ABINADER ADMITE QUE NO EXPLICÓ BIEN LA FACTURA ELÉCTRICA: LAS CIFRAS QUE EL GOBIERNO NO PUEDE ESCONDER DETRÁS DE LOS SUBSIDIOS
Lee la cobertura completa en Hackeando el Sistema.
Por Melvin Sena | HackeandoElSistema.net
El presidente Luis Abinader y el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aprovecharon la edición de LA Agenda Semanal del lunes 19 de octubre de 2026 para explicar por qué las facturas eléctricas de los dominicanos pueden aumentar considerablemente, aunque el Gobierno sostenga que las tarifas permanecen congeladas desde 2022.
La explicación, sin embargo, deja preguntas importantes sobre la estructura de facturación, el alcance real de los subsidios y la responsabilidad de las autoridades ante un sistema eléctrico que continúa generando inconformidad entre los consumidores.
Lo más revelador ocurrió cuando el propio presidente reconoció que su Gobierno no había explicado adecuadamente el funcionamiento de la factura eléctrica. Según informó Diario Libre, Abinader expresó: «Nunca lo hemos explicado bien» y reconoció que habían tenido graves problemas de comunicación.
Ese reconocimiento es importante. Pero el problema de la electricidad dominicana no puede reducirse a una deficiencia de comunicación.
Cuando una familia recibe una factura que considera desproporcionada, no basta con explicarle por qué debe pagarla. También hay que examinar si el sistema tarifario es razonable, cómo se aplican los subsidios y qué está haciendo el Gobierno para mejorar el servicio.
Analicemos los datos.
1. La primera contradicción: una tarifa congelada que puede producir aumentos extraordinarios en la factura
El Gobierno insiste en que la tarifa eléctrica permanece sin cambios desde 2022. Sin embargo, el ministro Joel Santos explicó que el esquema de facturación tiene cuatro tramos de consumo y que superar el límite de 700 kilovatios-hora puede elevar considerablemente el monto final.
Según el esquema de Edesur reproducido por Diario Libre, los precios son los siguientes:
Hay una precisión importante: las cifras publicadas en algunos resúmenes mencionan RD$6.09 para el primer tramo, mientras que Diario Libre y la tabla tarifaria de Edesur recogida por la Superintendencia de Electricidad muestran RD$6.05. Además, las tarifas pueden variar entre distribuidoras.
Pero la cuestión fundamental está en la regla del último tramo: cuando el consumo mensual supera los 700 kWh, la tarifa de RD$13.09 se aplica a todos los kilovatios consumidos, según la explicación divulgada por el ministro.
Veamos lo que significa.
Ejemplo A: un hogar que consume 700 kWh.
Primeros 200 kWh: RD$1,210.
Siguientes 100 kWh: RD$859.
Siguientes 400 kWh: RD$5,156.
Total del componente de energía: RD$7,225.
Ejemplo B: ese mismo hogar consume 701 kWh.
Si se aplica la regla descrita para el tramo superior, los 701 kWh se cobran a RD$13.09:
701 × RD$13.09 = RD$9,176.09.
La diferencia sería de RD$1,951.09 por apenas un kilovatio-hora adicional, es decir, un aumento aproximado del 27 % en el componente de energía.
Este es un cálculo ilustrativo basado en las tarifas citadas y en la regla de facturación explicada públicamente. No incluye cargos fijos, impuestos u otros conceptos que puedan aparecer en la factura.
La conclusión es contundente: el diseño tarifario puede generar un salto considerable en el costo de la energía cuando se cruza el umbral de 700 kWh.
Por eso, la discusión no debe limitarse a si el precio nominal del kilovatio-hora fue modificado. También hay que analizar el efecto económico de la estructura tarifaria.
¿Es razonable que una variación mínima del consumo produzca semejante diferencia? ¿Qué mecanismos de protección existen para los hogares que superan ese límite por razones que no pueden controlar fácilmente? ¿Se ha evaluado públicamente el impacto de este diseño sobre las familias?
El Gobierno debe responder esas preguntas.
2. El propio ministro explicó cómo un aumento del consumo del 10 % puede disparar la factura
Joel Santos sostuvo que un hogar puede aumentar su consumo alrededor de un 10 % y recibir un incremento de entre el 30 % y el 40 % en su factura si cruza el límite de 700 kWh. <Cite refs={["turn345279search1"]}/>
Esa afirmación no es matemáticamente imposible. De hecho, puede reproducirse con el esquema tarifario descrito.
Supongamos que un hogar consume 650 kWh. Aplicando los primeros tres tramos, el componente de energía asciende a RD$6,580.50.
Si el consumo aumenta un 10 %, hasta 715 kWh, y se aplica RD$13.09 a todos los kilovatios, el componente de energía pasa a RD$9,359.35.
Eso representa un aumento aproximado del 42.2 %, aunque el consumo solamente haya aumentado un 10 %.
El cálculo confirma que el efecto multiplicador descrito por el ministro es posible bajo esa regla tarifaria.
