni comprometer los recursos del país?
Si el presidente Luis Abinader no tiene claro cómo implementar una solución efectiva ni cuenta con el equipo humano que lo asesore en la toma de decisiones correctas para garantizar los intereses, la soberanía y el bienestar nacional, entonces es hora de convocar a todo el liderazgo nacional y a todos los sectores interesados para discutir posibles soluciones. Este problema no puede ser manejado de manera unilateral ni a base de improvisaciones. Se requiere una visión de Estado, donde todas las voces sean escuchadas y se busque una salida viable que proteja tanto la estabilidad del sistema de salud como los derechos fundamentales de todos los involucrados.
Posibles Soluciones para un Problema Complejo
Ante esta situación, surgen varias opciones que pueden ser consideradas en un debate abierto y responsable:
- Aplicación estricta de la Ley de Migración: El Estado debe garantizar que quienes ingresan al país lo hagan bajo las regulaciones establecidas, evitando el abuso de los servicios gratuitos.
- Acuerdos bilaterales con Haití: Se debe establecer un diálogo con el gobierno haitiano para compartir responsabilidades y buscar soluciones conjuntas, como la implementación de un sistema de salud transfronterizo.
- Seguro obligatorio para extranjeros en tránsito: Muchos países exigen a los turistas y extranjeros un seguro médico obligatorio antes de ingresar. Esto reduciría la carga sobre el sistema de salud dominicano.
- Revisión del financiamiento hospitalario: Evaluar si la inversión en salud pública está siendo correctamente distribuida y si existen fuentes de financiamiento alternativas para atender la crisis.
- Concienciación y control fronterizo: Mejorar la seguridad en la frontera y crear campañas de educación en Haití sobre los riesgos de la migración irregular y la carga que representa para el sistema de salud dominicano.
Un Problema de Todos
El gobierno de Abinader no puede ni debe enfrentar solo esta crisis. El país debe asumir un rol activo en la búsqueda de soluciones. Si seguimos ignorando el problema o simplemente postergándolo, el colapso del sistema de salud será una realidad inminente.
La clave está en el consenso nacional, donde se involucren expertos en salud, legisladores, empresarios, la sociedad civil y organismos internacionales, con el fin de encontrar una solución justa, equilibrada y sostenible. Esta crisis no es solo un problema de gobierno, sino un desafío de toda la nación.
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