Durante una conferencia impartida en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, volvió a plantear una discusión que el país ha postergado durante décadas: la necesidad de aprobar una Ley de Agua y reorganizar el modelo institucional que administra uno de los recursos más importantes para el desarrollo nacional.
La afirmación fue directa:
Más allá de simpatías políticas o aspiraciones presidenciales, la pregunta merece atención. ¿Puede un país gestionar eficientemente un recurso estratégico cuando sus responsabilidades están dispersas entre múltiples organismos con competencias que en muchos casos se superponen?
La gestión del agua en República Dominicana ha evolucionado mediante la creación de instituciones para responder a necesidades específicas de distintas regiones y sectores. Sin embargo, con el paso del tiempo, el resultado ha sido una estructura compleja donde diferentes entidades participan en la planificación, distribución, regulación, saneamiento y administración del recurso.
Cuando múltiples organismos intervienen sobre una misma área, suelen aparecer problemas conocidos:
En términos simples, mientras más actores intervienen sin una dirección clara y unificada, más difícil se vuelve ejecutar políticas públicas coherentes.
El agua como tema de desarrollo
No existe turismo sostenible sin saneamiento.
No existe desarrollo urbano sin alcantarillado eficiente.
No existe salud pública de calidad sin acceso a agua potable.
Por esa razón, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han insistido durante años en la importancia de fortalecer la gobernanza del agua en América Latina.
Durante su exposición, Arnaud destacó proyectos como el saneamiento del arroyo Gurabo, los acueductos de Miches, Cabo Rojo, Monción, Navarrete, Villa Altagracia y San José de Ocoa, además del programa de saneamiento para zonas costeras y turísticas.
Sin embargo, el aspecto más relevante de su discurso no fue la enumeración de obras, sino la insistencia en la planificación.
La historia latinoamericana está llena de proyectos inaugurados con grandes ceremonias que posteriormente enfrentan problemas operativos por falta de coordinación institucional. La sostenibilidad de una obra depende tanto de su construcción como de la capacidad del Estado para administrarla durante décadas.
La discusión sobre una Ley de Agua no debería verse como una propuesta de una administración específica ni de una figura política determinada.
Se trata de una conversación sobre la capacidad del Estado para gestionar recursos estratégicos de manera eficiente.
La pregunta de fondo es sencilla:
Si el agua es uno de los recursos más importantes para el desarrollo nacional, ¿debe seguir administrándose mediante un esquema fragmentado o es momento de construir una estructura más integrada y moderna?
La respuesta requerirá consenso político, voluntad institucional y una visión de largo plazo. Pero al menos el debate ha vuelto a colocarse sobre la mesa, y eso ya representa un paso importante.
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