La revelación hecha por el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, debería estremecer a República Dominicana. No estamos hablando de un simple error administrativo, ni de una diferencia de criterios contables. Estamos hablando de una denuncia gravísima: la presunta falsificación de estados financieros en Senasa para ocultar pérdidas acumuladas cercanas a los RD$14,900 millones.
Si estas afirmaciones son confirmadas por las investigaciones del Ministerio Público, estaríamos frente a uno de los mayores escándalos financieros en la historia reciente de la seguridad social dominicana.
La pregunta es inevitable: ¿cómo pudo ocurrir algo de esta magnitud sin que nadie lo detectara durante años?
Según las declaraciones de Ceara Hatton, técnicos de Sisalril encontraron inconsistencias entre los informes financieros y la realidad operativa de la institución. Más grave aún, sostiene que existía una estructura que se extendía por múltiples áreas de Senasa y que incluso se facturaban servicios que nunca fueron prestados a los afiliados.
Estamos hablando de recursos destinados a la salud de millones de dominicanos.
Dinero que no pertenece a ningún funcionario.
Dinero que no pertenece a ningún partido político.
Dinero que pertenece a los trabajadores dominicanos.
Y sin embargo, una vez más, nos encontramos frente a un expediente donde las cifras son escandalosas, las acusaciones son monumentales y la indignación ciudadana crece mientras la justicia avanza lentamente.
Los dominicanos hemos visto pasar el caso PEME, Plan Renove, Baninter, Sun Land, Odebrecht, OISOE, OMSA, Antipulpo, Medusa, Coral, Calamar y muchos otros expedientes que comenzaron con titulares impactantes y promesas de consecuencias ejemplares.
¿Y cuál ha sido el resultado en muchos casos?
Procesos interminables.
Expedientes que se dilatan durante años.
Condenas reducidas.
Absoluciones.
Acuerdos.
Indultos.
Y en algunos casos, simples devoluciones parciales de recursos públicos.
Por eso la ciudadanía observa este nuevo caso con escepticismo.
No porque no crea en la justicia.
Sino porque la experiencia le ha enseñado que cuando los acusados pertenecen a círculos de poder político, económico o social, casi siempre aparece un mecanismo para reducir el impacto de las consecuencias.
Esa es la percepción que existe en amplios sectores de la sociedad dominicana.
Y esa percepción es devastadora para la confianza institucional.
Porque cuando un ciudadano siente que existen dos justicias —una para los poderosos y otra para la gente común— deja de creer en el sistema.
Si las denuncias sobre Senasa son ciertas, no estamos ante un simple caso de corrupción administrativa.
Estamos hablando de recursos destinados a proteger la salud de la población más vulnerable.
Estamos hablando de pacientes.
De envejecientes.
De madres.
De trabajadores.
De personas que dependen del sistema para sobrevivir.
La República Dominicana necesita respuestas.
Necesita transparencia.
Necesita que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias.
Necesita identificar responsables, recuperar cada peso que haya sido sustraído ilegalmente y aplicar sanciones ejemplares si los tribunales determinan responsabilidades penales.
Porque si un escándalo de casi RD$15 mil millones termina recorriendo el mismo camino de tantos expedientes anteriores, el mensaje para el país será devastador.
El problema es la impunidad.
Y una nación donde la corrupción se vuelve rentable y la impunidad se vuelve costumbre termina poniendo en riesgo la credibilidad de todas sus instituciones.
La justicia dominicana tiene hoy una oportunidad histórica.
No para ofrecer ruedas de prensa.
No para producir titulares.
No para administrar políticamente una crisis.
Sino para demostrar que nadie está por encima de la ley.
Absolutamente nadie.
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