En un país donde la inflación castiga los bolsillos de los ciudadanos con un aumento constante en el costo de la vida, es inaceptable que el gobierno del presidente Abinader, de la República Dominicana ignore sus responsabilidades legales y morales para mitigar esta crisis. Desde hace años, el artículo 37 del Código Tributario exige que se ajuste la base tributaria por inflación, una disposición que permitiría a los ciudadanos pagar impuestos de manera justa y acorde con el poder adquisitivo real. Sin embargo, esta obligación ha sido sistemáticamente ignorada.
El del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, ha denunciado repetidamente la negligencia gubernamental con el presidente Abinader, en este aspecto. Cada año, el Estado pasa por alto este ajuste, incumpliendo sus propias leyes y dejando a los trabajadores atrapados en un sistema injusto, donde los salarios estancados no pueden competir con una inflación galopante.
Un presupuesto que no prioriza el bienestar colectivo
El presupuesto nacional aprobado para 2025 alcanza cifras astronómicas, acercándose al millón y medio de pesos, pero, paradójicamente, refleja una desconexión total con las prioridades reales del país. A pesar de ser un monto récord, sigue destinándose a instituciones y programas cuya utilidad y efectividad son cuestionables, mientras áreas cruciales permanecen desatendidas.
Por ejemplo, sectores vitales como la educación y la salud reciben asignaciones que apenas cubren sus necesidades mínimas:
- El Servicio de Educación de Adultos, clave para combatir el rezago educativo, recibe poco más de 4.8 mil millones de pesos, una cifra insuficiente frente a la magnitud del desafío.
- El Departamento Multisectorial de Reducción al Embarazo en Adolescentes cuenta con apenas 22.3 millones, a pesar de la alarmante tasa de embarazos adolescentes que impacta negativamente en el desarrollo del país.
Mientras tanto, recursos exorbitantes fluyen hacia sectores y entidades de dudosa prioridad:
- La Dirección General del Mecenazgo, que gestiona aportes culturales, recibe 50 millones de pesos anuales.
- Los sacerdotes militares, a través del arzobispado castrense, obtienen 40 millones, un monto difícil de justificar en un contexto de precariedad generalizada.
En el sector energético, el despilfarro es aún más evidente:
- Las empresas distribuidoras de electricidad del Este, Norte y Sur suman asignaciones por más de 83 mil millones de pesos anuales, pero los dominicanos siguen sufriendo apagones interminables y tarifas elevadas.
¿Dónde está el compromiso gubernamental?
El gobierno del presidente Abinader, no solo ha fallado en cumplir con el ajuste por inflación, sino que también perpetúa una política de gasto público descontrolado y sin rendición de cuentas. Esta combinación de negligencia y despilfarro condena a la población a un ciclo perpetuo de pobreza y desigualdad.
Urge que el Estado tome medidas concretas para reducir la inflación y priorice la transparencia en el uso de los recursos públicos. Esto incluye una revisión exhaustiva de las asignaciones presupuestarias para eliminar gastos innecesarios y fortalecer sectores estratégicos.
Si no se actúa ahora, el país seguirá hundiéndose en una crisis económica y social que hará cada vez más difícil para los dominicanos construir un futuro digno. El llamado es claro: el gobierno debe salir de su indiferencia y asumir la responsabilidad que le corresponde. Los ciudadanos no pueden esperar más.
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