¿MUCHO DISCURSO Y POCAS ACCIONES? ABINADER DEBE EXPLICAR POR QUÉ NO ACTÚA CONTRA LAS PANDILLAS DE HAITÍ COMO BUKELE
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Si la crisis haitiana representa una amenaza para la República Dominicana, ¿por qué el Gobierno no explica con claridad hasta dónde está dispuesto a llegar para contribuir a resolverla?
Por Melvin Sena | HackeandoElSistema.net
El presidente Luis Abinader ha convertido la crisis de Haití en uno de los principales temas de su agenda internacional. En la ONU ha reclamado más tropas, mayores recursos, cumplimiento del embargo de armas y una respuesta efectiva de la comunidad internacional. Sin embargo, cuando aparecen nuevas oportunidades para discutir acciones concretas contra las pandillas haitianas, surge una pregunta que el Gobierno dominicano debería responder sin rodeos: ¿qué más está dispuesto a hacer la República Dominicana, además de denunciar el problema y pedir que otros actúen?
La pregunta cobra especial relevancia después de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunciara el 21 de octubre una operación militar para rescatar a cuatro técnicos de aviación salvadoreños secuestrados por pandillas en Haití. Bukele advirtió que las acciones podrían intensificarse si sus compatriotas no eran liberados sanos y salvos.
El anuncio abre un debate regional que no debería ser ignorado en Santo Domingo.
1. Abinader reclama acciones en la ONU, pero ¿cuál es el alcance de su compromiso?
El 23 de septiembre de 2026, Abinader pidió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas completar el despliegue de la Fuerza de Supresión de Bandas, aportar los efectivos y recursos que faltan, hacer cumplir el embargo de armas y sancionar a quienes financian y protegen a las organizaciones criminales haitianas.
Esas demandas son coherentes con la gravedad de la crisis. Pero también obligan a examinar la distancia que puede existir entre el discurso diplomático y las decisiones operativas.
Si el Gobierno dominicano considera que las pandillas haitianas constituyen una amenaza para la seguridad regional, debe explicar qué compromisos adicionales está dispuesto a asumir, qué propuestas ha presentado a sus aliados y qué resultados concretos espera obtener.
No basta con repetir que la solución debe venir de la comunidad internacional. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué está haciendo el Gobierno para que esa comunidad internacional actúe con mayor eficacia.
2. ¿Por qué no se abre un diálogo formal con Bukele sobre cooperación en seguridad?
La iniciativa de Bukele plantea una pregunta legítima: ¿ha evaluado el Gobierno dominicano la posibilidad de promover una cooperación más estrecha con El Salvador para fortalecer la lucha contra las pandillas haitianas?
No se trata de afirmar que las Fuerzas Armadas salvadoreñas deban entrar unilateralmente en Haití, ni de proponer que se desconozca la soberanía haitiana. Una operación militar de mayor alcance tendría que considerar el mandato internacional vigente, la coordinación con las autoridades haitianas y las consecuencias jurídicas, diplomáticas y humanitarias.
Pero entre una intervención unilateral y la pasividad existen otras opciones: intercambio de información, apoyo logístico, cooperación técnica, entrenamiento autorizado, asistencia a las fuerzas internacionales y respaldo diplomático para acelerar el despliegue de los efectivos aprobados.
¿Por qué no se explica públicamente si Santo Domingo ha discutido esas alternativas con San Salvador?
Hasta donde permiten establecer las fuentes citadas, no hay evidencia suficiente para afirmar que Abinader haya rechazado una oferta concreta de intervención de Bukele. Precisamente por eso, la pregunta que debe formularse es directa: ¿ha existido una propuesta formal de cooperación y cuál ha sido la respuesta dominicana?
3. El Gobierno ya ha definido sus límites: apoyo logístico, no combate directo
En julio de 2026, Abinader explicó que la participación dominicana en la misión internacional se concentraba en apoyo logístico, asistencia médica humanitaria y coordinación con la fuerza desplegada en Haití. También afirmó que la República Dominicana no participaba directamente en las operaciones contra las pandillas.
Ese dato es fundamental. No sería correcto afirmar que el país no hace absolutamente nada. El Gobierno ha informado de medidas fronterizas y de cooperación logística y humanitaria.
La cuestión es otra: ¿son suficientes esas medidas ante una crisis que el propio presidente describe como una amenaza regional?
Si la respuesta oficial es que la República Dominicana no debe asumir directamente la solución de Haití, el Gobierno debe explicar cuáles son los límites de esa posición y qué mecanismos concretos está impulsando para que las fuerzas internacionales cumplan su misión.