Pero aquí está el problema político: el Gobierno presenta esta explicación como si el asunto quedara resuelto al informar mejor al consumidor.
No es así.
Una cosa es explicar correctamente una regla de facturación y otra muy distinta es justificar que esa regla sea la más adecuada para proteger a los hogares.
Si el Estado reconoce que el sistema puede producir aumentos de esta magnitud, debe explicar por qué mantiene ese diseño, qué alternativas ha evaluado y qué mecanismos existen para evitar que una variación relativamente pequeña del consumo genere una carga económica tan grande.
La transparencia exige explicar el mecanismo. La responsabilidad pública exige evaluar sus consecuencias.
3. ¿La tarifa está congelada o la factura está bajo presión? Son dos preguntas diferentes
El Gobierno tiene razón en una distinción fundamental: que una factura aumente no demuestra automáticamente que haya aumentado el precio regulado de cada kilovatio-hora.
El consumo puede variar. También puede hacerlo la distribución del consumo entre los tramos, y eso modifica el costo total.
Pero el ciudadano tampoco está obligado a aceptar que una tarifa congelada signifique que su gasto eléctrico permanece estable.
Si el monto que debe pagar aumenta considerablemente debido a la estructura de facturación, la familia enfrenta una carga económica real, aunque la tarifa nominal no haya cambiado.
Por eso, la afirmación de que el precio permanece congelado no responde por sí sola a la preocupación de los consumidores.
El Gobierno debe presentar ejemplos completos y verificables de facturas, explicar cada componente y mostrar cuánto paga el usuario, cuánto cubre el Estado y cómo cambia el cálculo al superar los umbrales.
Y debe hacerlo con información diferenciada por distribuidora, porque las tarifas no son idénticas en todos los casos.
Decir que la tarifa está congelada no es suficiente si el Gobierno no explica por qué una familia puede terminar pagando mucho más.
4. RD$100,000 millones en subsidio eléctrico: ¿qué resultados está obteniendo el país?
Durante la misma intervención, Abinader informó que el subsidio al sector eléctrico podría alcanzar aproximadamente RD$100,000 millones al cierre de 2026, frente a los RD$86,000 millones presupuestados inicialmente.
Eso supone unos RD$14,000 millones adicionales respecto a la asignación original.
El presidente atribuyó parte de la presión financiera al encarecimiento internacional de los combustibles utilizados para generar electricidad, vinculado a las tensiones geopolíticas, incluido el conflicto relacionado con Irán.
Ese factor merece ser considerado. La República Dominicana depende de combustibles y de condiciones internacionales que pueden encarecer la generación eléctrica.
Pero reconocer la influencia de factores externos no exime al Gobierno de rendir cuentas sobre la gestión interna del sistema.
Si el Estado necesita destinar alrededor de RD$100,000 millones al sector eléctrico, la ciudadanía tiene derecho a conocer con precisión cómo se distribuyen esos recursos.
¿Cuánto corresponde a subsidiar la tarifa de los consumidores? ¿Cuánto se destina a cubrir otros costos del sistema? ¿Qué resultados se obtienen en reducción de pérdidas, eficiencia operativa y calidad del servicio? ¿Qué indicadores utiliza el Gobierno para determinar si el dinero está produciendo mejoras?
El subsidio es un esfuerzo fiscal importante, pero su cuantía no demuestra automáticamente que la gestión sea eficiente.
Un Estado puede gastar miles de millones en sostener un sistema y, aun así, necesitar reformas profundas para mejorar sus resultados.
Por eso, el debate no debe centrarse exclusivamente en cuánto dinero aporta el Gobierno, sino también en qué recibe la sociedad a cambio.
5. La matriz energética: un avance real que no resuelve todos los problemas
Joel Santos también destacó la transformación de la matriz de generación eléctrica dominicana.
De acuerdo con información publicada por la Presidencia en 2025, en el año 2000 los derivados del petróleo representaban el 88 % de la matriz energética del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Para 2025, su participación se había reducido al 9.5 %. El gas natural representaba el 39.6 %, el carbón el 28.1 % y las energías renovables el 22.7 %. <Cite refs={["turn583972search0"]}/>
Este cambio es relevante y no debe ignorarse. Diversificar las fuentes de generación puede reducir la dependencia de determinados combustibles y modificar la exposición del sistema a las variaciones internacionales de precios.
Sin embargo, hay una precisión técnica que importa: la fuente oficial citada se refiere a los derivados del petróleo, no exclusivamente al fuel oil. Presentar ambas categorías como si fueran exactamente lo mismo simplifica en exceso la información.
Más importante aún: una matriz energética diversificada no garantiza por sí sola una factura más baja, un servicio continuo ni una gestión eficiente de las distribuidoras.
Para demostrar que la transformación ha beneficiado a los consumidores, el Gobierno debe mostrar cómo ha evolucionado el costo de generación, qué parte de las mejoras se ha trasladado a los usuarios y qué avances se han logrado en pérdidas, interrupciones y eficiencia.
