Una de las características más comunes de la política latinoamericana es que muchos dirigentes dicen una cosa cuando están en la oposición y hacen otra cuando llegan al poder. En República Dominicana, uno de los casos que más debate genera es el de Luis Abinader y su postura histórica sobre los combustibles.
En una publicación realizada el 15 de abril de 2016, Luis Abinader criticó la posibilidad de aplicar más impuestos a productos de consumo masivo y combustibles.
«Danilo está hablando de subir el ITEBIS a los combustibles, a los aceites, al café, chocolate, mantequilla, yogurt y otros alimentos.»
El mensaje reflejaba una posición claramente contraria a aumentar la presión fiscal sobre productos que impactan directamente el costo de vida.
Un año después, el entonces dirigente opositor volvió a cuestionar la política de precios.
«Los nuevos aumentos de precios de los combustibles son un duro golpe a la economía popular, el gobierno debe adoptar medidas compensatorias.»
El planteamiento era directo: los aumentos afectaban principalmente a los sectores de menores ingresos.
Dos semanas más tarde, insistió en la necesidad de modificar el marco legal que regula los combustibles.
«Debe ser revisada la ley que fija los precios de los combustibles. Los sostenidos aumentos están agravando la calidad de vida del pueblo.»
La crítica apuntaba a la estructura misma del sistema de fijación de precios.
Abinader relacionó directamente el aumento de los combustibles con el incremento generalizado del costo de vida.
«El sostenido aumento de los combustibles en los últimos meses, incluso el gas de cocinar, ha estado incrementando el costo de la mayoría de bienes y servicios de uso cotidiano.»
La afirmación coincide con lo que reconocen economistas de distintas corrientes: los combustibles tienen efectos sobre transporte, alimentos y servicios.
Durante la campaña hacia las elecciones de 2020, prometió una modificación de la Ley de Hidrocarburos.
«La reforma a la Ley de Hidrocarburos que presentaré al país, a través del Congreso Nacional, tomará en cuenta a los usuarios de los derivados del petróleo.»
El mensaje generó expectativas de cambios estructurales en la composición de impuestos y márgenes aplicados a los combustibles.
Quizás la declaración más recordada fue la realizada pocas semanas después.
«Si se aplica de manera correcta la Ley de Hidrocarburos, bajaría por lo menos un 10 % el precio de los combustibles.»
La frase se convirtió en una de las promesas económicas más citadas por sus críticos.
Del discurso a la realidad
Es cierto que el gobierno ha argumentado que la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y la volatilidad internacional del petróleo obligaron al Estado a subsidiar miles de millones de pesos para evitar aumentos mayores. Pero también es cierto que las promesas realizadas cuando era opositor fueron mucho más contundentes que los resultados obtenidos.
La gran interrogante para los dominicanos sigue siendo la misma:
Si en 2018 Luis Abinader sostenía que una correcta aplicación de la Ley de Hidrocarburos permitiría reducir los combustibles en al menos un 10 %, ¿qué cambió entre el candidato que hacía esa promesa y el presidente que tuvo la oportunidad de ejecutarla?
La respuesta a esa pregunta es fundamental para evaluar no solo este gobierno, sino también la credibilidad de las promesas que hacen los políticos cuando aún no han llegado al poder.
A todos los medios y “comunicadores” que seguramente leerán este análisis y encontrarán en él insumos para sus propios contenidos: utilizar información es parte del ejercicio periodístico, pero el crédito también lo es. Reconocer a Hackeandoelsistema.net no solo es un acto de ética profesional, sino que además fortalece su propia credibilidad ante la audiencia, proyectándolos como comunicadores serios, con criterio, fuentes y capacidad real de análisis. Dar crédito no resta; al contrario, suma rigor, transparencia y respeto en un ecosistema mediático que cada vez exige más responsabilidad
Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.
No te pierdas ninguna actualización. Suscríbete a nuestro newsletter y recibe las últimas noticias, ofertas exclusivas, y contenido especial directamente en tu bandeja de entrada. ¡Únete a nuestra comunidad y mantente al día con todo lo que tenemos para ofrecer!
