El colapso del techo del JetSet Club, aquel icónico escenario de la vida nocturna dominicana, no fue solo una tragedia estructural: fue una metáfora perfecta del derrumbe ético de quienes debieron proteger vidas y prefirieron proteger intereses.
Gregory Adamés, empleado del JetSet, ha lanzado una bomba que compromete seriamente a la familia Espaillat. Ha responsabilizado directamente a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat si algo llegase a ocurrirle. No es paranoia. Es una advertencia con pruebas: Adamés entregó a la Procuraduría General de la República un teléfono que contiene videos y conversaciones con Antonio Espaillat, en las que habría dejado claro que la fiesta del 8 de abril de 2025 no debía celebrarse, ya que el techo presentaba riesgo de colapso.
Pero la advertencia fue ignorada. El resultado: una tragedia que pudo evitarse.
El Ministerio Público ha confirmado que los hermanos Espaillat intentaron intimidar y manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., operadora del Jet Set Club. En el expediente se señala que mostraron «una inmensa irresponsabilidad y negligencia», al no intervenir la estructura de manera adecuada y profesional. El resultado de su indiferencia: una tragedia anunciada.
Ambos fueron arrestados por orden del procurador adjunto Wilson Camacho y serán presentados ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional para conocer medidas de coerción, bajo cargos de homicidio involuntario, según lo establece el Artículo 319 del Código Penal Dominicano.
Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat enfrentan uno de los procesos judiciales más graves y escandalosos en la historia reciente de la República Dominicana, tras el colapso del techo del JetSet Club el pasado 8 de abril de 2025, que dejó un saldo devastador de más de 230 muertos, 150 heridos y 176 niños huérfanos.
Están siendo imputados por homicidio involuntario conforme al Artículo 319 del Código Penal, además de asociación de malhechores, obstrucción de la justicia e intimidación de testigos, lo que podría llevarlos a enfrentar hasta 30 años de prisión, la pena máxima permitida en el país.
En el plano económico, se exponen a más de mil millones de pesos en indemnizaciones por daños a las víctimas, demandas civiles por parte de los familiares, embargos preventivos de bienes personales y empresariales, y sanciones adicionales por negligencia empresarial. La evidencia entregada por exempleados, incluyendo advertencias previas sobre el riesgo de colapso, así como intentos de encubrimiento, agrava aún más el expediente penal y moral en su contra.
El intento burdo de manipular a la opinión pública
Lo más indignante de este caso no es solo la muerte evitable ni la corrupción empresarial. Es el papel servil que jugaron ciertos medios y periodistas tradicionales. La entrevista “exclusiva” que Antonio Espaillat ofreció a Edith Febles, en su momento presentada como una búsqueda de la verdad, ha quedado al desnudo como lo que realmente fue: un servicio de relaciones públicas, un intento desesperado y vergonzoso de manipular la narrativa pública para encubrir una negligencia criminal como la del JetSet, porque ya lo han hecho anteriormente.
Ya el tiempo lo ha demostrado: en lugar de buscar justicia, algunos prefieren proteger intereses. Y lo hacen desde sus tribunas “respetables”, presentando a los victimarios como víctimas, y a las víctimas como un “daño colateral”.
Es la misma prensa tradicional que, desesperada por no perder control del discurso, ahora apoya las leyes del Ejecutivo que buscan censurar las redes sociales, el último bastión de la crítica ciudadana y la verdad sin maquillaje.
Pero ya no engañan a nadie
Los tiempos han cambiado. El pueblo ya no es rehén de las portadas compradas ni de las entrevistas armadas. Cada día más personas entienden que cuando los micrófonos tradicionales se alquilan, las redes se encienden. Y con cada caso como este, los que se creían inmunes a la rendición de cuentas, caen como techos podridos.
Este caso no solo debe terminar con sanciones judiciales para los responsables de la tragedia del Jet Set. También debe ser el principio de un ajuste de cuentas con quienes usan sus cámaras y micrófonos para engañar al país.
La justicia no puede seguir siendo selectiva. Ni el periodismo, cómplice.
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