Una política de seguridad no se evalúa únicamente por la cantidad de declaraciones presidenciales, sino también por los compromisos asumidos, los recursos movilizados, la coordinación efectiva y los resultados verificables.
4. ¿Por qué no se aprovecha la presión internacional para exigir resultados medibles?
El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el 29 de septiembre el mandato de la Fuerza de Supresión de Bandas hasta el 31 de marzo de 2027 y reiteró la necesidad de apoyo logístico y operativo. También señaló que las autoridades haitianas tienen la responsabilidad primaria de garantizar la seguridad y proteger a la población civil.
Además, el 25 de septiembre la República Dominicana estuvo entre los Estados de la Organización de los Estados Americanos que reclamaron la renovación y el despliegue completo de esa fuerza, con personal, financiación, equipos y apoyo logístico suficientes.
Por tanto, el debate no debe limitarse a si Abinader habla o no habla de Haití. Hay que examinar si su Gobierno está utilizando su posición diplomática para exigir plazos, compromisos verificables y mecanismos de rendición de cuentas.
¿Cuántos efectivos faltan? ¿Qué países se han comprometido a enviarlos? ¿Qué recursos no han llegado? ¿Qué obstáculos impiden que la fuerza cumpla su mandato? ¿Qué está haciendo la diplomacia dominicana para superar esos obstáculos?
Esas son preguntas concretas. Y merecen respuestas concretas.
5. ¿Bukele está perjudicando algún negocio en la frontera dominicana?
Esta es una de las preguntas más delicadas que pueden surgir en el debate, pero también una de las que más cuidado exige.
La frontera dominico-haitiana está vinculada a actividades comerciales legales, problemas de contrabando, redes criminales y una compleja realidad económica y de seguridad. Sin embargo, no existe evidencia presentada aquí que permita afirmar que funcionarios dominicanos se benefician de negocios ilícitos o que el Gobierno evita actuar contra las pandillas para proteger intereses económicos particulares.
Por eso, insinuar que Bukele estaría dañando algún negocio fronterizo no puede presentarse como una conclusión demostrada.
Lo que sí puede exigirse es transparencia. Si existen denuncias documentadas sobre contrabando, tráfico de armas, financiamiento criminal o complicidad de funcionarios, deben investigarse y hacerse públicos sus resultados. Y si el Gobierno asegura que combate esas redes, debe presentar datos que permitan verificarlo.
La frontera no puede convertirse en un espacio de sospechas permanentes ni en una zona donde las denuncias graves queden sin respuestas institucionales.
6. El doble desafío de Abinader: proteger la frontera y contribuir a estabilizar Haití
La República Dominicana tiene el deber de proteger su territorio y a sus ciudadanos. También tiene un interés directo en que Haití recupere condiciones mínimas de seguridad, porque la expansión de las pandillas puede agravar la inestabilidad, el desplazamiento de personas y los riesgos transfronterizos.
Eso no significa que el Ejército dominicano deba entrar en Haití ni que el país tenga que aceptar cualquier operación extranjera. Significa que el Gobierno debe definir una política clara, medible y coherente con sus propias advertencias.
Si Abinader considera insuficiente la respuesta internacional, debería explicar qué iniciativas adicionales promueve. Si considera que la participación dominicana debe limitarse al apoyo logístico y humanitario, debe justificar esa decisión y presentar los resultados de esa estrategia. Y si entiende que una cooperación más estrecha con El Salvador no es conveniente, también debe explicar por qué.
La transparencia no debilita la política exterior. La fortalece.
CONCLUSIÓN: LAS DECLARACIONES DEBEN CONVERTIRSE EN COMPROMISOS VERIFICABLES
La iniciativa anunciada por Nayib Bukele para rescatar a cuatro ciudadanos salvadoreños secuestrados en Haití no equivale, por sí sola, a una propuesta de intervención general contra las pandillas. Pero sí vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión regional: cómo pasar de las condenas diplomáticas a una cooperación de seguridad que produzca resultados.
Abinader ha reclamado que la comunidad internacional pase de las decisiones a la acción. Ahora corresponde preguntar qué medidas concretas está impulsando su propio Gobierno para que eso ocurra.
¿Ha propuesto una nueva iniciativa de cooperación? ¿Ha conversado formalmente con Bukele? ¿Qué compromisos adicionales está dispuesto a asumir? ¿Qué resultados puede mostrar la estrategia dominicana?
Esas preguntas no requieren acusaciones sin pruebas. Requieren información, documentos y rendición de cuentas.
Porque cuando un presidente presenta una crisis como una amenaza para la seguridad nacional, la ciudadanía tiene derecho a exigir algo más que discursos: una estrategia definida, decisiones explicadas y resultados que puedan comprobarse.
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