Abinader cede ante Estados Unidos y pone en juego la protección del arroz dominicano: ¿Quién pagará el precio?
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Hay decisiones de un gobierno que pueden discutirse desde la economía.
Hay otras que obligan a hablar de soberanía.
Y la derogación del Decreto 693-24 sobre el arroz pertenece, sin dudas, a la segunda categoría.
El presidente Luis Abinader derogó mediante el Decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre de 2026, el régimen que establecía un 20 % de arancel dentro del contingente y 99 % fuera de este para determinadas importaciones de arroz. La decisión ocurre en medio de conversaciones comerciales con Estados Unidos y después de que la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. planteara públicamente la necesidad de eliminar el decreto. Diario Libre
Y aquí es donde comienza el problema.
Porque el arroz no es un producto cualquiera.
Es uno de los alimentos fundamentales de la mesa dominicana.
Y el propio Estado dominicano lo reconoció cuando aprobó el Decreto 693-24: allí se estableció que el arroz constituye un alimento fundamental para las familias dominicanas y que preservar su producción nacional era clave para garantizar el abastecimiento y la seguridad alimentaria. Presidencia de la República Dominicana
Entonces la pregunta es inevitable:
¿Cómo pasamos de proteger la producción nacional por razones de seguridad alimentaria a eliminar esa protección precisamente cuando Estados Unidos reclama cambios en las condiciones de acceso a nuestro mercado?
Ese es el debate que el Gobierno tiene que explicar.
El arroz no es un lujo: es seguridad alimentaria
Los datos ayudan a entender la dimensión del asunto.
Según información citada por Diario Libre, los dominicanos consumen aproximadamente 65 kilogramos de arroz por habitante al año y en 2024 la producción nacional rondó las 680,000 toneladas, cubriendo aproximadamente el 96 % del consumo interno. Diario Libre
Eso significa que República Dominicana tiene algo que muchos países quisieran tener:
una producción arrocera capaz de abastecer prácticamente todo su mercado interno.
Entonces la pregunta no es simplemente cuánto costará importar arroz.
La pregunta es:
¿Qué pasa con la producción nacional si el mercado dominicano queda mucho más expuesto al arroz importado?
Porque una cosa es importar para complementar la producción.
Otra muy distinta es construir las condiciones para que el producto importado pueda desplazar progresivamente al productor nacional.
¿Y quién tiene la ventaja?
Aquí aparece una de las mayores preocupaciones.
El arroz estadounidense compite desde una estructura productiva mucho más grande y con mecanismos de apoyo agrícola que han sido objeto de discusión internacional.
La propia cobertura de Diario Libre recoge que las autoridades dominicanas habían defendido el Decreto 693-24 precisamente como una herramienta para proteger la producción nacional frente a un arroz estadounidense más barato y subvencionado. Diario Libre
Por eso resulta difícil aceptar la idea de que esto sea simplemente:
“libre comercio”.
Libre comercio entre economías profundamente desiguales puede producir resultados muy diferentes para cada lado.
Y aquí está la pregunta incómoda:
¿Puede competir en igualdad de condiciones el pequeño y mediano productor dominicano contra una estructura agrícola estadounidense mucho más poderosa?
El Gobierno debe responderla.
El Gobierno que habló de seguridad alimentaria ahora elimina la protección
Aquí está quizás la contradicción política más fuerte.
En diciembre de 2024, el Gobierno defendió la adopción del Decreto 693-24 sobre la base de argumentos de soberanía y seguridad alimentaria.
No fue una interpretación de un comentarista.
Está en el propio decreto.
El documento oficial señala que la producción estable e ininterrumpida de arroz a nivel nacional resulta clave para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de la población. También advierte que una afectación de la producción nacional tendría impacto sobre intereses esenciales del Estado. Presidencia de la República Dominicana
Entonces hoy tenemos que preguntar:
¿Qué cambió?
¿Cambió la realidad del productor?
¿Cambió la importancia del arroz?
¿Cambió la vulnerabilidad alimentaria del país?
¿O cambió la relación comercial con Estados Unidos?
Porque si la seguridad alimentaria seguía siendo importante —y no existe evidencia de que haya dejado de serlo—, entonces hay que explicar por qué se eliminó precisamente el instrumento que el propio Gobierno había presentado como mecanismo de protección.
¿Fue una decisión tomada por presión estadounidense?
Aquí hay que ser rigurosos.
La secuencia documentada muestra que el Decreto 635-26 fue firmado el 9 de septiembre de 2026.