El cambio en la matriz es un indicador importante. No es una respuesta completa a todas las quejas sobre la electricidad.
6. La pobreza bajó, pero no se puede atribuir todo el resultado a los subsidios
Abinader sostuvo que los subsidios, junto con el crecimiento económico y los programas sociales, han contribuido a reducir la pobreza monetaria. También proyectó que el indicador podría bajar al 14 % al cierre de 2026.
Aquí debemos distinguir entre los resultados registrados y las proyecciones.
La Oficina Nacional de Estadística informó que la pobreza monetaria general se situó en 17.3 % en 2025, frente al 19.0 % de 2024. Según el boletín oficial, 172,346 personas superaron la línea de pobreza monetaria durante ese período.
Es un avance que debe reconocerse.
Sin embargo, la reducción observada no demuestra, por sí sola, que los subsidios eléctricos expliquen una proporción determinada de ese resultado. Para establecer cuánto contribuyó cada política se necesita un análisis que separe el efecto de las transferencias, los ingresos laborales, las remesas, la actividad económica y otros factores.
De hecho, el boletín de pobreza de 2025 señala que los ingresos laborales contribuyeron a la reducción, mientras que las transferencias gubernamentales directas tuvieron una contribución distinta dentro de la descomposición estadística.
Por tanto, atribuir la reducción de la pobreza exclusivamente a los subsidios sería una conclusión que los datos citados no permiten sostener.
Y hay otra precisión: el 14 % para 2026 es una proyección del Gobierno, no un resultado anual definitivo confirmado por la estadística oficial en la información consultada.
La discusión seria debe reconocer los avances sin convertir una proyección en un hecho consumado ni adjudicar todo el resultado a una sola política pública.
7. El verdadero problema: el Gobierno explica la factura, pero todavía debe demostrar que el sistema funciona bien
La intervención del 19 de octubre deja una conclusión incómoda para el Gobierno.
Abinader admitió que no había explicado bien la factura eléctrica. El ministro mostró que el paso al tramo de más de 700 kWh puede provocar aumentos importantes en el monto facturado. Y el presidente informó que el Estado podría destinar RD$100,000 millones al sector eléctrico durante 2026.
Estos datos no prueban que todas las afirmaciones oficiales sean falsas. Sí revelan que hay preguntas que no quedan resueltas con una explicación sobre los tramos tarifarios.
Si la tarifa nominal está congelada, ¿por qué el diseño puede provocar saltos tan bruscos en la factura?
Si el Estado aporta tantos recursos, ¿qué resultados verificables está obteniendo en calidad del servicio y eficiencia?
Si la matriz energética ha cambiado, ¿cómo se refleja ese cambio en los costos que finalmente soportan los usuarios?
Si el Gobierno considera que los subsidios protegen a las familias, ¿cómo mide ese beneficio y qué mecanismos utiliza para asegurar que llegue a quienes lo necesitan?
Y si el propio presidente reconoce que la explicación pública ha sido deficiente, ¿por qué no se acompañó antes la política tarifaria con información clara, accesible y verificable para los consumidores?
Estas preguntas no son una acusación de fraude. Son exigencias legítimas de transparencia y responsabilidad.
Conclusión: no basta con explicar por qué la factura sube; hay que responder por el sistema que la produce
La factura eléctrica es uno de los gastos que más preocupación genera entre los hogares dominicanos. Por eso, el Gobierno tiene la obligación de explicar las tarifas, publicar los cálculos y garantizar mecanismos efectivos de reclamación.
Pero la responsabilidad no termina con una campaña informativa.
Cuando una regla de facturación permite que un aumento del consumo de alrededor del 10 % produzca un incremento mucho mayor en el componente de energía, corresponde debatir si ese diseño es razonable y qué alternativas podrían reducir su impacto.
Cuando el Estado proyecta aportar RD$100,000 millones al sector eléctrico, debe rendir cuentas sobre el destino de esos recursos y los resultados obtenidos.
Y cuando el presidente reconoce que el Gobierno no ha explicado bien la factura, la respuesta no puede limitarse a mejorar la comunicación. Debe incluir transparencia, evaluación y medidas concretas.
La pregunta que Luis Abinader debe responder no es solamente por qué aumenta la factura eléctrica. Es por qué, después de tantos recursos públicos destinados al sector, los consumidores siguen enfrentando tanta incertidumbre sobre lo que pagan y sobre la calidad del servicio que reciben.
La ciudadanía no necesita que el Gobierno convierta cada queja en una clase de matemáticas. Necesita reglas comprensibles, facturas verificables, un servicio confiable y una administración capaz de demostrar que el dinero público está produciendo resultados.
Porque explicar una factura es una obligación. Garantizar que el sistema eléctrico funcione de manera eficiente y justa es una responsabilidad de Gobierno.
Y ambas cosas deben exigirse al mismo tiempo.
forumComentarios de la red (0)
Cargando comentarios...