La amistad no equivale a complicidad… excepto cuando tus amigos saquean el Estado: los casos que Abinader no toca; mientras, sobresueldos, tarjetas clonadas y contratos irregulares esperan justicia”

El presidente Luis Abinader ha repetido hasta el cansancio que en su gobierno “la amistad no equivale a complicidad”. El mensaje suena bien, tiene eco mediático y se presenta como una ruptura con el pasado de impunidad. Pero en los hechos, se ha convertido en otro recurso retórico: palabras para la galería sin voluntad real de transformar un sistema corroído por el clientelismo y la corrupción.

Abinader llegó al poder denunciando con vehemencia los vicios de sus antecesores.

Fue el que más habló contra la corrupción, el que prometió transparencia y sanción a los corruptos “caiga quien caiga”. Sin embargo, tras cinco años de gestión, los expedientes se acumulan y la justicia nunca llega. En cambio, lo que se observa es el mismo patrón de encubrimiento selectivo: si los señalados son amigos o aliados políticos, las promesas se disuelven en declaraciones y los casos quedan en la nada.

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La lista de escándalos sin consecuencias judiciales es larga y vergonzosa. Ahí está el robo de datos del Ministerio de Salud Pública, que expuso la información de miles de vacunados; la compra irregular de jeringuillas durante la pandemia, que levantó sospechas de sobrevaluación; y la venta de nombramientos en Salud Pública, donde fue destituido un director de Recursos Humanos, pero nadie pisó un tribunal.

Escándalo desatado por el director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Bartolomé Pujals, por el contrato de tres edificios por más de RD$2 mil millones de pesos, sacude el segundo mandato del presidente Luis Abinader.

Hasta ahora, el gobierno se ha hecho el “sordo, ciego y mudo” tras cuestionamiento y solicitud de investigación contra Bartolomé Pujals por contratos de alquileres altamente cuestionado.

En el Ministerio de Educación, los nombres de Roberto Fulcar y otros exministros están vinculados a anomalías millonarias: contratos opacos, libros digitales con errores por más de 500 millones de pesos, sobrecostos en butacas escolares y sobresueldos por encima de 10,000 millones de pesos. Pese a la magnitud del escándalo, no existe una sola condena.

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El programa Supérate, buque insignia de la política social, se convirtió en foco de fraudes: clonación de más de 30,000 tarjetas, bonos entregados a figuras públicas y duplicación de plásticos para fines fraudulentos. La directora Gloria Reyes sigue en su cargo, blindada políticamente.

En el Senasa, bajo la gestión de Santiago Hazim, se denunciaron contratos irregulares para medicamentos y la existencia de un “call center paralelo”. Hasta ahora, solo investigaciones mediáticas, ningún resultado judicial.

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Los fraudes se extienden a otras áreas: el sistema de peajes “Paso Rápido”, la compra de carbón para Punta Catalina, la falta de medicamentos en Promese/CAL, los sobrecostos en el Malecón de Samaná, y hasta el robo de 375 toneladas de harina en Haina, que nunca se investigó a fondo.

La promesa de que en este gobierno no habría “intocables” ha quedado en evidencia como una mentira. Los casos de Adán Peguero (Imposdom), el escándalo de Kinsberly Taveras (Juventud) o las denuncias contra el exministro Lisandro Macarrulla son ejemplos de cómo la vara de la justicia se acomoda según el interés político.

Luis Abinader se ha convertido en lo que tanto criticó:

un presidente que habla más de lo que actúa, que protege a los suyos y que deja que el clientelismo siga siendo la base de la gobernabilidad. Amistad, militancia y complicidad siguen de la mano, aunque ahora maquilladas con discursos anticorrupción que no pasan de ser titulares de ocasión.

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El problema ya no es solo que el presidente repita frases sin respaldo; es que su gobierno se parece demasiado a los que condenó. La diferencia es que Abinader fue el que más ruido hizo contra la corrupción… y el que menos resultados concretos ha entregado.

En definitiva, su cruzada anticorrupción no ha sido más que una estrategia mediática: palabras huecas para mantener la narrativa de la “decencia en el poder”, mientras en los pasillos del Estado los amigos, compañeros y militantes del PRM siguen manejando el presupuesto como botín.

Luis Abinader, el presidente que juró “romper con la complicidad”, hoy se muestra como cómplice indirecto de la corrupción más descarada.

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