Dos días después, el 11 de septiembre, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos hizo público su planteamiento sobre la necesidad de derogar el Decreto 693-24 para adecuar las condiciones de acceso del arroz estadounidense al DR-Cafta. Diario Libre
Por tanto, sería incorrecto afirmar como un hecho probado que Abinader firmó el decreto después de recibir públicamente esa exigencia.
Pero tampoco se puede ignorar el contexto.
La derogación ocurrió dentro de conversaciones comerciales dominicano-estadounidenses y el USTR posteriormente expresó precisamente su interés en que esa protección desapareciera. Diario Libre
Así que la pregunta política sigue completamente vigente:
¿Hasta dónde llegó la presión de Estados Unidos en las negociaciones que desembocaron en esta decisión?
Eso merece una explicación pública.
Porque el problema no es Estados Unidos
Que quede claro.
El problema no es que Estados Unidos defienda sus productores.
Es exactamente lo que haría cualquier gobierno.
Washington protege sus intereses.
Negocia para abrir mercados.
Presiona cuando entiende que una medida extranjera afecta a sus exportadores.
Eso forma parte de las relaciones internacionales.
El problema sería que República Dominicana negocie sin defender con la misma firmeza sus propios intereses nacionales.
Porque Estados Unidos tiene que defender a sus productores.
Y República Dominicana tiene que defender a los suyos.
¿Quién defiende al productor dominicano?
Esta es la pregunta que queda flotando.
El agricultor dominicano no tiene un lobby comparable al de las grandes estructuras agrícolas estadounidenses.
No tiene el mismo poder financiero.
No tiene la misma capacidad de influencia internacional.
Y, sobre todo, no puede imprimir dinero ni diseñar políticas agrícolas en Washington.
Tiene su tierra.
Tiene su cosecha.
Tiene sus costos.
Y tiene un mercado nacional que ahora puede quedar más expuesto a las importaciones.
Por eso, desde una perspectiva crítica, la derogación puede ser interpretada como una cesión importante frente a los intereses comerciales estadounidenses.
No porque exista una prueba de que Abinader haya actuado literalmente “de rodillas”, sino porque el resultado concreto favorece una demanda que Estados Unidos había planteado públicamente: eliminar el régimen establecido por el Decreto 693-24. Diario Libre
Y ahí está la diferencia entre una opinión política y un hecho.
El hecho es la derogación.
La interpretación política es preguntarse quién obtuvo qué y quién asumirá el riesgo.
El peligro no aparece mañana en el plato de arroz
Y aquí también hay que evitar el sensacionalismo.
Derogar el decreto no significa automáticamente que mañana desaparecerá el arroz dominicano ni que mañana los pobres pasarán hambre.
Eso sería exagerar lo que los datos permiten concluir.
Pero sí puede cambiar las condiciones competitivas del mercado.
Y si una política comercial termina debilitando la capacidad productiva nacional, el problema puede aparecer después.
Primero desaparece rentabilidad.
Después se reduce inversión.
Luego algunos productores abandonan.
Posteriormente disminuye la producción.
Y finalmente aumenta la dependencia de las importaciones.
La seguridad alimentaria se pierde lentamente, no necesariamente de un día para otro.
Ese es precisamente el riesgo que merece ser discutido.
El pobre siempre termina pagando cuando el país pierde capacidad de producir
Aquí está la dimensión social.
El arroz es un alimento básico.
Cuando una familia de bajos ingresos compra arroz, no está comprando un producto opcional.
Está comprando comida.
Por eso, cualquier política que afecte significativamente la estructura de producción y comercialización del arroz debe analizarse también desde el punto de vista del consumidor.
Si las importaciones terminan reduciendo precios de manera sostenible sin destruir la producción nacional, el consumidor podría beneficiarse.
Pero si la liberalización termina expulsando productores y aumentando la dependencia externa, el país podría quedar más vulnerable frente a cambios internacionales de precios, restricciones comerciales, problemas logísticos o crisis de abastecimiento.
Esa es la apuesta que el Gobierno está haciendo.
Y tiene que explicar por qué considera que el beneficio supera el riesgo.
No basta con decir que lo exige el DR-Cafta
Porque precisamente aquí hay otra discusión.
La directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, explicó recientemente que los acuerdos regionales pueden tener sus propios mecanismos de solución de diferencias y que una eventual desviación dentro de un acuerdo debería llevarse al mecanismo establecido por ese tratado. Diario Libre
Esto significa que el debate jurídico-comercial es mucho más complejo que:
“Estados Unidos lo pidió, por tanto República Dominicana tenía que eliminarlo.”
