2027: EL AÑO EN QUE EL BOLSILLO DE LOS DOMINICANOS PODRÍA SENTIR AÚN MÁS EL PESO DE LA CRISIS FISCAL
El proyecto de Presupuesto General del Estado revela una realidad preocupante: por cada RD$100 que la DGII proyecta recaudar, RD$84.30 equivalen a los compromisos de educación, sal...
El proyecto de Presupuesto General del Estado revela una realidad preocupante:
por cada RD$100 que la DGII proyecta recaudar, RD$84.30 equivalen a los compromisos de educación, salud e intereses de la deuda. Mientras tanto, el Gobierno contempla buscar RD$464,126 millones de financiamiento para cubrir el déficit y otras obligaciones.
Si la economía dominicana de 2026 ha resultado difícil para miles de familias, las perspectivas fiscales para 2027 plantean motivos adicionales de preocupación. El problema no es solamente cuánto dinero necesita el Gobierno para funcionar, sino cuánto de lo que recauda ya tiene un destino comprometido antes de que pueda atender otras demandas del país.
Una cifra resume buena parte de este desafío: RD$84.30 de cada RD$100 que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) proyecta recaudar en 2027 equivalen a tres grandes compromisos presupuestarios: educación, salud e intereses de la deuda pública.
La información fue expuesta por Rafael Jovine, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), durante un seminario celebrado el 30 de octubre de 2026.
El desglose es el siguiente:
RD$35.00: asignación correspondiente a educación.
RD$31.50: pago de intereses de la deuda pública.
RD$17.80: asignación correspondiente a salud.
La suma alcanza RD$84.30. Esto deja un equivalente de RD$15.70 por cada RD$100 de recaudación de la DGII para el resto de las necesidades públicas, aunque no significa que esa cantidad sea dinero libre de otros compromisos.
Y aquí aparece el verdadero problema: el Estado necesita financiar seguridad, infraestructura, transporte, agricultura, vivienda, programas sociales, servicios públicos y el funcionamiento de numerosas instituciones. Todas esas necesidades compiten por un margen presupuestario cada vez más limitado.
La deuda: una factura que sigue creciendo
El proyecto de presupuesto contempla aproximadamente RD$351,327 millones para pagar intereses de la deuda pública durante 2027.
Es importante entender qué significa este monto: pagar intereses no reduce directamente el capital que el país debe. Es el costo financiero de los préstamos contratados anteriormente. El Estado debe cumplir con esas obligaciones mientras continúa financiando sus operaciones y compromisos.
Según las cifras del proyecto, los intereses representan alrededor del 3.7 % del producto interno bruto y equivalen a RD$23.30 por cada RD$100 de ingresos estimados del Gobierno Central.
A esto se suman los vencimientos de capital de préstamos y bonos anteriores. El presupuesto contempla RD$136,844.5 millones en aplicaciones financieras, que incluyen amortizaciones de deuda y otros compromisos financieros.
En otras palabras, el país no solamente debe pagar por el dinero que ha tomado prestado: también debe conseguir recursos para devolver parte del capital que vence.
RD$464,126 millones: ¿de dónde saldrá el dinero?
Uno de los datos más importantes del proyecto presupuestario es la necesidad de financiamiento bruto de RD$464,126 millones para 2027.
Esta cifra no representa exclusivamente dinero destinado a nuevas obras o servicios. Está compuesta por dos grandes necesidades:
RD$327,281.5 millones de déficit fiscal proyectado: la diferencia entre los ingresos y los gastos presupuestados del Gobierno Central.
RD$136,844.5 millones en aplicaciones financieras: recursos necesarios para amortizaciones y otros compromisos financieros.
Por tanto, el Gobierno contempla acudir nuevamente al financiamiento para cubrir tanto el déficit como obligaciones anteriores.
La pregunta inevitable es cuánto de este endeudamiento permitirá impulsar el desarrollo y cuánto terminará destinado a sostener compromisos acumulados.
Porque cuando un Estado necesita recurrir constantemente a nuevos préstamos para cubrir sus obligaciones, el margen para responder a una crisis económica, invertir en infraestructura o mejorar los servicios públicos se vuelve más estrecho.
El bono de enero de 2027: una obligación aplazada, no desaparecida
El Gobierno realizó en septiembre de 2026 una operación de manejo de pasivos para reducir la presión de un vencimiento importante.
Originalmente, República Dominicana tenía cerca de US$1,700 millones en bonos soberanos con vencimiento en enero de 2027 y una tasa de interés de 5.95 %.
El Ministerio de Hacienda recompró US$1,385.2 millones de esos bonos, aproximadamente el 81.5 % del monto en circulación. Al mismo tiempo, colocó una nueva emisión de US$1,600 millones con vencimiento en marzo de 2039 y una tasa de 6.85 %.
Con esta operación, el monto del bono anterior que quedó pendiente de vencimiento se redujo a aproximadamente US$315 millones.
La maniobra disminuye la presión financiera inmediata de enero de 2027, pero no significa que la deuda haya desaparecido. Una parte importante fue trasladada a una obligación con vencimiento más lejano y una tasa de interés superior.
Es una operación de administración de pasivos que puede reducir riesgos de refinanciamiento a corto plazo, pero que también debe evaluarse considerando su costo financiero futuro.
¿Quién terminará pagando las consecuencias?
Cuando las finanzas públicas enfrentan restricciones, el Gobierno tiene varias alternativas: aumentar la recaudación, reducir gastos, mejorar la eficiencia del gasto público, revisar exenciones fiscales, reorganizar prioridades o recurrir a más financiamiento.
Sin embargo, ninguna de esas decisiones es neutral para la población.
Si se opta por aumentar impuestos o crear nuevas cargas tributarias, los ciudadanos y las empresas podrían terminar soportando una parte mayor del costo. Si se recorta la inversión pública, pueden quedar aplazadas obras y servicios que necesita la población. Si se continúa aumentando el endeudamiento, se trasladan obligaciones financieras hacia los próximos años.
Por eso, resulta legítimo preguntarse si el Gobierno está preparando una estrategia para evitar que las restricciones presupuestarias terminen convirtiéndose en una carga adicional para los hogares dominicanos.
También hay que mirar el contexto económico. El proyecto presupuestario proyecta un crecimiento real de 4.75 % y una inflación promedio de 4.5 % para 2027. Son estimaciones oficiales, no resultados garantizados. Si la economía crece menos de lo previsto o aumentan las presiones externas, las cuentas públicas podrían enfrentar dificultades adicionales.
2027 exige respuestas, no solamente más préstamos
El problema fiscal dominicano no se resuelve presentando cifras optimistas ni colocando nuevas emisiones de bonos en los mercados internacionales. Se necesita explicar cómo se utilizarán los recursos, qué resultados producirán las inversiones públicas y qué medidas se adoptarán para reducir la dependencia del endeudamiento.
La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto cuesta mantener el Estado, cuánto se paga por la deuda, qué obras se ejecutarán y cuáles serán las consecuencias de las decisiones fiscales.
Si 2026 ya ha sido un año difícil para el bolsillo de los dominicanos, 2027 podría traer nuevas presiones si el Gobierno no consigue equilibrar sus compromisos financieros con las necesidades de la población.
Y la pregunta que debe responder la administración de Luis Abinader es inevitable:
¿Cómo piensa evitar que el costo de una deuda pública cada vez más pesada termine recayendo, una vez más, sobre los bolsillos de los ciudadanos?
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