El país necesita dinero, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién paga la cuenta?. El Gobierno del presidente Luis Abinader, ha defendido su nuevo paquete de medidas fiscales (Reforma fiscal), argumentando que necesita recaudar entre RD$40,000 y RD$60,000 millones adicionales para enfrentar el déficit fiscal, sostener subsidios, mantener programas sociales y responder a un entorno internacional cada vez más complejo.
Sin embargo, mientras se pide sacrificio a la población, el Congreso ha introducido modificaciones que han provocado fuertes cuestionamientos sobre quiénes realmente están siendo llamados a aportar más.
Y ahí es donde aparece una de las mayores controversias del debate.
Durante la discusión legislativa del denominado «Plan Anticrisis», el Senado modificó el esquema impositivo para premios de loterías y bancas.
Las modificaciones aprobadas establecieron tasas reducidas y escalas especiales para premios de juegos de azar, eliminando parte de la carga originalmente planteada en las propuestas iniciales.
La pregunta política es inevitable:
¿Por qué cuando se habla de recaudar más dinero siempre aparecen nuevas cargas para los ciudadanos, pero sectores vinculados a los juegos de azar terminan obteniendo condiciones más favorables?
Nadie discute que la industria de bancas genera empleos mal pagados y actividad económica.
Lo que muchos ciudadanos cuestionan es la prioridad.
República Dominicana posee una de las mayores densidades de bancas de lotería por habitante de América Latina.
Miles de establecimientos operan diariamente en todo el territorio nacional.
Y aunque no existen estadísticas públicas consolidadas sobre el volumen total de apuestas realizadas cada año, diversos estudios académicos y reportajes periodísticos han señalado el enorme peso económico que tiene el sector dentro de la economía informal y formal dominicana.
La percepción pública es simple:
Mientras el trabajador paga impuestos cada vez que consume, compra combustible o utiliza servicios básicos, actividades vinculadas al juego reciben tratamientos especiales.
Mientras el Gobierno busca recaudar hasta RD$60,000 millones adicionales, el propio Estado reconoce que dejará de percibir RD$393,541 millones por concepto de gasto tributario durante 2026.
Repitamos la cifra:
RD$393,541 millones.
Eso representa aproximadamente el 4.54% del PIB nacional.
Para ponerlo en contexto:
Es decir, matemáticamente el monto que el Estado deja de recaudar por incentivos y exenciones es superior al déficit que intenta corregir.
Aquí aparece otro tema políticamente incómodo.
Nadie puede negar que el turismo ha sido una de las historias de éxito económico más importantes del país.
República Dominicana recibe más de 11 millones de visitantes al año y genera miles de millones de dólares en divisas.
Pero precisamente por ese éxito surge una pregunta legítima:
¿Necesitan Punta Cana y Bávaro exactamente los mismos incentivos fiscales que recibían cuando todavía estaban en desarrollo?
Mantener incentivos para Pedernales puede justificarse como una política de desarrollo regional.
Mantenerlos indefinidamente para polos turísticos completamente consolidados es una discusión diferente.
Incluso organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional han recomendado revisar y racionalizar incentivos y exenciones fiscales, señalando que estas representan alrededor del 5% del PIB dominicano.
Quizás el aspecto más llamativo no es económico.
Es político.
Durante años, Luis Abinader construyó buena parte de su discurso opositor alrededor de una idea central:
Que una menor presión fiscal podía estimular la economía, aumentar la inversión y permitir mayor crecimiento.
Era un discurso basado en la necesidad de aliviar cargas para familias y empresas.
Hoy, desde el Gobierno, el argumento es distinto.
Ahora se sostiene que las finanzas públicas requieren mayores ingresos, nuevas fuentes de recaudación y ajustes tributarios para preservar la estabilidad económica.
La ironía es que prácticamente todos los presidentes dominicanos terminan enfrentando la misma transformación.
Critican una política desde la oposición.
La defienden desde el poder.
Le ocurrió a Hipólito.
Le ocurrió a Leonel.
Le ocurrió a Danilo.
Y ahora también le ocurre a Luis Abinader.
El problema probablemente no es únicamente la necesidad de recaudar.
El problema es la percepción de inequidad.
Cuando una microempresa lucha para sobrevivir.
Cuando la clase media financia gran parte de los ingresos tributarios.
Cuando el combustible sigue cargado de impuestos.
Cuando las bancas reciben condiciones más favorables.
Cuando continúan vigentes exenciones fiscales por más de RD$393 mil millones.
La pregunta deja de ser económica.
Se convierte en una pregunta de justicia fiscal.
Si el país necesita entre RD$40,000 y RD$60,000 millones adicionales…
¿Por qué la discusión comienza con nuevos impuestos y no con una revisión profunda de los RD$393,541 millones que el propio Estado reconoce que deja de recaudar cada año?
Porque mientras la población escucha hablar de sacrificios, ajustes y déficit, muchos dominicanos observan algo distinto:
Que los sacrificios siguen distribuyéndose de manera desigual.
Y cuando la ciudadanía siente que las reglas no son iguales para todos, el problema deja de ser fiscal.
Se convierte en un problema de confianza.
A todos los medios y “comunicadores” que seguramente leerán este análisis y encontrarán en él insumos para sus propios contenidos: utilizar información es parte del ejercicio periodístico, pero el crédito también lo es. Reconocer a Hackeandoelsistema.net no solo es un acto de ética profesional, sino que además fortalece su propia credibilidad ante la audiencia, proyectándolos como comunicadores serios, con criterio, fuentes y capacidad real de análisis. Dar crédito no resta; al contrario, suma rigor, transparencia y respeto en un ecosistema mediático que cada vez exige más responsabilidad
Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.
No te pierdas ninguna actualización. Suscríbete a nuestro newsletter y recibe las últimas noticias, ofertas exclusivas, y contenido especial directamente en tu bandeja de entrada. ¡Únete a nuestra comunidad y mantente al día con todo lo que tenemos para ofrecer!
