La promulgación de la Ley 30-26, presentada por el Gobierno como parte de su plan de medidas fiscales para enfrentar la situación económica, ha reabierto un debate que parecía cerrado: el cobro a quienes salen de la República Dominicana por vía aérea.
Entre las nuevas disposiciones figura una contribución de salida de US$30 por pasajero, de aplicación inmediata según el texto divulgado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La controversia no gira únicamente en torno al aumento del monto.
Durante años, los pasajeros pagaron una contribución de US$10 incorporada en el costo de los boletos aéreos. Ese cobro fue objeto de múltiples cuestionamientos legales y constitucionales, hasta el punto de que el Tribunal Constitucional, mediante una sentencia emitida en 2022, declaró su inconstitucionalidad por considerar que carecía de base legal suficiente.
A pesar de esa decisión, diversos sectores han denunciado que el cobro de los US$10 continuó aplicándose en algunos casos mediante los boletos aéreos, especialmente en lo relativo a la denominada tarjeta de turista, generando reclamos de organizaciones de la diáspora y especialistas en derecho tributario.
El tema también tiene una importante dimensión política.
Durante la campaña presidencial de 2020, Luis Abinader manifestó públicamente que eliminaría el cobro de los US$10 que afectaba principalmente a los dominicanos residentes en el exterior, al considerar que representaba una carga injustificada para la diáspora.
Seis años después, la nueva legislación no elimina el gravamen, sino que crea una contribución de salida de US$30, equivalente al triple del monto que durante años fue objeto de críticas.
Ese cambio inevitablemente será comparado con los compromisos asumidos durante la campaña electoral.
Según el documento divulgado por la DGII:
La contribución de salida no llega sola.
La Ley 30-26 también contempla:
Impacto sobre la diáspora
Cada año millones de dominicanos residentes en Estados Unidos, España, Puerto Rico y otros países visitan el país, enviando además miles de millones de dólares en remesas.
Para muchos críticos, establecer un cobro de US$30 por salida representa un costo adicional para familias que ya enfrentan elevados precios en boletos aéreos, equipaje, impuestos aeroportuarios y otros cargos incluidos en los pasajes.
Las organizaciones de dominicanos en el exterior han sostenido históricamente que estos gravámenes desincentivan los viajes y afectan el vínculo entre la diáspora y el país.
La principal interrogante ahora será si esta nueva contribución resistirá el mismo escrutinio constitucional que enfrentó el antiguo cobro de US$10.
Juristas probablemente analizarán si la nueva ley subsana las observaciones que dieron origen a la decisión del Tribunal Constitucional o si podrían presentarse nuevas acciones de inconstitucionalidad.
Mientras tanto, el debate político ya está servido: un gobierno que llegó prometiendo eliminar un impuesto de salida termina promulgando una ley que establece una contribución tres veces mayor, una decisión que seguramente será utilizada tanto por sus defensores como por sus críticos en la discusión sobre la política fiscal y el cumplimiento de las promesas de campaña.
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