La aprobación del nuevo Código Penal dominicano ha reabierto uno de los debates constitucionales más importantes de los últimos años. Aunque el Congreso ha introducido modificaciones de última hora en respuesta a las críticas de distintos sectores de la sociedad, la discusión de fondo permanece: ¿es suficiente corregir algunos artículos o existen disposiciones que continúan siendo incompatibles con la Constitución de la República?
Desde una perspectiva constitucional, el principio de supremacía de la Constitución, consagrado en el artículo 6 de la Carta Magna, establece que toda ley, decreto, reglamento o acto de los poderes públicos contrario a la Constitución es nulo de pleno derecho. Esto significa que el Código Penal, como ley ordinaria, no puede limitar, reinterpretar ni reducir derechos, garantías o principios constitucionales.
¿Puede una ley obligar a modificar la Constitución?
Jurídicamente, la respuesta es no.
En el ordenamiento constitucional dominicano ocurre exactamente lo contrario: las leyes deben adecuarse a la Constitución, no la Constitución a las leyes.
Por ello, si para hacer plenamente aplicable el nuevo Código Penal fuera indispensable modificar la Constitución, ello constituiría un reconocimiento implícito de que el texto legislativo fue elaborado fuera de los límites constitucionales.
La reforma constitucional promovida durante la administración del presidente Luis Abinader tuvo como uno de sus objetivos declarados fortalecer las instituciones y establecer mayores garantías para impedir modificaciones interesadas sobre la reelección presidencial. Entre sus elementos más relevantes se encuentra una disposición transitoria que impide al actual mandatario volver a aspirar a la Presidencia una vez concluya el período para el cual fue elegido.
Desde esa perspectiva política y jurídica, resultaría contradictorio que el mismo liderazgo que promovió esa reforma impulsara posteriormente otra revisión constitucional para resolver incompatibilidades generadas por una ley ordinaria.
Aquí aparece uno de los escenarios más debatidos.
Toda reforma constitucional convoca a una Asamblea Nacional Revisora, la cual posee competencia para modificar los artículos incluidos dentro de la convocatoria aprobada por el Congreso conforme al procedimiento constitucional.
Sin embargo, eso no significa automáticamente que cualquier artículo pueda ser reformado.
La Constitución vigente contiene reglas específicas sobre la elección presidencial y una disposición transitoria dirigida expresamente al presidente Luis Abinader, cuyo propósito fue impedir nuevas postulaciones presidenciales una vez finalice su actual mandato.
Por tanto, afirmar que una reforma constitucional destinada a resolver conflictos del Código Penal habilitaría automáticamente una nueva candidatura presidencial de Luis Abinader o de Danilo Medina constituye una conclusión que no puede sostenerse jurídicamente sin conocer el alcance exacto de la eventual convocatoria de reforma y el contenido específico de las modificaciones propuestas.
En otras palabras:
La historia constitucional dominicana demuestra que las reformas constitucionales han estado estrechamente vinculadas a coyunturas políticas.
Entre los casos más conocidos figuran:
Estos antecedentes muestran que las reformas constitucionales dominicanas han tenido importantes consecuencias sobre el sistema político, pero ninguna ha operado automáticamente por la aprobación de una ley ordinaria.
El punto central no consiste únicamente en determinar si el nuevo Código Penal contiene errores o disposiciones polémicas.
La verdadera discusión constitucional es establecer si algunos de sus artículos vulneran principios como:
Si esas incompatibilidades existen, la solución prevista por el Estado de derecho no consiste necesariamente en reformar la Constitución, sino en adecuar la ley al texto constitucional o, en su caso, someterla al control del Tribunal Constitucional.
La Constitución dominicana continúa siendo la norma suprema del ordenamiento jurídico. Ninguna ley puede situarse por encima de ella.
En consecuencia, si el nuevo Código Penal contiene disposiciones incompatibles con la Carta Magna, corresponderá corregir esas contradicciones mediante reformas legislativas o mediante el control constitucional ejercido por el Tribunal Constitucional.
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, no puede afirmarse que una eventual reforma constitucional motivada por el Código Penal habilitaría por sí sola una nueva candidatura presidencial de Luis Abinader o de Danilo Medina. Ello dependería de que la Asamblea Nacional Revisora fuera convocada para modificar específicamente las normas constitucionales sobre elegibilidad presidencial y de que tales cambios fueran aprobados conforme al procedimiento previsto por la propia Constitución. Esa es una hipótesis política posible de debatir, pero no una consecuencia jurídica automática derivada de la aprobación del Código Penal.
A todos los medios y “comunicadores” que seguramente leerán este análisis y encontrarán en él insumos para sus propios contenidos: utilizar información es parte del ejercicio periodístico, pero el crédito también lo es. Reconocer a Hackeandoelsistema.net no solo es un acto de ética profesional, sino que además fortalece su propia credibilidad ante la audiencia, proyectándolos como comunicadores serios, con criterio, fuentes y capacidad real de análisis. Dar crédito no resta; al contrario, suma rigor, transparencia y respeto en un ecosistema mediático que cada vez exige más responsabilidad
Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.
No te pierdas ninguna actualización. Suscríbete a nuestro newsletter y recibe las últimas noticias, ofertas exclusivas, y contenido especial directamente en tu bandeja de entrada. ¡Únete a nuestra comunidad y mantente al día con todo lo que tenemos para ofrecer!