No.
Hay compromisos internacionales.
Hay reglas del DR-Cafta.
Hay obligaciones ante la OMC.
Hay mecanismos de controversia.
Y también existe el deber constitucional y legal del Estado dominicano de proteger intereses nacionales.
Por eso queremos saber:
¿Qué alternativas negoció República Dominicana antes de llegar a la derogación?
¿Se evaluaron salvaguardias?
¿Se negoció una transición?
¿Se establecieron mecanismos de compensación?
¿Se protegió al productor?
¿Se establecieron medidas para impedir una caída de la producción nacional?
¿Existe un plan de contingencia?
Porque la soberanía alimentaria no puede depender del supermercado internacional
Esta es la parte que considero más preocupante.
Un país que produce aproximadamente el 96 % del arroz que consume tiene una ventaja estratégica.
No debería desperdiciarla.
La seguridad alimentaria no significa cerrar las fronteras.
Significa tener la capacidad de alimentar a la población incluso cuando el mercado internacional se complique.
Pandemias.
Guerras.
Crisis logísticas.
Restricciones de exportación.
Aumento de precios.
Desastres climáticos.
Todo eso puede alterar el comercio internacional.
Y cuando un país depende demasiado de otros para alimentarse, su vulnerabilidad aumenta.
Por eso el arroz no debe verse únicamente como una mercancía.
También es un activo estratégico nacional.
¿Y qué recibe República Dominicana a cambio?
Esta es, para mí, la pregunta central.
Porque en toda negociación internacional hay un intercambio.
Si República Dominicana renuncia a una herramienta de protección para su producción arrocera, ¿qué obtiene?
¿Mayor acceso para productos dominicanos?
¿Reducción de aranceles?
¿Mejores condiciones para nuestras exportaciones?
¿Inversión?
¿Compromisos concretos?
¿Beneficios para otros sectores?
¿O simplemente evitamos un conflicto comercial con Estados Unidos?
El Gobierno debe explicarlo.
Porque si el sacrificio lo asume el productor dominicano, la sociedad tiene derecho a conocer cuál es la compensación.
No se trata de defender al Gobierno anterior ni al actual
Y tampoco se trata de convertir esto en una pelea PRM contra PLD.
El Decreto 693-24 fue firmado por Luis Abinader.
El Decreto 635-26 también.
Por tanto, la responsabilidad política de explicar la decisión corresponde a esta administración.
Y no hay que esconderse detrás de los gobiernos anteriores.
El ciudadano no vive del pasado.
Vive del precio del arroz hoy.
Y del precio que tendrá mañana.
Esta puede ser una de las decisiones económicas más delicadas de este Gobierno
Porque si sale bien, el Ejecutivo podrá argumentar que logró una apertura comercial sin afectar la producción nacional.
Perfecto.
Que lo demuestre.
Pero si sale mal, el país podría descubrir demasiado tarde que la seguridad alimentaria no se recupera con un decreto nuevo después de que miles de productores hayan abandonado el campo.
Por eso esta decisión no debe pasar como una simple noticia económica.
Debe generar una discusión nacional.
La pregunta final
Luis Abinader tiene todo el derecho de negociar con Estados Unidos.
Estados Unidos tiene todo el derecho de defender a sus productores.
Pero el presidente dominicano tiene exactamente el mismo deber de defender al productor dominicano.
Y aquí está la pregunta que queda sobre la mesa:
¿Qué consiguió República Dominicana a cambio de quitarle al arroz dominicano una de las principales barreras de protección frente al arroz importado?
Porque si hubo una negociación, queremos conocer el acuerdo.
Si hubo presión, queremos conocer las condiciones.
Si hubo beneficios para el país, queremos conocerlos.
Y si simplemente se cedió para evitar un conflicto con Washington, entonces también hay que decirlo.
Porque la soberanía alimentaria no puede convertirse en la moneda de cambio de una negociación comercial.
Y mucho menos cuando estamos hablando del alimento que llega prácticamente todos los días a la mesa de millones de dominicanos.
El Gobierno todavía tiene que demostrar que esta decisión protege al consumidor dominicano tanto como dice proteger la relación comercial con Estados Unidos.
Hasta que eso quede demostrado, la pregunta seguirá siendo inevitable:
¿Estamos abriendo el mercado para abaratar el arroz… o estamos abriendo la puerta para debilitar al productor dominicano?
Y esa respuesta no la debe dar Washington.
La debe dar el Gobierno dominicano.
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