La aprobación del nuevo Código Penal ha sido presentada como una modernización necesaria del sistema penal dominicano. Sin embargo, tras una lectura integral del proyecto, HackeandoElSistema.net considera que la pieza legislativa contiene múltiples disposiciones que ameritan un examen de constitucionalidad, debido a posibles tensiones con principios y derechos reconocidos por la Constitución de la República.
Entre todas ellas, el artículo 173 merece un análisis particularmente cuidadoso, no porque sancione la discriminación —objetivo legítimo en un Estado de derecho—, sino porque su redacción podría generar conflictos interpretativos con otras normas constitucionales y con las facultades del Estado en materia migratoria.
La Constitución dominicana reconoce el derecho a la igualdad y prohíbe la discriminación arbitraria. Ese principio constituye uno de los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho.
Sin embargo, la propia Constitución también reconoce que no todo trato diferenciado constituye discriminación.
El Tribunal Constitucional ha sostenido en distintas decisiones que el principio de igualdad permite establecer diferencias cuando estas persiguen un fin legítimo, son razonables y resultan proporcionales.
En otras palabras:
La Constitución dominicana no solo protege los derechos fundamentales.
También impone obligaciones claras al Estado.
Entre ellas se encuentran:
Esto significa que el Estado posee competencia constitucional para detener, identificar y deportar extranjeros que permanezcan irregularmente en el territorio nacional, siempre respetando el debido proceso y la dignidad humana.
El debate jurídico no consiste en cuestionar la prohibición de la discriminación.
El problema radica en la amplitud de algunos conceptos utilizados.
Expresiones como:
pueden dar lugar a interpretaciones muy distintas dependiendo del juez que conozca el caso.
Si la norma no diferencia claramente entre:
y
podrían surgir conflictos jurídicos importantes.
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, esa posibilidad dependería de cómo interpreten la norma los tribunales.
Una persona extranjera en condición migratoria irregular podría alegar que fue objeto de un trato desigual por razón de su nacionalidad o condición personal.
En ese escenario, correspondería al juez determinar si la actuación estatal fue:
No puede afirmarse de antemano que el artículo impediría las deportaciones. Lo que sí puede sostenerse es que una redacción amplia puede abrir espacio para litigios y distintos criterios judiciales.
En República Dominicana el debate migratorio está marcado principalmente por la migración irregular procedente de Haití.
Ese contexto ha generado fuertes tensiones sociales relacionadas con:
Estas preocupaciones forman parte del debate público y han sido utilizadas por distintos gobiernos para justificar operativos migratorios y deportaciones. Al mismo tiempo, organizaciones nacionales e internacionales han insistido en que esas medidas deben ejecutarse respetando las garantías constitucionales y los derechos humanos.
Reconocer la existencia de presiones sobre los servicios públicos no implica, por sí solo, que cualquier actuación frente a personas migrantes sea constitucional; del mismo modo, la protección contra la discriminación no elimina la facultad del Estado de aplicar la legislación migratoria.
En materia penal rige el principio de legalidad.
Los delitos deben estar definidos con suficiente claridad para que cualquier ciudadano pueda conocer exactamente qué conducta está prohibida.
Cuando una figura penal utiliza conceptos abiertos sin precisar adecuadamente su alcance, aumenta el riesgo de interpretaciones divergentes y de incertidumbre jurídica.
Desde esa óptica, algunos juristas han señalado que el artículo 173 podría beneficiarse de una redacción más precisa que delimite con claridad el ámbito de la discriminación penal y evite conflictos con competencias constitucionales del Estado.
Lo que sí puede afirmarse es que, por la amplitud de su redacción y por su interacción con materias sensibles como la política migratoria y el principio de igualdad, es una de las disposiciones que probablemente genere mayores controversias interpretativas y podría ser objeto de acciones de inconstitucionalidad o de control judicial una vez entre en vigor.
La República Dominicana tiene el deber constitucional de combatir la discriminación, pero también la obligación de proteger su soberanía y aplicar su legislación migratoria. Ambos principios deben coexistir.
El reto del artículo 173 será demostrar, en su aplicación práctica, que protege efectivamente a las personas frente a actos discriminatorios sin convertirse en una fuente de incertidumbre sobre las facultades legítimas del Estado para controlar la migración irregular.
El debate, por tanto, no debe plantearse como una elección entre derechos humanos y soberanía. La cuestión jurídica es si el texto del artículo ofrece la precisión suficiente para armonizar ambos valores constitucionales. Si esa armonización no se logra mediante una interpretación adecuada o una eventual reforma legislativa, corresponderá al Tribunal Constitucional determinar si la norma respeta el equilibrio que exige la Constitución de la República Dominicana.
Por HackeandoElSistema.net
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