Desde la ocupación haitiana de la República Dominicana entre 1822 y 1844, la nación dominicana ha sido obligada a cargar con responsabilidades económicas y sociales que no le corresponden. En aquel tiempo, Jean-Pierre Boyer impuso el Código Rural, una legislación que destruyó la economía local dominicana y obligó a la población a trabajar en condiciones de servidumbre. Además, los dominicanos fueron forzados a contribuir al pago de una deuda externa que Haití había adquirido con Francia, a pesar de que la República Dominicana no tenía relación alguna con dicho compromiso.
Esta tendencia de cargar con la deuda de Haití no terminó con la Independencia. En las últimas décadas, la República Dominicana ha sido obligada, por presión internacional y una política interna débil, a subsidiar los servicios de salud, educación y asistencia social para cientos de miles de haitianos que cruzan la frontera de manera ilegal.
Este costo, que sale del bolsillo de los dominicanos, ha significado un drenaje continuo de recursos que podrían destinarse a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos dominicanos.
Cifras que Desmienten el Discurso Oficial
El gasto de la República Dominicana en salud para inmigrantes desde Haití supera los 5,000 millones de pesos anuales, según informes oficiales del Ministerio de Salud Pública. En los hospitales públicos, el 35% de los partos son de madres haitianas, una cifra desproporcionada considerando que los haitianos representan un porcentaje menor de la población dominicana.
Mientras tanto, en Haití, los dominicanos no pueden ni siquiera acceder a atención médica en los centros de salud, ya que la ley haitiana reserva esos servicios exclusivamente para sus ciudadanos.
En el sistema educativo, la situación no es diferente. Más de 55,000 estudiantes haitianos reciben educación gratuita en las escuelas públicas dominicanas, con libros, almuerzos y uniformes costeados por los contribuyentes dominicanos. Mientras tanto, en Haití, no existe un sistema similar para apoyar a niños dominicanos.
Carga Social y Cultural
Más allá de lo económico, la inmigración masiva haitiana ha generado un impacto social y cultural en el país. Barrios enteros han sido tomados por poblaciones haitianas donde ni siquiera se habla español, debilitando la identidad nacional dominicana. La delincuencia también ha aumentado en las zonas con alta concentración de inmigrantes ilegales, con múltiples reportes de crímenes violentos cometidos por ciudadanos haitianos.
El Gobierno de Abinader Ignora el Clamor Popular
A pesar de que la gran mayoría del pueblo dominicano apoya deportaciones masivas y un control migratorio más estricto, el gobierno de Luis Abinader ha fallado en implementar medidas contundentes. Mientras en países como Estados Unidos y Europa se aplican políticas firmes contra la inmigración ilegal, en la República Dominicana, el gobierno sigue permitiendo la permanencia ilegal de miles de haitianos sin documentación.
El único camino viable para la República Dominicana es una política de deportación masiva, una frontera impenetrable y la eliminación de beneficios gratuitos para extranjeros ilegales. Si no se actúa con firmeza ahora, el país continuará pagando una deuda que no le corresponde, poniendo en riesgo su estabilidad económica, social y cultural.
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